La ministra de Educación, María Paz Arzola, defendió la propuesta presupuestaria para 2027, que contempla un incremento de 6,3% en los recursos para la operación de jardines infantiles y un alza de 5% en el monto por niño para establecimientos financiados vía transferencia de fondos. La secretaria de Estado también advirtió sobre el deterioro de los aprendizajes y planteó la necesidad de concentrar los esfuerzos en la sala de clases, en medio de un debate que deberá enfrentar el escrutinio del Congreso.
La educación parvularia se instala entre las prioridades de la propuesta de Presupuesto 2027 del Ministerio de Educación. La ministra María Paz Arzola anunció un incremento de los recursos destinados a este nivel educativo y defendió la necesidad de reorientar el gasto público hacia las etapas iniciales de la formación, mientras advirtió sobre el deterioro de los aprendizajes durante la última década.
La iniciativa contempla un aumento de 6,3% en los recursos para la operación de jardines infantiles y un incremento de 5% en el monto por niño para los establecimientos financiados mediante transferencia de fondos (VTF). Según la ministra, esta última alza constituye el primer incremento real en 12 años para ese mecanismo de financiamiento.
El anuncio representa uno de los principales argumentos del Ejecutivo para defender su propuesta presupuestaria, que deberá ser analizada por el Parlamento. Sin embargo, más allá de los porcentajes anunciados, la discusión también estará marcada por la necesidad de conocer cómo se distribuirán los recursos, qué necesidades concretas se busca cubrir y de qué manera se traducirán en mejores condiciones educativas para los niños.
Aprendizajes bajo presión.
Arzola sostuvo que el sistema educativo enfrenta una década de deterioro en los aprendizajes y planteó que la recuperación de las competencias fundamentales debe convertirse en una prioridad de la política pública.
“Lo primordial son los aprendizajes. Tras una década de deterioro, necesitamos poner el foco en la sala de clases”, afirmó.
En esa línea, destacó el Plan Chile Aprende y Avanza, orientado a fortalecer habilidades básicas en lectura, escritura y pensamiento matemático. De acuerdo con la ministra, la iniciativa busca que los estudiantes alcancen oportunamente competencias esenciales: lectura y escritura en segundo básico, y pensamiento matemático y operaciones básicas en cuarto básico.
La propuesta sitúa el aprendizaje efectivo como eje de la gestión ministerial. No obstante, la magnitud del desafío exige precisar cuáles son los indicadores que sustentan el diagnóstico, qué metas se han fijado y cómo se evaluarán los resultados de las medidas anunciadas. La efectividad de un plan educativo no se determina únicamente por sus objetivos, sino también por sus resultados verificables en las aulas.
Educación parvularia: el foco en la primera infancia.
La ministra justificó la prioridad presupuestaria otorgada a la educación parvularia por la importancia de los primeros años de vida en el desarrollo infantil.
“En la misma línea, hemos decidido priorizar la educación parvularia: porque concentrar nuestros esfuerzos en esos primeros cinco años, donde se produce el 90% del desarrollo cerebral, permitirá que los niños más pequeños adquieran las habilidades fundamentales que sostendrán toda su trayectoria”, señaló.
Arzola también cuestionó la evolución del gasto público en los distintos niveles educativos. Según su diagnóstico, mientras el gasto destinado a educación superior se duplicó durante la última década, los recursos para educación parvularia permanecieron estables.
“Este presupuesto comienza a revertir esa tendencia: los recursos para la operación de jardines infantiles crecen 6,3% y el monto por niño en aquellos financiados vía transferencia de fondos (VTF) aumentará en 5%, la primera alza real en 12 años”, sostuvo.
La comparación plantea una discusión sobre las prioridades históricas del financiamiento educativo y la distribución de los recursos públicos. Para dimensionar el alcance de ese cambio, será relevante examinar las cifras de gasto ejecutado, su evolución en términos reales y las diferencias de financiamiento entre los distintos niveles y modalidades de atención.
El aumento anunciado constituye una señal presupuestaria favorable para el sector, pero su impacto dependerá de factores como la cobertura, los costos de funcionamiento, las condiciones de los establecimientos y la suficiencia de los montos asignados frente a las necesidades existentes.
Un presupuesto que deberá rendir cuentas.
La ministra calificó la propuesta como un ejercicio de responsabilidad fiscal y aseguró que busca preservar los beneficios y mecanismos que permiten el funcionamiento del sistema educativo.
“Es un presupuesto responsable, que resguarda la sostenibilidad de los beneficios y soportes que aseguran el funcionamiento del sistema educativo”, afirmó Arzola. Añadió que el gasto proyectado mantiene continuidad respecto de lo ejecutado durante el año en curso y es 1,6% superior al presupuesto aprobado originalmente por el Congreso.
La secretaria de Estado también sostuvo que la iniciativa busca dar continuidad a programas y políticas en implementación, al tiempo que aborda desafíos pendientes de la gestión anterior.
“Gobernar con responsabilidad exige tomar decisiones, aunque sean difíciles e impopulares. Estoy segura de que el debate legislativo que iniciamos nos permitirá incorporar puntos de vista que enriquecerán nuestra propuesta”, señaló.
Con el inicio de la discusión parlamentaria, el desafío será determinar si las prioridades anunciadas cuentan con financiamiento suficiente y si la distribución de los recursos permitirá avanzar tanto en la recuperación de los aprendizajes como en el fortalecimiento de la educación parvularia.
El debate no se limitará, por tanto, a establecer cuánto dinero recibirá cada programa. También deberá esclarecer qué resultados se esperan, cómo se medirán y qué mecanismos de seguimiento permitirán comprobar que los recursos comprometidos se traduzcan en mejoras concretas para los estudiantes y las comunidades educativas.
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