El negocio del turismo informal volvió a vulnerar la fragilidad de los ecosistemas protegidos en La Araucanía. La Corporación Nacional Forestal (Conaf) debió acudir a los tribunales de justicia para denunciar el ingreso ilegal de flotas de motos de nieve al corazón de la Reserva Nacional Malalcahuello. Los vehículos motorizados estaban operando de manera clandestina como un servicio turístico pagado, transformando un santuario de la naturaleza en una lucrativa y ruidosa pista de carreras privada al margen de toda ley.
El director regional de Conaf, Héctor Tillería, transparentó la ineficacia de los sistemas de control del organismo al admitir que, hasta el momento, no han logrado identificar si los infractores operaban de forma particular o bajo el alero de alguna empresa turística establecida de la zona lacustre y cordillerana.
Impunidad sobre el patrimonio natural: Araucarias bajo las ruedas.
La gravedad de la denuncia supera la mera falta administrativa por el uso de vehículos no autorizados. Conaf confirmó que los operadores de este circuito pirata provocaron daños directos a ejemplares de araucarias, una especie endémica declarada Monumento Natural y protegida explícitamente por el Estado chileno debido a su altísimo valor ecológico y cultural.
El llamado desesperado del organismo a los turistas para que «no incorporen este servicio dentro de su agenda» evidencia la falta de herramientas reales de fiscalización en terreno. Ante la incapacidad de mantener guardaparques y patrullajes preventivos suficientes para frenar las incursiones motorizadas, el Estado opta por traspasar la responsabilidad del resguardo ambiental al criterio de consumo del propio visitante.
La brecha institucional entre Conaf y los municipios.
El conflicto en Malalcahuello deja al descubierto una preocupante falta de sincronización institucional. Mientras la Municipalidad de Curacautín se adelantó a la crisis elaborando una ordenanza comunal específica para restringir y sancionar el tránsito de este tipo de vehículos en las inmediaciones de la reserva, Conaf reacciona de manera tardía, persiguiendo los hechos consumados una vez que el daño en la flora nativa ya fue provocado.
La presentación de acciones legales en los tribunales locales servirá para medir si la justicia aplicará sanciones ejemplificadoras a los empresarios del ecoturismo informal, o si este episodio pasará a engrosar la lista de delitos ambientales que quedan impunes debido a la burocracia y la falta de dotación fiscalizadora en la zona cordillerana de Malleco.
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