El Ministerio de Bienes Nacionales lanzó un plan para vender 234 propiedades fiscales que, según la autoridad, no cumplen una función pública. El avalúo conjunto llega a unos US$73,3 millones. La iniciativa se conoce mientras el Gobierno busca recomponer las arcas fiscales y evaluar qué activos pueden convertirse en recursos.
El Estado salió de compras durante décadas. Ahora parece decidido a vender parte de lo que acumuló.
El Ministerio de Bienes Nacionales anunció el plan “Se Busca Dueño”, una iniciativa que contempla poner a disposición del mercado 234 inmuebles fiscales que, según la cartera, actualmente no cumplen una función pública.
El avalúo total de estas propiedades alcanza aproximadamente los US$73,3 millones, una cifra que transforma una política de administración patrimonial en una operación de magnitud relevante para las arcas fiscales.
Los inmuebles podrán ser adquiridos por personas naturales, empresas e inversionistas interesados, principalmente mediante procesos de licitación pública y, en determinados casos, a través de venta directa.
El Estado comienza a vender lo que considera prescindible.
El anuncio se produce en un momento particularmente sensible para las finanzas públicas.
El Gobierno ha reconocido en distintas oportunidades que se encuentra evaluando qué activos estatales podrían ser vendidos con el objetivo de obtener recursos y contribuir, entre otros fines, a recomponer el Fondo de Estabilización Económica y Social (FEES).
En ese contexto, “Se Busca Dueño” adquiere una dimensión que va más allá de una simple política de ordenamiento de propiedades fiscales.
La pregunta inevitable es cuánto dinero podrá finalmente recaudar el Estado y qué destino tendrán esos recursos.
Porque una cosa es administrar de mejor manera un patrimonio que permanece inutilizado y otra muy distinta es comenzar a liquidar activos fiscales para obtener ingresos extraordinarios.
La diferencia no es menor.
159 propiedades irán a licitación.
De los 234 inmuebles considerados en el plan, 159 serán sometidos a licitación pública.
De ellos, 82 corresponden a propiedades provenientes de las denominadas herencias vacantes, es decir, bienes que pasan al Fisco cuando una persona fallece sin dejar herederos con derecho a sucederla.
Los otros 77 corresponden a propiedades cuyos procesos de licitación anteriores fueron declarados desiertos.
Por regiones, Atacama concentra la mayor cantidad de inmuebles incluidos en esta etapa, con 39 propiedades. Le siguen la Región Metropolitana, con 29; Magallanes, con 17, y Coquimbo, con 14.
El resto se distribuye entre distintas regiones del país.
La magnitud territorial de la operación deja claro que no se trata de un puñado de terrenos aislados, sino de un proceso que tendrá presencia prácticamente a lo largo de todo Chile.
Otros 75 inmuebles ya están en proceso de venta.
A las 159 propiedades que serán licitadas se suman otros 75 inmuebles cuyos procesos de venta ya se encuentran en desarrollo, por un valor total estimado de US$24,5 millones.
La oferta está disponible a través del portal de licitaciones de Bienes Nacionales.
En términos generales, el mecanismo busca transformar propiedades que actualmente no generan ingresos ni cumplen una finalidad pública en recursos que puedan ser utilizados por el Estado.
El argumento es difícil de cuestionar en principio.
Un inmueble abandonado puede deteriorarse, generar costos de mantención y convertirse incluso en un problema para su entorno.
Pero la discusión relevante comienza cuando se pregunta qué se está vendiendo, cuánto vale realmente y qué recibirá el Estado a cambio.
Herencias vacantes: patrimonio que termina en el mercado.
Una parte significativa de las propiedades tiene un origen particular.
Se trata de las herencias vacantes, mecanismo mediante el cual los bienes de una persona fallecida sin herederos pasan al patrimonio fiscal. Esto puede incluir terrenos, viviendas, dinero, acciones y otros activos.
En el caso de los inmuebles, el Estado debe gestionar posteriormente su destino y, de acuerdo con la normativa aplicable, proceder a su enajenación dentro de los plazos correspondientes.
Es decir, buena parte de los bienes que ahora aparecen en “Se Busca Dueño” no fueron adquiridos originalmente por el Estado mediante una decisión de inversión.
Llegaron al Fisco porque la ley determinó que, ante la ausencia de herederos, correspondían al patrimonio estatal.
Ahora serán ofrecidos al mercado.
La justificación del Gobierno.
Durante la presentación de la iniciativa, la ministra de Bienes Nacionales, Catalina Parot, cuestionó que durante años determinados inmuebles fiscales hayan permanecido abandonados, deteriorándose, subutilizados o sin cumplir una función pública.
El argumento de la autoridad apunta a una lógica sencilla: un activo que permanece inmovilizado no genera valor para nadie.
Y, desde esa perspectiva, venderlo puede permitir que un terreno o edificio vuelva a tener actividad económica, inversión y uso efectivo.
Pero la política también abre una discusión que trasciende la administración inmobiliaria.
¿Vender patrimonio o hacer más eficiente al Estado?.
El debate recién comienza.
El Estado no puede mantener indefinidamente propiedades sin uso solo por el hecho de que forman parte de su patrimonio. Pero tampoco debiera convertir la venta de activos públicos en una solución recurrente para cubrir necesidades financieras de corto plazo.
La diferencia entre ambas cosas está en el criterio.
Si se venden propiedades que efectivamente no tienen utilidad pública, que generan costos y que pueden ser mejor aprovechadas por particulares, el proceso puede entenderse como una modernización de la gestión patrimonial.
Pero si la venta de activos fiscales se transforma en una fuente habitual para financiar el gasto corriente, el problema es diferente: se obtiene un ingreso una sola vez a cambio de desprenderse de un activo que ya no estará disponible en el futuro.
En términos simples, vender una propiedad puede mejorar una planilla financiera hoy, pero también reduce el patrimonio del Estado mañana.
La cifra que habrá que mirar.
Por ahora, el dato más visible es el avalúo: US$73,3 millones correspondientes a los 234 inmuebles anunciados, a los que se suman los US$24,5 millones asociados a los 75 procesos de venta ya en marcha.
Pero el verdadero resultado se conocerá cuando las propiedades sean efectivamente adjudicadas.
Será entonces cuando habrá que comparar los precios de venta con sus avalúos, conocer cuánto dinero ingresó realmente al Fisco y, sobre todo, determinar qué se hizo con esos recursos.
Porque “Se Busca Dueño” puede ser una señal de eficiencia administrativa.
Pero también puede convertirse en el comienzo de una política mucho más amplia: la transformación de una parte del patrimonio inmobiliario del Estado en liquidez para enfrentar las estrecheces fiscales.
Y ahí estará la verdadera discusión.
No solo se trata de encontrarles dueño a 234 inmuebles.
Se trata de saber cuánto patrimonio está dispuesto a vender el Estado, a qué precio y para financiar qué.
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