El fantasma de las influencias clandestinas terminó por contaminar uno de los juicios más emblemáticos y sensibles de La Araucanía. La admisibilidad de una denuncia penal presentada por la abogada defensora Karina Riquelme ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago encendió las alarmas al imputar a Luis Hermosilla los delitos de tráfico de influencias, cohecho y obstrucción a la justicia. La acción judicial forzó un inmediato e incómodo control de daños por parte de la familia Luchsinger-Mackay, que se apresuró a desmarcarse del polémico jurista penalista.
Jorge Andrés Luchsinger, hijo del matrimonio asesinado en 2013, aclaró de forma tajante la posición del entorno familiar: “No era abogado nuestro, sino que era un abogado del Estado que representaba al querellante, la Intendencia Regional, al Ministerio del Interior”. Con esta declaración, la familia busca encapsular el escándalo en la responsabilidad del gobierno de la época, recordando que ellos contaban con representación legal particular y que las gestiones bajo sospecha operaron estrictamente bajo el diseño político de Santiago.
«Necesitamos que se rechace»: La orden que desnuda la cocina judicial.
La base de la denuncia penal destruye el relato de la total independencia de los poderes del Estado. Los registros de mensajería extraídos del propio teléfono de Luis Hermosilla revelan coordinaciones clandestinas en agosto de 2018, justo cuando la Segunda Sala de la Corte Suprema revisaba el recurso de nulidad que buscaba revertir la condena de los comuneros mapuches, entre ellos José Tralcal Coche.
El intercambio de mensajes expone una burda maniobra de lobby judicial de alto nivel:
- Hermosilla consulta a su intermediario, José Ramón Correa: “¿Tu más amigo de la sala penal, quién es?”.
- Correa responde de forma directa: “Valderrama” (en alusión al ministro de la Corte Suprema, Manuel Antonio Valderrama).
- La instrucción de Hermosilla es explícita: “Necesitamos que se rechace la nulidad del caso Luchsinger”.
Para justificar la presión sobre el máximo tribunal del país, Hermosilla argumentó en los chats que bloquear la nulidad era una acción “clave para avanzar en el proceso de pacificación de la región” y sentenció con tintes políticos que “un cuarto juicio sería fatal”. Esta revelación demuestra que, para los operadores políticos, el fin de asegurar una condena justificaba saltarse cualquier barrera ética y legal.
El laberinto judicial que no logra cerrarse.
Mientras la abogada Karina Riquelme busca probar que estas gestiones informales torcieron la deliberación de la Corte Suprema para mantener las condenas vigentes, los Luchsinger-Mackay intentan mantener el foco en el crimen de sus padres. Jorge Luchsinger matizó el escándalo señalando que los defensores de los condenados “siguen haciendo acciones permanentes” para evitar dar vuelta la página, reafirmando la culpabilidad de las orgánicas radicales.
No obstante, el caso ya ingresó al fangoso terreno del «Caso Audios». La confirmación de que la condena del caso Luchsinger-Mackay se tejió en paralelo mediante mensajería informal con ministros del máximo tribunal abre una grieta insalvable en la legitimidad del proceso, transformando lo que el gobierno llamó «pacificación» en una burda operación de pasillo metropolitano.
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