El Servicio Médico Legal descartó que los restos óseos encontrados en la propiedad de la mujer mapuche correspondieran a una persona, contradiciendo uno de los antecedentes que la Fiscalía de Los Ríos había presentado públicamente durante la investigación. El episodio abre serios cuestionamientos sobre los procedimientos periciales, la cadena de custodia y la solidez de los antecedentes utilizados para mantener en prisión preventiva a Javier Troncoso Chuñil.
Un antecedente de enorme gravedad para la investigación por la desaparición de Julia Chuñil quedó al descubierto en el Juzgado de Garantía de Los Lagos: las osamentas encontradas en enero de 2026 en la propiedad de la mujer mapuche no corresponderían a restos humanos, según el análisis realizado por el Servicio Médico Legal (SML).
El resultado contradice directamente la información que la Fiscalía Regional de Los Ríos había comunicado públicamente y que adquirió especial relevancia en una investigación que mantiene a Javier Troncoso Chuñil, hijo de la mujer desaparecida, en prisión preventiva desde hace varios meses.
La controversia no es menor. Se trata de un antecedente que fue presentado como un hallazgo de origen humano y que ahora enfrenta una conclusión pericial completamente distinta por parte del organismo médico legal.
El antecedente que la Fiscalía presentó como un hallazgo humano.
El 16 de enero de 2026, durante el segundo día de rastreos en el domicilio de Julia Chuñil, los equipos investigadores encontraron una bolsa enterrada que contenía más de 60 restos óseos, a pocos metros de la vivienda.
En esa oportunidad, la fiscal regional de Los Ríos, Tatiana Esquivel, informó públicamente sobre el resultado de los primeros análisis.
«El 16 de enero de 2026, el segundo día de rastreo, en la casa de doña Julia se encontró una bolsa enterrada con más de 60 restos óseos, a pocos metros de su casa habitación», señaló.
Posteriormente, agregó que los análisis científicos habían permitido establecer que uno de los primeros restos examinados correspondía a material de origen humano.
«Estos restos fueron sometidos a análisis científicos y el informe recientemente recepcionado, ya puesto en conocimiento de la defensa, da cuenta que dentro de los primeros restos analizados uno de ellos corresponde a origen humano», sostuvo la persecutora.
La afirmación generó un impacto evidente en la investigación. Se trataba de un supuesto hallazgo humano en el mismo inmueble donde residía la mujer desaparecida y, por tanto, de un antecedente que inevitablemente adquiría relevancia para establecer qué había ocurrido con ella.
Sin embargo, el análisis posterior del Servicio Médico Legal puso en entredicho esa conclusión.
De acuerdo con los antecedentes expuestos en sede judicial, los restos examinados no corresponden a osamentas humanas, sino que serían de origen animal, específicamente de un perro.
La diferencia es sustancial: una cosa es detectar material genético humano en una muestra y otra, completamente distinta, acreditar científicamente que el hueso analizado pertenece a una persona.
Precisamente, esa distinción constituye uno de los puntos centrales de la controversia entre los informes periciales.
Serios cuestionamientos al procedimiento investigativo.
El pronunciamiento del SML no solo introduce una discrepancia científica respecto de la naturaleza de los restos. También abre interrogantes sobre la forma en que la Fiscalía recogió, clasificó, resguardó y remitió las evidencias para su análisis.
Entre los cuestionamientos planteados se encuentran los protocolos utilizados durante el levantamiento de los restos, la individualización de las muestras y las condiciones en que estas fueron entregadas al laboratorio privado Austral Omics.
Uno de los aspectos que requiere una explicación particularmente clara es por qué el supuesto fragmento óseo humano se encontraba dentro de un saco que contenía restos de distintos animales, sin que esa circunstancia hubiese impedido, aparentemente, que se comunicara públicamente un resultado de origen humano.
También se ha planteado la posibilidad de contaminación de las muestras con material genético de quienes participaron en la extracción y manipulación de la bolsa. Una hipótesis que, de confirmarse, tendría consecuencias relevantes para la interpretación de los resultados iniciales.
No se trata de cuestiones meramente técnicas. En una investigación penal, la correcta obtención, conservación y trazabilidad de la evidencia constituyen garantías esenciales para evitar errores que puedan afectar tanto a las víctimas como a las personas investigadas.
Por eso, la discrepancia entre ambos informes exige algo más que una explicación administrativa: requiere establecer con precisión qué se analizó, qué se encontró y bajo qué condiciones se obtuvieron las conclusiones iniciales.
Dos peritajes, dos conclusiones y una investigación bajo presión.
Hasta ahora, la Fiscalía ha reconocido la existencia de dos resultados periciales diferentes.
Por una parte, el análisis del laboratorio Austral Omics, que detectó material genético humano en una de las muestras examinadas. Por otra, el informe del Servicio Médico Legal, que descarta que las osamentas analizadas correspondan a restos humanos.
La distinción debe ser abordada con rigor científico y judicial. La eventual presencia de ADN humano no demuestra, por sí sola, que el hueso sea humano, ni permite establecer que pertenezca a Julia Chuñil.
Mucho menos permite atribuirle una identidad o una causa de muerte sin los correspondientes análisis confirmatorios.
La Fiscalía tiene ahora la obligación de explicar cómo llegó a comunicar un hallazgo de origen humano y por qué esa conclusión no se sostiene frente al análisis posterior del organismo médico legal.
También debe aclarar qué incidencia tuvo este antecedente en las decisiones adoptadas durante la investigación y, particularmente, en la situación procesal de los imputados.
La prisión preventiva de Javier Troncoso, nuevamente en el centro del debate.
La consecuencia judicial más inmediata de este episodio apunta a la situación de Javier Troncoso Chuñil, quien permanece en prisión preventiva.
Si uno de los antecedentes periciales presentados como relevantes para la investigación perdió sustento frente al informe del SML, corresponde que el tribunal examine nuevamente su valor y determine si subsisten los presupuestos legales que justifican la privación de libertad.
La prisión preventiva no puede transformarse en una consecuencia automática de una investigación ni mantenerse sobre la base de antecedentes cuya validez científica está siendo cuestionada.
Su continuidad exige fundamentos concretos, actuales y suficientes, conforme a las exigencias del proceso penal.
Por ello, la revisión de la medida cautelar adquiere especial importancia. Sin embargo, sería prematuro anticipar que Javier Troncoso quedará necesariamente en libertad: esa decisión corresponde al tribunal y debe considerar la totalidad de los antecedentes de la causa, no solamente la controversia sobre las osamentas.
Lo que sí resulta indiscutible es que el nuevo escenario obliga a revisar críticamente el peso que se otorgó a este hallazgo y la forma en que fue presentado ante la opinión pública.
Una investigación de esta gravedad no puede permitirse conclusiones apresuradas ni convertir resultados periciales preliminares en certezas públicas. Cuando está en juego la libertad de una persona y el esclarecimiento de la desaparición de una mujer, la rigurosidad científica, la transparencia institucional y el respeto por las garantías procesales no son opcionales. Son obligaciones básicas de la persecución penal.
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