Ricardo Herrera anuncia acciones tras resolución que desestimó denuncia por acoso laboral.

El exconsejero regional y secretario ejecutivo de la Asociación de Municipios de la Costa evalúa presentar acciones judiciales y recurrir a Contraloría luego de que la Inspección del Trabajo concluyera el procedimiento iniciado a raíz de una denuncia presentada bajo la Ley Karin. El conflicto había escalado públicamente después de que la concejala de Carahue Paola Retamal pidiera su salida del cargo.

El conflicto que durante las últimas semanas involucró al exconsejero regional Ricardo Herrera Floody y a una trabajadora de la Asociación de Municipios de la Costa entró en una nueva etapa luego de conocerse el resultado del procedimiento administrativo iniciado a raíz de una denuncia por presunto acoso laboral.

Herrera, quien se desempeña como secretario ejecutivo de la Asociación de Municipios de la Costa, sostuvo que la Inspección Provincial del Trabajo desestimó las acusaciones formuladas en su contra y anunció que analizará acciones legales por la exposición pública que tuvo el caso.

El exCORE también evalúa realizar una presentación ante la Contraloría General de la República.

Un conflicto que llegó al ámbito público.

La controversia se originó a partir de una denuncia presentada por una trabajadora contra Herrera en el marco de la Ley Karin, normativa que establece procedimientos para abordar situaciones de acoso laboral, acoso sexual y violencia en el trabajo.

El caso dejó de estar circunscrito al ámbito laboral y adquirió una dimensión política luego de que la concejala de Carahue Paola Retamal se pronunciara públicamente sobre la situación.

En declaraciones entregadas a Radio Bío Bío el pasado 18 de agosto, la edil planteó que el directorio de la Asociación de Municipios de la Costa debía evaluar la continuidad de Herrera.

“Creo que hay que tomar una decisión política de parte del directorio. Creo que el secretario ejecutivo debe dar un paso al lado en una renuncia voluntaria”, señaló en aquella oportunidad.

Para Herrera, esas declaraciones y la exposición pública del caso terminaron afectando directamente su imagen mientras el procedimiento todavía se encontraba en desarrollo.

Herrera prepara respuesta.

Tras conocer las conclusiones de la Inspección del Trabajo, el exconsejero regional afirmó que sus abogados estudian la posibilidad de presentar acciones judiciales.

“Soy inocente de estos cargos y lo que yo espero ahora es que se haga justicia. Voy a analizar con mis abogados la presentación eventual de una querella por destrucción de mi imagen pública y también tratar de hacer una presentación a la Contraloría”, señaló Herrera durante un punto de prensa.

El dirigente agregó que espera que el resultado del procedimiento permita cerrar las dudas sobre su actuación.

“Detrás de esto, efectivamente, hay manos negras que querían sacarme de mi puesto en la Asociación de Municipios de la Costa y yo espero que esto se aclare definitivamente y limpiar con ello mi imagen”, afirmó.

Estas últimas afirmaciones corresponden a la interpretación de Herrera sobre las motivaciones que habrían existido detrás de las actuaciones cuestionadas, y no constituyen por sí mismas un hecho establecido.

La importancia de la resolución laboral.

El elemento central de esta nueva etapa es el resultado del procedimiento realizado por la autoridad laboral.

Según explicó Herrera, la Inspección Provincial del Trabajo emitió un informe en el que no se acreditaron las conductas de acoso laboral denunciadas en su contra.

“Estoy muy contento por esto, más tranquilo, porque en definitiva la Inspección del Trabajo desechó todos los argumentos, las denuncias que se habían realizado y esto permite, por lo tanto, limpiar mi imagen”, sostuvo.

El exCORE añadió que, de acuerdo con el resultado que le fue comunicado, “no se acreditó ninguna de las denuncias que se habían hecho”.

La precisión es relevante: se trata de las conclusiones de un procedimiento administrativo laboral, por lo que sus efectos deben distinguirse de una sentencia judicial y no corresponde equiparar automáticamente el resultado con una absolución penal.

El conflicto ahora podría trasladarse a otras instituciones.

La resolución no necesariamente pone punto final a la controversia. Herrera anunció que sus abogados analizarán eventuales acciones respecto de las declaraciones y actuaciones que, a su juicio, afectaron su honra y su desempeño profesional.

Entre ellas figura una eventual presentación ante Contraloría y una acción judicial que deberá ser evaluada y, eventualmente, presentada formalmente.

En paralelo, queda pendiente conocer la posición de Paola Retamal frente a las nuevas circunstancias y si mantendrá los cuestionamientos que formuló públicamente antes de conocerse el resultado del procedimiento laboral.

El caso deja así dos escenarios distintos. Por una parte, está la investigación administrativa originada por la denuncia de la trabajadora y cuyo resultado, según Herrera, descartó las conductas denunciadas. Por otra, aparece ahora una eventual disputa por las consecuencias que tuvo la exposición pública del caso y por las responsabilidades que el exCORE pretende determinar.

El desenlace de esta segunda etapa dependerá de si finalmente se presentan las acciones anunciadas y de los antecedentes que sean puestos a disposición de las instituciones correspondientes.

Por ahora, el dato central es que la autoridad laboral concluyó el procedimiento sin acreditar, según lo informado por Herrera, las conductas de acoso laboral denunciadas en su contra. El resto —incluidas las eventuales responsabilidades por las declaraciones públicas realizadas durante el conflicto— deberá resolverse en las instancias que correspondan.

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