Dirigentas de siete colectividades políticas cuestionaron los dichos atribuidos al parlamentario del Partido de la Gente contra la expresidenta Michelle Bachelet y solicitaron a representantes de la región gestionar un requerimiento formal ante la Cámara. También pidieron un pronunciamiento institucional contra la violencia política de género.
Las declaraciones atribuidas al diputado Javier Olivares, del Partido de la Gente (PDG), contra la expresidenta Michelle Bachelet motivaron una ofensiva política de representantes de la oposición en La Araucanía, quienes exigieron que el caso sea llevado ante la Comisión de Ética y Transparencia de la Cámara de Diputadas y Diputados.
En una carta fechada el 9 de octubre en Temuco, la Mesa de Mujeres de Oposición de La Araucanía manifestó su rechazo a las expresiones que, según señalaron, el parlamentario realizó el pasado 7 de octubre en dependencias del Congreso Nacional. Las dirigentes cuestionaron especialmente las referencias a labores domésticas, como “la cocina y las cazuelas”, utilizadas en alusión a la exmandataria.
Para las firmantes, estas expresiones no constituyen simplemente una discrepancia política, sino que reproducen estereotipos de género que históricamente han sido utilizados para desacreditar la participación y el liderazgo de las mujeres en los espacios de poder.
El cuestionamiento instala así una discusión que trasciende a la figura de Bachelet: cuáles son los límites del debate político cuando las críticas a una autoridad se expresan mediante referencias asociadas al género y qué mecanismos institucionales corresponden cuando se considera que esas intervenciones vulneran los estándares de respeto exigibles a quienes ejercen cargos públicos.
Solicitan acciones ante la Cámara.
La misiva fue dirigida a los senadores Francisco Huenchumilla y Ricardo Celis, además de los diputados Andrea Parra, Ericka Ñanco y José Montalva. A ellos, las representantes les solicitaron gestionar un requerimiento formal ante la Comisión de Ética y Transparencia contra Olivares y contra los parlamentarios de su bancada que, según las firmantes, participaron en la intervención cuestionada.
La petición busca trasladar la controversia desde el plano de las declaraciones políticas a una instancia institucional en la que pueda examinarse la conducta denunciada, conforme a las atribuciones y procedimientos correspondientes.
Las dirigentes también solicitaron una declaración de rechazo transversal frente a hechos que califican como violencia política de género. Su planteamiento apunta a que la respuesta no dependa exclusivamente de las diferencias entre partidos, sino que exista un pronunciamiento común respecto del trato que reciben las mujeres en el ejercicio de funciones públicas.
Hasta que exista una presentación formal y un pronunciamiento de la instancia competente, corresponde distinguir entre la denuncia formulada por las organizaciones y una eventual resolución de la Comisión de Ética.
El debate sobre el trato a las mujeres en política.
En el documento, las representantes sostienen que las diferencias ideológicas, las críticas a las autoridades y el cuestionamiento a las figuras públicas son componentes legítimos de la democracia. Sin embargo, advierten que ese ejercicio no debería recurrir a expresiones que desplacen la discusión desde las ideas y las decisiones políticas hacia estereotipos vinculados al género.
La controversia vuelve a poner sobre la mesa el desafío de compatibilizar la libertad de expresión con los estándares de respeto y responsabilidad que se esperan de los representantes electos. La evaluación concreta de los dichos, no obstante, requiere considerar su contexto íntegro y los antecedentes disponibles, además de las normas que resulten aplicables.
Las firmantes sostienen que la violencia política contra las mujeres no debe abordarse como una disputa menor entre sectores partidarios, sino como un asunto que compromete las condiciones de igualdad en la participación pública.
Siete colectividades respaldan la solicitud.
La carta cuenta con la firma de siete representantes vinculadas a la Democracia Cristiana, el Partido Socialista, el Partido por la Democracia, la Izquierda Cristiana, el Partido Comunista, el Frente Amplio y el Partido Liberal.
Las dirigentes manifestaron su expectativa de que los parlamentarios regionales actúen con celeridad y respalden las gestiones solicitadas. Asimismo, insistieron en la necesidad de resguardar la igualdad, el respeto y la participación de las mujeres en los espacios de representación política.
El desenlace de la petición dependerá de las gestiones que realicen los parlamentarios aludidos y de los eventuales procedimientos que se activen en la Cámara. Por ahora, la iniciativa constituye una exigencia política de las organizaciones firmantes, que buscan una respuesta institucional frente a declaraciones que consideran incompatibles con un debate democrático libre de descalificaciones sexistas.
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