La ministra Francisca Toledo denunció que la actual administración encontró miles de equipos sin distribuir, contratos de almacenamiento vencidos y deudas pendientes. La situación abre interrogantes sobre la planificación de las compras, el control del gasto público y la capacidad del programa para cumplir oportunamente su objetivo: mejorar la calefacción de las familias que lo necesitan.
El hallazgo de 21 mil calefactores almacenados al inicio del actual Gobierno puso bajo cuestionamiento la gestión del Programa de Recambio de Calefactores del Ministerio del Medio Ambiente. La acumulación de equipos, sumada a contratos de almacenamiento vencidos y obligaciones financieras pendientes, expone una serie de problemas administrativos que la nueva administración asegura estar enfrentando, pero cuyas causas y eventuales responsabilidades aún deben esclarecerse.
La ministra del Medio Ambiente, Francisca Toledo, informó que al asumir el Gobierno del Presidente José Antonio Kast, en marzo de 2026, encontraron ese volumen de aparatos sin distribuir. La cifra contrasta con los 868 equipos instalados entre enero y marzo, según los antecedentes entregados por la autoridad.
Desde el inicio de su gestión, explicó, el ministerio implementó un sistema de monitoreo semanal con los equipos regionales, lo que permitió acelerar la entrega de más de 7.600 calefactores a las familias beneficiarias.
El avance constituye una señal de reactivación del programa, pero también plantea una pregunta de fondo: ¿Cómo se llegó a acumular una cantidad tan elevada de equipos sin instalar, mientras continuaban las adquisiciones con cargo a recursos públicos?.
Compras por sobre la capacidad de instalación.
Uno de los antecedentes más relevantes expuestos por Toledo apunta a la falta de correspondencia entre las compras y el ritmo de instalación de los equipos.
Durante 2025 se adquirieron cerca de 6.200 calefactores, pese a que el promedio anual de instalaciones rondaba los 5.000. Esa diferencia, sumada al inventario que ya se encontraba almacenado, obliga a examinar los criterios utilizados para proyectar la demanda, programar las adquisiciones y coordinar la distribución.
La ministra cuestionó precisamente esa aparente desconexión entre las compras y la capacidad de ejecución del programa. “Es un poco extraño que tú, teniendo una cantidad de muchos calefactores guardados, sigas teniendo altos volúmenes de compra”, señaló.
El problema no se reduce a una diferencia entre unidades adquiridas e instaladas. También involucra el uso de recursos fiscales en equipos que permanecen almacenados, los costos asociados a su custodia y la oportunidad con que las familias beneficiarias reciben una solución de calefacción.
Sin embargo, para determinar si existió una deficiencia sistemática de planificación o una decisión de compra injustificada, es necesario conocer los antecedentes técnicos que respaldaron las adquisiciones, los compromisos de instalación y la evolución del inventario. Las cifras expuestas por la ministra constituyen una señal que amerita revisión, pero no bastan, por sí solas, para establecer eventuales responsabilidades administrativas.
Contratos vencidos y deudas heredadas.
A la acumulación de calefactores se suma otro antecedente que compromete la gestión administrativa del programa. Según Toledo, en las regiones de Ñuble y Aysén los contratos de almacenamiento habían vencido en octubre y noviembre de 2025, respectivamente.
La situación impidió retirar oportunamente los equipos y generó deudas que debieron ser asumidas por la actual administración. El ministerio, por tanto, no solo tuvo que enfrentar un inventario acumulado, sino también obligaciones pendientes que presionaron la ejecución presupuestaria de 2026.
“Este año hemos estado absolutamente dedicados a incorporar planificación, orden al gasto de este programa y, obviamente, poder regularizar estos contratos y hacernos cargo de una deuda”, afirmó la secretaria de Estado.
El vencimiento de contratos y la acumulación de obligaciones financieras plantean interrogantes sobre los mecanismos de supervisión, la continuidad de los servicios contratados y la oportunidad con que se detectaron los problemas. También resulta necesario establecer qué unidades eran responsables del seguimiento contractual, qué medidas se adoptaron antes del vencimiento y por qué la situación no se resolvió oportunamente.
Por ahora, los antecedentes divulgados permiten identificar problemas de gestión que requieren explicación, pero no determinan por sí mismos quiénes serían responsables ni si hubo incumplimientos administrativos susceptibles de sanción.
Auditoría interna: El paso pendiente es conocer los resultados.
Frente a estos antecedentes, el Ministerio del Medio Ambiente realizó una auditoría interna destinada a revisar los procedimientos de compra, los protocolos y los criterios utilizados para adquirir los calefactores. Según informó Toledo, el proceso ya concluyó y sus antecedentes y conclusiones se encuentran en revisión para definir los pasos siguientes.
La auditoría será clave para establecer si las adquisiciones respondieron a una planificación debidamente fundamentada, si existieron deficiencias en los mecanismos de control y si se adoptaron decisiones compatibles con las necesidades reales del programa.
No obstante, mientras sus resultados no se conozcan públicamente, persisten preguntas relevantes: ¿qué factores explican la acumulación de 21 mil equipos?, ¿Cómo se justificaron las compras realizadas durante 2025?, ¿Qué controles operaban sobre los contratos de almacenamiento? y ¿qué medidas se adoptarán si se identifican responsabilidades?
La revisión también debería permitir distinguir entre errores de planificación, fallas de coordinación regional y eventuales incumplimientos contractuales, sin anticipar conclusiones que corresponden a los procedimientos administrativos pertinentes.
Un costo fiscal que compite con otras prioridades.
La regularización de las deudas y los compromisos pendientes ha obligado al ministerio a realizar reasignaciones presupuestarias para cubrir obligaciones heredadas y mantener sus funciones prioritarias, de acuerdo con lo señalado por la ministra.
Este punto adquiere especial relevancia porque los recursos destinados al almacenamiento, la gestión contractual y la regularización de pagos deben evaluarse en relación con el propósito del programa. El objetivo no es mantener calefactores en bodegas, sino asegurar que los equipos lleguen oportunamente a sus destinatarios y cumplan su función.
La dimensión presupuestaria exige, por ello, mayor transparencia sobre el costo de mantener los aparatos almacenados, el monto de las deudas pendientes, las reasignaciones efectuadas y los recursos que podrían haberse destinado a otras necesidades del ministerio.
También será necesario conocer cuántos de los equipos que permanecían almacenados han sido efectivamente instalados, cuántos siguen pendientes y cuál es el calendario comprometido para completar su distribución.
Más allá del cambio de administración.
La actual administración afirma haber acelerado las entregas y estar ordenando los procedimientos de compra, el gasto y los contratos. Sin embargo, la respuesta de gestión no sustituye la necesidad de esclarecer cómo se originó el problema ni de transparentar los resultados de la auditoría.
Los 21 mil calefactores almacenados, las compras realizadas mientras persistía un inventario considerable y los contratos vencidos configuran un cuadro que exige explicaciones documentadas. La prioridad debe ser establecer qué falló, cuánto costó y qué medidas impedirán que una situación similar vuelva a producirse.
En definitiva, la evaluación del programa no puede limitarse al número de equipos comprados ni a la velocidad con que la nueva administración ha comenzado a distribuirlos. Debe considerar también la eficiencia del gasto, la calidad de la planificación, el cumplimiento de los contratos y el impacto concreto en las familias beneficiarias.
La pregunta de fondo sigue abierta: si el Estado adquirió miles de calefactores para mejorar las condiciones de calefacción de la población, ¿por qué tantos terminaron almacenados, mientras persistían compras, contratos vencidos y deudas pendientes? La auditoría debe aportar las respuestas y, si corresponde, dar paso a las medidas correctivas y a la determinación de responsabilidades.
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