La Brigada de Investigación Criminal será trasladada a Victoria mientras se realizan mejoras en un edificio que, según la propia institución, no cumple con condiciones mínimas de habitabilidad ni de atención al público. Parlamentarias cuestionan que una comuna golpeada por la inseguridad deba enfrentar, aunque sea temporalmente, la salida de su policía investigativa.
La precaria situación del cuartel de la Policía de Investigaciones en Traiguén obligará a trasladar temporalmente la unidad hasta Victoria, una decisión que encendió las alarmas entre autoridades y parlamentarias de La Araucanía.
Aunque inicialmente la medida fue interpretada como un eventual cierre de la presencia policial de la PDI en la comuna, la institución salió a precisar que no abandonará Traiguén. Se trata, según explicó la Región Policial de La Araucanía, de un traslado temporal que permitirá intervenir las actuales dependencias, las que presentan deficiencias que hacen inviable mantener allí el funcionamiento normal de la unidad.
La propia PDI reconoció que el inmueble “no cumple con un estándar mínimo de habitabilidad, funcionamiento operativo-administrativo y, por sobre todas las cosas, de atención al público”.
El problema, por tanto, no sería una decisión de la policía civil de reducir su presencia en Traiguén, sino las condiciones en que esa presencia se ha mantenido durante años.
Críticas desde el Congreso.
La noticia generó una inmediata reacción política. La diputada del PPD Andrea Parra cuestionó la situación y emplazó al Gobierno tras una reunión con el seremi de Seguridad Pública de La Araucanía.
“Se viene el cierre de la unidad de la PDI debido a graves condiciones sanitarias que afectan el recinto, haciendo imposible su continuidad”, afirmó la parlamentaria.
Parra apuntó además a lo que considera una contradicción entre el discurso oficial sobre seguridad y las condiciones materiales en que deben operar las instituciones encargadas de investigar los delitos.
“Mientras el Gobierno se llena la boca de un discurso sobre seguridad, la PDI se ve obligada a cerrar sus puertas”, sostuvo.
La diputada Gloria Naveillán también manifestó su preocupación, particularmente ante el riesgo de que una medida anunciada como temporal termine prolongándose indefinidamente y afectando la presencia efectiva de la policía civil en la comuna.
La PDI seguirá investigando en Traiguén.
Frente a la controversia, la Región Policial de La Araucanía fue categórica: Traiguén no quedará sin cobertura investigativa.
La Brigada de Investigación Criminal continuará haciéndose cargo de los requerimientos que se originen en la comuna, aunque durante el período de obras sus funcionarios trabajarán desde Victoria. La unidad mantendrá además la coordinación con el Ministerio Público para desarrollar las diligencias investigativas que correspondan.
“Traiguén continuará siendo parte del compromiso investigativo, especializado y científico-técnico que la PDI mantiene con todos sus habitantes”, señaló la institución.
La aclaración busca despejar el temor de un retiro definitivo, pero deja un punto pendiente que resulta fundamental: la PDI no ha informado cuánto tiempo permanecerá la unidad fuera de Traiguén ni existe, por ahora, un calendario público para el inicio y término de las obras.
Y ese detalle no es menor.
Una medida que se presenta como transitoria puede convertirse en una solución de duración incierta si no existe financiamiento, planificación y plazos concretos para recuperar las dependencias.
Un nuevo terreno aparece como alternativa.
En paralelo al traslado, comenzó a tomar fuerza una alternativa más ambiciosa: buscar un nuevo terreno para levantar dependencias adecuadas para la PDI en Traiguén.
La diputada Andrea Parra sostuvo una reunión con el gobernador regional René Saffirio, quien, de acuerdo con lo señalado por la parlamentaria, habría comprometido recursos regionales para avanzar en la adquisición de un terreno destinado a la institución.
La discusión abre así un escenario distinto al de una simple reparación del actual cuartel. Si el inmueble existente presenta deficiencias estructurales y sanitarias que impiden su funcionamiento, la pregunta es si resulta más conveniente invertir en su recuperación o avanzar derechamente hacia una infraestructura nueva.
Parra también aseguró que desde la PDI le fueron planteadas dificultades para conseguir apoyo de distintas autoridades regionales, entre ellas el delegado presidencial regional, el delegado provincial y alcaldes de La Araucanía.
Seguridad también depende de infraestructura.
El episodio deja en evidencia una paradoja difícil de ignorar: mientras las autoridades demandan mayor capacidad investigativa para enfrentar los delitos, una unidad policial debe abandonar sus propias dependencias porque estas no reúnen condiciones básicas para funcionar.
Por ahora, la explicación oficial permite descartar un retiro definitivo de la PDI de Traiguén. Pero la controversia no termina con esa aclaración.
El verdadero desafío será comprobar que el traslado efectivamente sea temporal, que existan recursos para resolver las deficiencias y que la comuna vuelva a contar con una unidad operativa en condiciones dignas.
Porque en materia de seguridad no basta con asegurar que una institución seguirá presente en el territorio. También importa dónde trabaja, con qué recursos y durante cuánto tiempo los funcionarios y la comunidad deberán esperar para recuperar una infraestructura policial acorde con las necesidades de Traiguén.
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