La autoridad sanitaria de La Araucanía rechazó otorgar el Permiso Ambiental Sectorial para la construcción del relleno sanitario Pintamahuida, argumentando incumplimientos a la normativa sanitaria y de seguridad. El informe advierte, además, sobre deficiencias en el sistema de impermeabilización y el riesgo de infiltración de lixiviados hacia las aguas subterráneas. El pronunciamiento introduce un nuevo y complejo escenario para la evaluación ambiental del proyecto.
Un duro revés sufrió el proyecto de relleno sanitario Pintamahuida luego de que la Seremi de Salud de La Araucanía resolviera no otorgar el permiso ambiental sectorial necesario para su construcción.
Mediante el Ord. N° A20-225, de fecha 3 de septiembre de 2026, la autoridad sanitaria se pronunció sobre el Informe Consolidado de Evaluación (ICE) y sostuvo que la iniciativa no cumple con diversas disposiciones del Decreto Supremo N°189/2005 del Ministerio de Salud, normativa que establece las condiciones sanitarias y de seguridad que deben cumplir los rellenos sanitarios.
La conclusión es categórica: la Seremi de Salud no otorgará el Permiso Ambiental Sectorial N°141, requerido para la construcción del proyecto.
Pero el documento va más allá.
Entre las observaciones que permanecen sin resolver aparecen aspectos técnicos relacionados con el sistema de impermeabilización y el eventual riesgo de infiltración de lixiviados hacia el acuífero subyacente.
La propia autoridad sanitaria advierte que una eventual contaminación de las aguas subterráneas podría constituir una afectación persistente e irreparable.
El antecedente cambia el tono de una evaluación que ha generado oposición de organizaciones locales y de la Municipalidad de Lautaro, y vuelve a instalar una pregunta de fondo: ¿puede avanzar un proyecto de estas características cuando la propia autoridad sanitaria regional sostiene que persisten incumplimientos y riesgos que no han sido adecuadamente resueltos?
Una señal incómoda para la evaluación ambiental.
El pronunciamiento de la Seremi de Salud adquiere especial relevancia porque introduce una objeción proveniente precisamente del organismo encargado de evaluar los aspectos sanitarios del proyecto.
Desde la perspectiva de sus detractores, la resolución constituye una señal inequívoca de que las observaciones formuladas durante el proceso de evaluación no pueden ser reducidas a una disputa política o a una oposición meramente territorial.
La Dirección de Medio Ambiente de la Municipalidad de Lautaro también cuestionó duramente la iniciativa.
“Como Dirección de Medio Ambiente de la Municipalidad de Lautaro, rechazamos de manera categórica el proyecto de relleno sanitario Pintamahuida”, señaló Natalia Torres, jefa del Departamento de Medio Ambiente Municipal.
La funcionaria sostuvo que el proyecto presenta múltiples incumplimientos a la normativa sanitaria vigente y deficiencias técnicas que, a su juicio, no han permitido acreditar desde el inicio de su evaluación que la iniciativa no provoque perjuicios a la salud de la población ni al medio ambiente.
El alcalde apunta al Gobierno.
El alcalde de Lautaro, Ricardo Jaramillo, militante de Renovación Nacional, también endureció su posición frente al proyecto y llamó a las autoridades regionales a considerar los antecedentes técnicos y las preocupaciones expresadas por la comunidad.
Para el jefe comunal, el informe de la Seremi de Salud es una señal contundente.
“Este informe de la Seremi de Salud —la máxima autoridad sanitaria del país— es lapidario y confirma lo que hemos sostenido desde el primer día”, afirmó.
Jaramillo agregó que el relleno sanitario sería “inviable” y aseguró que su administración no permitirá que el proyecto, según sus palabras, pase “por encima de nuestras familias y comunidades mapuche”.
Sus declaraciones ponen nuevamente el conflicto en un terreno político: un alcalde de oposición al Gobierno defendiendo el rechazo del proyecto, mientras una autoridad sanitaria regional del mismo aparato estatal formula objeciones técnicas que dificultan su aprobación.
Un choque entre desarrollo y territorio.
El caso Pintamahuida vuelve a exponer una tensión que se repite en distintos proyectos de infraestructura: por una parte, la necesidad de contar con soluciones para problemas de desarrollo y disposición de residuos; por otra, las exigencias ambientales, sanitarias y territoriales que deben cumplirse para que esas iniciativas puedan ejecutarse.
En ese escenario, la resolución de la Seremi de Salud introduce un elemento difícil de soslayar.
No se trata únicamente de una oposición política. Existe un pronunciamiento técnico de la autoridad sanitaria que establece incumplimientos normativos y mantiene abiertas interrogantes sobre la protección de las aguas subterráneas.
Y cuando el agua aparece en el centro de la discusión, el debate deja de ser exclusivamente sobre dónde instalar un relleno sanitario. Pasa a involucrar la protección de un recurso cuya eventual contaminación puede generar consecuencias de largo plazo.
El proyecto Pintamahuida queda así frente a una nueva barrera institucional. La autoridad sanitaria regional ha dicho que, en las actuales condiciones, el permiso no será otorgado.
Ahora corresponde determinar si las observaciones podrán ser subsanadas, si los antecedentes técnicos permiten despejar los riesgos advertidos y, finalmente, si la iniciativa puede cumplir con las exigencias sanitarias y ambientales necesarias para continuar avanzando.
Por ahora, el mensaje de la autoridad sanitaria es inequívoco: el proyecto no cumple con la normativa sanitaria y de seguridad exigida para obtener el permiso ambiental sectorial.
Y esa conclusión difícilmente puede ser ignorada en la decisión que viene.
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