Las cifras del Estado de Excepción: «Gobierno presume caída del 77% en atentados, pero el control militar reabre el debate de fondo».

Ante el Congreso, el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, defendió una nueva prórroga del despliegue en la Macrozona Sur exhibiendo un desplome drástico de los hechos de violencia en comparación con el pico de 2021. Sin embargo, el contraste entre la contención operativa y la solución política definitiva vuelve a instalarse en el centro de la discusión.

Lo que comenzó como una medida de emergencia de carácter excepcional parece haberse consolidado como la principal herramienta de gobernabilidad en la Macrozona Sur. Durante una nueva solicitud ante el Congreso para extender el Estado de Excepción Constitucional en la Región de La Araucanía y provincias aledañas, el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, optó por desplazar el debate político y blindar la gestión gubernamental tras una muralla de estadísticas operativas.

«No vengo a solicitar una prórroga administrativa, vengo a rendir cuenta de una decisión que ha dado resultado y que se le permita continuar. En materia de seguridad, las convicciones sin datos, son solamente opiniones», enfatizó Arrau ante los legisladores.

Radiografía del repliegue: Del pico de 2021 al cerco de 2026.

Los datos presentados por el Departamento de Análisis Criminal muestran una inflexión innegable en la frecuencia e intensidad de las acciones violentas en las zonas intervenidas:

• Frecuencia general de violencia: Entre enero y el 9 de agosto de 2026 se registraron 166 eventos violentos, lo que representa una baja del 21,2% respecto al mismo periodo de 2025 (211 casos). La distancia es abismal si se compara con el año 2021 —el punto más crítico registrado—, cuando la cifra alcanzó los 1.040 eventos en igual lapso.

• Neutralización de grupos orgánicos: Los atentados adjudicados o reivindicados por orgánicas armadas cayeron de 9 a 2 casos (-77,8%). Grupos de alta notoriedad como la Weichán Aukamapu (WAM) y la Resistencia Mapuche Lafkenche (RML) no registran adjudicaciones en lo que va del año.

• Asfixia a las fuentes de financiamiento: La sustracción de madera, considerada uno de los pilares económicos del crimen organizado en la zona, cayó un 94%, pasando de 17 a apenas 1 caso registrado.

• Ataques a la autoridad y vida: Las amenazas y agresiones contra autoridades descendieron un 87% (de 17 a 2 casos), mientras que los desórdenes cayeron un 55,6%. Además, el Ejecutivo subrayó que no se registran homicidios vinculados a violencia rural o terrorismo ni en 2025 ni en lo que va de 2026.

¿Asfixia operativa o tregua táctica?.

El análisis del Ministerio de Seguridad sostiene que la disminución drástica de los atentados responde a una pérdida directa de capacidad logística de los grupos radicales producto del despliegue estatal:

«Eso no significa que hayan desaparecido, significa que perdieron capacidad operativa porque el Estado se los quitó», argumentó el secretario de Estado.

No obstante, analistas del fenómeno de la seguridad matizan el optimismo oficial. La estadística evidencia un cerco efectivo contra las economías ilícitas (como el robo de madera), pero deja abierta la duda sobre si las estructuras armadas han sido desarticuladas en su totalidad o si simplemente han adoptado un perfil bajo ante la saturación policial y militar.

La paradoja de la normalidad bajo excepción.

Las cifras operativas reportadas por Carabineros dan cuenta de la magnitud del dispositivo de fuerza requerido para sostener este escenario: desde la entrada en vigencia de la medida, se registran 715.551 controles, 1.485 detenciones y más de 423.000 acciones operativas entre patrullajes, fiscalizaciones y resguardo de rutas estratégicas.

El éxito de la estrategia policial vuelve a poner sobre la mesa la paradoja central de la Macrozona Sur: mientras las métricas de contención del delito muestran números favorables para el Ejecutivo, la paz social de la región continúa dependiendo de una presencia militar permanente, evidenciando que la contención del conflicto avanza a paso firme, pero la solución estructural sigue pendiente en la agenda política.

——-&——-