La casa de estudios salió al paso de las acusaciones formuladas por el gobernador René Saffirio, quien denunció ante la Fiscalía posibles delitos relacionados con convenios financiados con recursos regionales. La universidad cuestionó que se presente como defraudado el total de los fondos transferidos y sostuvo que las eventuales responsabilidades penales deberán ser determinadas por la Fiscalía y los tribunales.
La disputa por el uso de recursos del Gobierno Regional de La Araucanía sumó un nuevo capítulo. La Universidad Autónoma de Chile respondió públicamente a las declaraciones del gobernador regional René Saffirio, quien, tras conocer un informe de auditoría de la Contraloría General de la República, denunció ante el Ministerio Público a la institución como persona jurídica por la eventual comisión de delitos como fraude al fisco, negociación incompatible, estafa y lavado de activos.
La universidad rechazó que el monto total de los convenios investigados pueda ser presentado como dinero defraudado o utilizado irregularmente y realizó una precisión que apunta directamente al núcleo de la controversia: sostiene que el informe de Contraloría no establece que la institución haya cometido los delitos que públicamente se le atribuyen.
“La determinación de eventuales responsabilidades corresponde exclusivamente a los organismos competentes”, señaló la casa de estudios, apuntando a la Fiscalía y los tribunales de Justicia.
Los $21 mil millones: el punto de la controversia.
Uno de los principales reparos de la Universidad Autónoma apunta a la forma en que se ha presentado públicamente la cifra de aproximadamente $21 mil millones asociada a los convenios con el Gobierno Regional.
La institución sostiene que esos recursos corresponden al total transferido para la ejecución de los convenios examinados, pero que dicha cifra no equivale a dinero defraudado, no rendido o utilizado irregularmente.
La precisión es relevante porque, en medio de una investigación por eventuales irregularidades, la diferencia entre “recursos transferidos” y “recursos cuyo uso fue objetado” no es meramente semántica: determina el alcance real de las acusaciones y la dimensión económica de aquello que eventualmente deberá ser esclarecido.
La universidad señaló que participó como entidad ejecutora en 12 programas contenidos en diez convenios suscritos con el GORE, destinados a materias como reactivación económica, apoyo a MIPYMES, desarrollo de zonas rezagadas, transferencia tecnológica e innovación productiva y turística.
Según su versión, la priorización de las iniciativas, la asignación de recursos y la aprobación de los convenios correspondieron exclusivamente al Gobierno Regional.
¿Cuánto dinero está realmente cuestionado?.
Otro punto de la respuesta universitaria apunta a los montos pendientes de rendición.
La institución cuestionó que se utilice actualmente la cifra de $6.929 millones como si correspondiera a recursos aún pendientes de justificar. Según explicó, ese monto refleja la situación existente al 30 de junio de 2024 y constituye un “corte histórico” del proceso de rendición.
Desde entonces, aseguró la universidad, se continuaron presentando y complementando antecedentes.
La casa de estudios agregó que cuatro de los 12 programas, equivalentes a aproximadamente $1.750 millones, ya cuentan con cierre formal por parte del Gobierno Regional.
Los otros ocho programas, por aproximadamente $19.870 millones, se encontrarían ejecutados y con sus antecedentes presentados a rendición por la universidad, aunque todavía estaría pendiente la revisión y cierre administrativo por parte del GORE.
La distinción vuelve a instalar una pregunta fundamental: ¿Qué parte de los recursos transferidos se encuentra efectivamente cuestionada por Contraloría y qué parte corresponde a programas cuya rendición aún se encuentra en proceso de revisión?
Contraloría sí detectó observaciones.
La respuesta de la Universidad Autónoma no implica desconocer la existencia de observaciones del órgano contralor.
El propio Gobierno Regional ha informado hallazgos que considera graves: proyectos catalogados como ejecutados y rendidos que, según la auditoría, no se habrían materializado; 73 facturas rendidas y posteriormente anuladas mediante notas de crédito, por un monto de $127,5 millones; y $134.168.562 en saldos no rendidos que, de acuerdo con lo informado por el GORE, habrían sido considerados gestionados mediante el encargo a una empresa de cobranza, independientemente del resultado efectivo de esas diligencias.
Estos antecedentes son precisamente los que llevaron al gobernador Saffirio a instruir sumarios administrativos y presentar una denuncia ante el Ministerio Público.
El punto que establece ahora la universidad es otro: que la existencia de observaciones administrativas o financieras no equivale automáticamente a la acreditación de un delito ni permite atribuir responsabilidad penal sin una investigación que determine los hechos.
Una disputa que ahora deberá resolverse en otras instancias.
La Contraloría remitió antecedentes a distintos organismos, entre ellos el Ministerio Público, el Consejo de Defensa del Estado, el Servicio de Impuestos Internos y la Cámara de Diputados, según informó el gobernador regional.
Saffirio, tras recibir el informe el 4 de agosto, instruyó además dos sumarios administrativos y presentó la denuncia ante el fiscal regional subrogante César Schibar.
La Universidad Autónoma, por su parte, aseguró que mantiene documentación respaldatoria de los desembolsos y que utilizó cuentas bancarias exclusivas para cada proyecto, mecanismos internos de control, revisión jurídica de contratos y respaldo documental.
La institución reconoce que el informe contiene observaciones específicas que están siendo analizadas. Entre ellas menciona materias relacionadas con documentación tributaria presentada por determinados beneficiarios y un saldo respecto del cual Contraloría instruyó al Gobierno Regional solicitar su restitución.
Pero enfatiza que, a su juicio, esas observaciones no abarcan la totalidad de los programas ni de los recursos transferidos.
La Fiscalía tendrá la palabra.
El episodio enfrenta ahora dos planos que conviene no confundir.
Por una parte, existe un informe de Contraloría con observaciones que el Gobierno Regional considera de suficiente gravedad como para remitir antecedentes al Ministerio Público y activar acciones administrativas y judiciales.
Por otra, la Universidad Autónoma sostiene que las cifras y conclusiones difundidas públicamente estarían siendo presentadas de manera que excedería lo establecido por el propio informe, particularmente al asociar el total de los recursos transferidos con eventuales perjuicios o delitos.
En definitiva, la Contraloría fiscaliza, observa y remite antecedentes; la Fiscalía investiga y los tribunales determinan responsabilidades penales.
La universidad aseguró que colaborará con todas las instituciones que requieran antecedentes y reafirmó su compromiso con la transparencia y el correcto uso de recursos públicos.
Ahora corresponderá determinar, con documentos, rendiciones, contratos, facturas, transferencias y eventuales declaraciones de los involucrados, qué ocurrió efectivamente con los recursos cuestionados.
Porque en esta controversia hay una diferencia que deberá quedar perfectamente establecida: una cosa es que existan observaciones y montos pendientes de aclaración; otra, muy distinta, es que se logre acreditar la comisión de los delitos denunciados.
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