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L diputada cuestionó las declaraciones de Fernando Barros sobre el Convenio 169 de la OIT y la Ley Lafkenche, advirtiendo que promover el retroceso en estándares internacionales desplaza el debate técnico e intensifica la fractura entre el Estado y los pueblos originarios.

Las recientes declaraciones del ministro de Defensa, Fernando Barros, en las que calificó al Convenio 169 de la OIT y a la Ley Lafkenche como una «amenaza para el país» sugiriendo incluso la denuncia del tratado internacional, encendieron las alarmas en el Congreso y reabrieron un tenso debate sobre la doctrina de seguridad y los derechos humanos en Chile.

La diputada Ericka Ñanco reaccionó con dureza ante los dichos del titular de Defensa, reorientando la discusión hacia la concepción misma que la autoridad tiene sobre el marco legal vigente:

“Cuando un ministro de Estado afirma que el Convenio 169 es un ‘riesgo para el país’, el problema no está en el Convenio, sino en la concepción que ese ministro tiene de los derechos de los pueblos indígenas”.

Ejes del análisis político y crítico:

  • Seguridad vs. Garantías Fundamentales: Enmarcar convenios internacionales como un «peligro nacional» traslada una discusión sobre gestión normativa hacia el terreno de la seguridad y el conflicto, presentando la institucionalidad indígena como un obstáculo para el desarrollo nacional.

  • Perfeccionamiento frente a desmantelamiento: La parlamentaria subrayó la diferencia entre corregir la operatividad de la consulta indígena o la Ley Lafkenche y promover la derogación de derechos. La crítica apunta a que las fallas de implementación estatal no justifican el desmonte de acuerdos suscritos por el Estado.

  • Integración social y cohesión del Estado: Frente a la retórica que responsabiliza a la legislación indígena de la división territorial, la diputada reafirmó el carácter constitutivo de los pueblos originarios en la nación, advirtiendo que desconocer los tratados ratificados debilita la convivencia democrática y profundiza la desconfianza institucional.

El cruce expone una profunda brecha ideológica y política en la gestión del conflicto territorial, donde el cuestionamiento ministerial a los compromisos internacionales de Chile abre un flanco crítico para la diplomacia y la gobernabilidad interna.

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