Al menos siete personas fueron detenidas en una investigación que apunta a una presunta organización criminal integrada, entre otros, por tres funcionarios activos de la Policía de Investigaciones. También fue arrestado el abogado y exfiscal Vinko Fodich. La indagatoria incluye delitos de asociación criminal, secuestro extorsivo y extorsión.
Una investigación que comenzó dentro de la propia Policía de Investigaciones terminó golpeando directamente a sus filas.
Al menos siete personas fueron detenidas en el marco de una causa por presuntos secuestros extorsivos, investigación que involucra a tres funcionarios activos de la PDI, al abogado y exfiscal Vinko Fodich y a Luis Moraga Parisi, primo del excandidato presidencial Franco Parisi.
De acuerdo con los antecedentes conocidos hasta ahora, entre los funcionarios policiales detenidos se encuentran dos detectives y un agente policial.
La investigación está a cargo de la Fiscalía Supraterritorial y se inició luego de que el departamento de Asuntos Internos de la PDI detectara antecedentes que apuntaban a la eventual participación de integrantes de la institución en actividades delictivas.
El caso abre una incómoda interrogante para la policía civil: ¿cómo una estructura dedicada precisamente a investigar el crimen terminó descubriendo una presunta organización delictiva instalada en sus propias filas?
Secuestros, extorsión y asociación criminal.
La causa investiga una serie de delitos que, por su naturaleza, revisten especial gravedad.
Entre las figuras penales indagadas se encuentran asociación criminal, secuestro extorsivo, extorsión e infracciones a la Ley Orgánica de la Policía de Investigaciones, además de otros ilícitos que forman parte de la investigación.
Entre los detenidos identificados figuran Ángelo Stevens Aguilera, José Pinto Insunza, Luis Moraga Parisi y Exequiel Calderón Flores, además de los funcionarios policiales y otros involucrados cuya situación deberá ser precisada durante la audiencia de formalización.
Los detenidos deberán comparecer ante la justicia, instancia en la que la Fiscalía expondrá los antecedentes que sustentan las imputaciones y se determinarán las medidas cautelares correspondientes.
Por ahora, la investigación se encuentra en desarrollo y será durante la formalización cuando se conozca con mayor precisión el mecanismo utilizado por la presunta organización, el papel que habría desempeñado cada imputado y la cantidad de hechos que se les atribuyen.
El exfiscal Vinko Fodich vuelve a quedar bajo la lupa.
Entre los detenidos se encuentra el abogado Vinko Fodich, exfiscal jefe de las fiscalías locales de Ñuñoa, Providencia y La Reina.
Fodich fue detenido durante esta jornada en Santiago. Funcionarios policiales concurrieron hasta sus oficinas y, de acuerdo con los antecedentes conocidos, desde el lugar fueron incautados diversos equipos tecnológicos, los que deberán ser sometidos a peritajes en busca de información que pueda ser relevante para la investigación.
Su detención adquiere una dimensión particular debido a que no es la primera vez que su nombre aparece vinculado a una investigación penal de alta complejidad.
El abogado ya era indagado en una causa por lavado de activos, según antecedentes publicados por BBCL Investiga.
De acuerdo con esa investigación periodística, Fodich figuraba como socio de Change Panda SpA, una casa de cambio que habría sido utilizada para lavar miles de millones de pesos.
La sociedad fue creada por el empresario chino Tao Jiang, el chileno Luis Alfredo Muñoz Morales y el propio Fodich.
Frente a esas acusaciones, el exfiscal rechazó cualquier participación en actividades criminales.
“Rechazo absolutamente la imputación. No formo ni he formado parte de ninguna asociación criminal. Todos mis ingresos son fruto de mi trabajo”, sostuvo anteriormente.
Los vínculos con ciudadanos chinos.
El nombre de Fodich también ha aparecido en otras actuaciones judiciales relacionadas con ciudadanos chinos.
Hace algunas semanas, el abogado consiguió que la justicia revirtiera el traslado de integrantes del denominado Clan Chen, quienes habían sido trasladados desde Iquique hasta la cárcel La Laguna, en la Región del Maule.
La decisión, sin embargo, posteriormente fue modificada por la Corte de Apelaciones de Iquique, que mantuvo a los imputados en Talca.
Este antecedente adquiere relevancia en el contexto de las investigaciones que rodean al exfiscal, aunque por sí solo no constituye una imputación penal ni acredita relación alguna con los hechos que ahora investiga la Fiscalía.
La causa actual deberá establecer si existe algún vínculo entre Fodich y la presunta organización dedicada a los secuestros extorsivos y, particularmente, cuál habría sido su eventual participación.
El primo de Franco Parisi entre los detenidos.
Otro de los nombres que aparece en la investigación es el de Luis Moraga Parisi, primo del excandidato presidencial Franco Parisi.
Moraga Parisi ya había sido mencionado en una investigación relacionada con la compra del denominado “edificio sin ley” de La Cisterna, causa en la que también figuraba su primo.
Sin embargo, ese antecedente tiene un desenlace judicial relevante: ambos fueron finalmente sobreseídos, según informó BBCL Investiga.
Por lo tanto, aquella investigación no constituye por sí misma un antecedente de responsabilidad penal en su contra.
Ahora, el escenario es distinto.
La detención de Luis Moraga Parisi se produce en el marco de una nueva investigación, esta vez por delitos de extrema gravedad, entre ellos secuestro extorsivo y asociación criminal. Será la Fiscalía la que deberá presentar ante los tribunales los antecedentes que vincularían al imputado con los hechos investigados.
Una investigación que golpea a la propia PDI.
El aspecto más delicado de esta causa no está solamente en la gravedad de los delitos investigados.
Está también en la identidad de algunos de los detenidos.
Que tres funcionarios activos de la PDI aparezcan entre los investigados por una presunta organización criminal plantea un problema institucional que trasciende la situación procesal individual de cada imputado.
Los detectives tienen entre sus principales funciones investigar precisamente delitos como los que ahora se indagan en esta causa. Que funcionarios de la institución sean sospechosos de haber participado eventualmente en actividades criminales representa, por ello, un golpe especialmente sensible para los mecanismos de control interno y para la confianza pública.
Paradójicamente, fue precisamente Asuntos Internos de la propia PDI el organismo que detectó los antecedentes que dieron origen a la investigación.
Ahora será la justicia la que deberá determinar si los funcionarios utilizaron sus conocimientos, contactos, atribuciones o acceso privilegiado a información policial para favorecer las actividades de una organización criminal.
Esa respuesta será particularmente relevante para dimensionar el alcance de la eventual infiltración.
Una causa que recién comienza a revelar sus alcances.
La detención de siete personas representa solo el primer capítulo de una investigación que podría adquirir nuevas dimensiones durante las próximas horas.
La Fiscalía Supraterritorial deberá exponer los antecedentes reunidos durante la investigación, explicar la estructura que se indaga y precisar qué participación habría tenido cada uno de los imputados.
También deberá establecerse cuántos secuestros o episodios de extorsión forman parte de la investigación, cuál habría sido el mecanismo empleado y qué papel habrían cumplido los funcionarios policiales.
Por ahora, todos los detenidos deben ser considerados imputados y no condenados. Será el proceso judicial el que determine las responsabilidades individuales.
Pero el caso ya deja una señal de enorme gravedad: una investigación por secuestros extorsivos habría llevado a los organismos persecutores hasta el interior de la propia Policía de Investigaciones y hasta un exfiscal que conoció desde dentro el funcionamiento del sistema penal.
La formalización será ahora el momento en que la Fiscalía deberá comenzar a responder las preguntas que inevitablemente surgen de esta investigación: cómo operaba la presunta organización, cuánto tiempo llevaba funcionando, qué papel desempeñaban los funcionarios policiales y hasta dónde alcanzaba su red de contactos y protección.
Porque si las acusaciones terminan siendo acreditadas, el problema no será únicamente la existencia de una banda criminal. Será también determinar cómo logró una estructura de estas características penetrar una institución cuya misión es precisamente perseguir y desarticular organizaciones delictivas.
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