Alfredo Llafquén Huilipan y Karen Manson Fonseca, consejeros nacionales mapuche ante la CONADI, cuestionaron la reducción de recursos propuesta para el Fondo de Tierras y Aguas Indígenas. Advirtieron que el ajuste podría agravar la incertidumbre de las comunidades que mantienen solicitudes pendientes y exigieron al Ejecutivo transparentar sus efectos sobre los procesos en curso.
La reducción de los recursos destinados al Fondo de Tierras y Aguas Indígenas, contemplada en la propuesta de Presupuesto 2027, abrió un nuevo foco de preocupación respecto de la capacidad del Estado para responder a las demandas territoriales de los pueblos indígenas. Los consejeros nacionales mapuche ante la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI), Alfredo Llafquén Huilipan y Karen Manson Fonseca, advirtieron que el recorte podría comprometer la continuidad de los procesos en trámite y aumentar la incertidumbre de las comunidades que esperan respuestas.
Según las cifras consideradas para este análisis, la asignación presupuestaria pasaría de $87.293.704 en 2026 a $66.810.804 en 2027. La diferencia alcanza los $20.482.900, equivalente a una disminución del 23,46%.
La magnitud del ajuste plantea una interrogante que, hasta ahora, requiere una respuesta concreta de las autoridades: ¿cómo se garantizará la continuidad de la política de tierras indígenas con una disponibilidad presupuestaria significativamente menor?
“Esta no es una discusión exclusivamente contable, estamos hablando de la capacidad del Estado para responder a las demandas territoriales de los pueblos indígenas. Una reducción de más de $20 mil millones genera una legítima preocupación por el futuro de los procesos que hoy se encuentran en trámite ante CONADI y por las expectativas de numerosas comunidades a lo largo del país”, señalaron los consejeros.
Menos recursos, más incertidumbre para las comunidades.
Llafquén y Manson advirtieron que la reducción presupuestaria exige explicaciones sobre sus consecuencias prácticas. Entre las principales interrogantes planteadas figuran la continuidad de los procedimientos en curso, los criterios que se utilizarán para priorizar las solicitudes y el número de comunidades que podrían experimentar retrasos o verse afectadas por eventuales cambios en la ejecución del programa.
El problema, sostienen, no se limita al monto asignado, sino que también involucra la transparencia de las decisiones y la capacidad institucional para entregar respuestas oportunas a quienes mantienen expectativas territoriales pendientes.
En ese escenario, la ausencia de información detallada sobre los efectos del ajuste dificultaría que las comunidades conozcan qué ocurrirá con sus solicitudes, cuáles serán las prioridades de atención y qué plazos podrían enfrentar. Por ello, los consejeros demandaron al Gobierno información clara y oportuna que permita evaluar el alcance real de la reducción.
Una decisión presupuestaria con implicancias territoriales.
El Fondo de Tierras y Aguas Indígenas constituye un instrumento de la política pública orientado a abordar necesidades territoriales de los pueblos indígenas. Por esa razón, cualquier modificación de sus recursos debe examinarse no solo desde la perspectiva del gasto fiscal, sino también en función de sus objetivos, su ejecución y los compromisos estatales asociados a esta materia.
La controversia pone sobre la mesa una cuestión de fondo: si la propuesta presupuestaria contempla una reducción de recursos, corresponde conocer qué evaluación técnica la sustenta, cómo se distribuirá el financiamiento disponible y qué mecanismos se implementarán para evitar que las comunidades con procesos pendientes queden expuestas a nuevas postergaciones.
Sin esos antecedentes, resulta difícil dimensionar el impacto efectivo del recorte. La disminución presupuestaria, por sí sola, no permite establecer cuántas solicitudes dejarán de atenderse ni cuánto podrían extenderse los procedimientos. Es precisamente esa información la que las autoridades deben transparentar para que el debate no quede reducido a una discusión de cifras.
Llamado al Ejecutivo y al Congreso.
Ante este escenario, Alfredo Llafquén Huilipan y Karen Manson Fonseca llamaron al Ejecutivo y al Congreso Nacional a revisar la disminución durante la discusión del Presupuesto 2027 y a explicar las medidas previstas para resguardar la continuidad de los procesos territoriales.
“Las comunidades necesitan certezas y respuestas concretas. El Estado debe transparentar las consecuencias de esta propuesta y garantizar que las demandas territoriales indígenas sean abordadas con responsabilidad, continuidad y respeto”, concluyeron.
La discusión presupuestaria abre así una definición relevante para la política indígena: determinar si los recursos proyectados permitirán sostener los objetivos del Fondo de Tierras y Aguas Indígenas y responder a los procedimientos pendientes. La respuesta no depende únicamente de la cifra final aprobada, sino también de los criterios de asignación, la ejecución efectiva de los recursos y la información que el Estado entregue a las comunidades involucradas.
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