La caída de las máscaras institucionales comenzó. Un megaoperativo de la Policía de Investigaciones (PDI), que desplegó a más de 80 efectivos de la Brigada Anticorrupción en seis regiones del país, confirmó que las denuncias de Fernando Peña, actual director nacional de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb), no eran meras «fantasías». Las diligencias irrumpieron con fuerza en las oficinas centrales del organismo y en el propio Congreso Nacional, dejando al descubierto un entramado criminal que involucra fondos públicos destinados a los estudiantes más vulnerables de Chile.
La fiscal de Alta Complejidad Oriente, Constanza Encina, lidera una causa penal de proporciones sísmicas. Los delitos imputados configuran un catálogo delictual alarmante: fraude al Fisco, lavado de activos, cohecho, fraude informático y delitos contra la salud pública. El foco principal de la sospecha apunta directamente al millonario Programa de Alimentación Escolar (PAE) y a los oscuros contratos amarrados con la empresa concesionaria Soser.
La herencia de la «oscuridad» bajo sospecha.
La ofensiva judicial surge tras la autodenominada «Auditoría Total» impulsada por la actual administración de Junaeb. Según reveló Peña en medio de los allanamientos, los hallazgos apuntan de forma directa a la gestión del exPresidente Gabriel Boric. En O’Higgins, las licitaciones huelen a arreglo masivo y los tribunales ya incautaron los dispositivos móviles de los exjerarcas institucionales.
La lista de investigados parece un organigrama de la corrupción estatal. Entre los nombres bajo la lupa figuran:
- Camila Rubio (exdirectora de Junaeb)
- Claudio Alcatruz (exjefe de Alimentación)
- Alejandro Layseca (exjefe jurídico)
- Francisco Pizarro (exjefe de Alimentación Estudiantil)
- Los líderes gremiales de Nutre Chile y Adena, Darío Calderón y Reinaldo Oliva.
Todos ellos, junto a fiscalizadores y ejecutivos de Soser, componen lo que Peña catalogó como un «círculo vicioso de años de oscuridad» que desvalijó el presupuesto público.
El «caiga quien caiga» legislativo: Coimas en el Congreso.
El caso escaló a un nivel crítico al romper los muros del palacio legislativo. La orden judicial de la fiscal Encina abrió una arista inédita y preocupante que vincula a parlamentarios en ejercicio con el cobro de sobornos y coimas. Los dardos judiciales apuntan al diputado Miguel Ángel Calisto (Ind-ex DC), a Sergio Gaona (UDI) y al exdiputado comunista Hugo Gutiérrez. La transversalidad política del escándalo evidencia que las redes de influencia de las empresas proveedoras de alimentos penetraron transversalmente los partidos políticos.
El fracaso de la mordaza judicial.
El avance de las policías sepultó la estrategia de blindaje judicial que intentaron los acusados. Meses atrás, tanto la exdirectora Camila Rubio como los ejecutivos de la empresa Soser querellaron criminalmente a Fernando Peña acusándolo de calumnias en un burdo intento por acallar las auditorías internas.
Hoy, con las oficinas gubernamentales intervenidas y los teléfonos incautados, la realidad aplastó el relato oficialista: el saqueo a la Junaeb dejó de ser una sospecha para convertirse en una de las tramas de corrupción corporativa y estatal más destructivas de los últimos años.
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