Trece parlamentarios cuestionan normas sobre proporcionalidad y empleo de armas de fuego en el proyecto aprobado por el Senado. La controversia instala una discusión de fondo: hasta dónde puede llegar el uso de la fuerza estatal y qué límites debe establecer la ley para evitar actuaciones que vulneren derechos fundamentales.
Las Reglas de Uso de la Fuerza (RUF), una de las iniciativas centrales de la agenda de seguridad del Gobierno, enfrentan un nuevo obstáculo legislativo. Trece senadores de oposición recurrieron al Tribunal Constitucional (TC) para impugnar dos disposiciones del proyecto, luego de que la iniciativa fuera aprobada por el Senado el miércoles 7 de octubre, con 29 votos a favor, 15 en contra y una abstención.
El requerimiento apunta a normas vinculadas con el principio de proporcionalidad y las condiciones para el empleo de armas de fuego. Según los parlamentarios que impulsan la acción, la redacción de algunas disposiciones podría permitir el uso de fuerza potencialmente letal sin que necesariamente exista un peligro grave o inminente para la vida del funcionario que interviene o de terceros.
La objeción no es menor. El debate no se limita a establecer reglas operativas para policías y otros agentes del Estado, sino que involucra la delimitación legal del uso legítimo de la fuerza y las garantías destinadas a impedir actuaciones arbitrarias. La cuestión de fondo es si las disposiciones impugnadas establecen límites suficientemente claros para compatibilizar la protección de los funcionarios y de la ciudadanía con el respeto de los derechos fundamentales.
Los reparos, según los antecedentes entregados, ya habían sido planteados durante la discusión legislativa. Ahora, sin embargo, la controversia sale del debate parlamentario y pasa al terreno constitucional, donde deberá determinarse si las normas cuestionadas se ajustan a la Carta Fundamental.
El senador socialista Juan Luis Castro, uno de los firmantes del requerimiento, explicó que el objetivo es que el TC examine las disposiciones antes de que el proyecto complete su tramitación. La presentación no equivale, por sí sola, a una declaración de inconstitucionalidad: será el tribunal el que deba resolver sobre la admisibilidad de la acción y, si corresponde, pronunciarse sobre el fondo de los cuestionamientos.
La agenda de seguridad avanza entre reformas y controversias.
La impugnación se produce mientras el Ejecutivo busca avanzar en distintas iniciativas destinadas a reforzar la respuesta del Estado frente a la delincuencia. Sin embargo, el impulso legislativo convive con controversias sobre el alcance de las medidas, sus consecuencias jurídicas y los mecanismos de control que deben acompañarlas.
En paralelo, la Comisión de Constitución del Senado despachó esta semana modificaciones a la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, orientadas a endurecer las sanciones para jóvenes que cometan delitos graves o incurran reiteradamente en conductas delictivas.
Entre los cambios aprobados figuran sanciones máximas de hasta 10 años para adolescentes de 14 y 15 años, y de hasta 15 años para quienes tengan 16 o 17 años. Asimismo, para determinados delitos de especial gravedad se establecería un período efectivo de privación de libertad, mientras que la fuga o evasión durante el cumplimiento de una pena pasaría a considerarse quebrantamiento de condena.
El presidente de la Comisión de Constitución, Pedro Araya, sostuvo que la modificación apunta especialmente a jóvenes involucrados en delitos violentos que ingresan y salen reiteradamente del sistema penal.
La iniciativa abre, a su vez, un debate sobre la eficacia de las sanciones, la reincidencia y la capacidad del sistema para responder a delitos graves cometidos por menores de edad. Su evaluación, sin embargo, no puede reducirse exclusivamente al aumento de las penas: también exige considerar las condiciones de cumplimiento, la capacidad institucional y los resultados que se esperan de la intervención penal.
Una nueva reforma constitucional en discusión.
A este escenario se suma el ingreso al Senado de una nueva propuesta de reforma constitucional en materia de seguridad, después de que el Gobierno optara por no perseverar en su planteamiento original.
El nuevo texto, impulsado por Pedro Araya, Andrés Longton, Arturo Squella, Karim Bianchi e Iván Flores, concentra la discusión en materias como el crimen organizado, el régimen penitenciario y el Estado de Emergencia.
La participación de Flores en este debate adquiere relevancia por su posición frente al requerimiento contra las RUF. El parlamentario aclaró que su adhesión a la impugnación no significa que rechace el proyecto, al que votó favorablemente. La distinción expone una diferencia importante: respaldar la necesidad de regular el uso de la fuerza no implica necesariamente compartir cada una de las disposiciones incorporadas en la iniciativa.
El TC, ante una controversia sobre los límites del poder estatal.
La discusión sobre las RUF vuelve a poner en primer plano una pregunta que trasciende las diferencias entre Gobierno y oposición: cómo establecer reglas claras para el ejercicio de la fuerza estatal, especialmente cuando su utilización puede provocar lesiones graves o la muerte.
La urgencia de enfrentar la delincuencia y proteger a quienes cumplen funciones de seguridad no elimina la necesidad de contar con normas precisas, controles efectivos y responsabilidades claramente delimitadas. Del mismo modo, los cuestionamientos formulados por los senadores deberán evaluarse a partir del contenido concreto de las disposiciones impugnadas y de los argumentos jurídicos presentados ante el tribunal.
El próximo paso será la revisión formal del requerimiento y la eventual decisión sobre su admisibilidad. Si la acción sigue adelante, el TC deberá pronunciarse sobre los cuestionamientos planteados, de acuerdo con las reglas aplicables al procedimiento.
Hasta entonces, el proyecto permanece bajo una controversia constitucional que podría incidir en el cierre de su tramitación. Más allá del desenlace, el episodio deja planteado un asunto central para la política de seguridad: no basta con ampliar las herramientas del Estado; también es necesario definir con precisión sus límites y asegurar que su ejercicio se ajuste al marco constitucional.
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