Una fiscalización nacional a 37 sucursales destapó la falta de precios visibles, la ausencia de catálogos y trabas para contratar servicios individuales, evidenciando un modelo comercial que aprovecha la vulnerabilidad emocional de las familias.
El fallecimiento de un ser querido sitúa a las familias en el punto de mayor asimetría e indefensión del mercado. Aprovechando ese contexto de urgencia y vulnerabilidad emocional, la industria funeraria en Chile mantiene prácticas de opacidad informativa. Así lo confirmó la fiscalización del Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC) a 37 sucursales a nivel nacional, cuyos hallazgos exponen irregularidades estructurales que podrían derivar en acciones judiciales masivas.
Las trampas de la venta verbal.
El diagnóstico del organismo es categórico: la mayoría de las empresas auditadas no informa sus tarifas ni planes de manera clara, pública y por escrito. En lugar de exhibir el valor total con IVA incluido —como exige la Ley del Consumidor (LPC)—, los locales confinan la información a la interacción verbal con ejecutivos de venta.
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Ocultamiento tarifario: Ausencia sistemática de listas de precios o catálogos visibles al público.
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Información sesgada y restrictiva: Omisión de folletos impresos que detallen los componentes específicos de las prestaciones.
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Falta de imputabilidad: Incumplimiento en la identificación visible de la jefatura de local para la resolución de reclamos.
El «empaquetamiento» como traba a la libre elección.
El hallazgo más crítico apunta a la imposición de ventas combinadas o «packs» cerrados. Legalmente, los únicos elementos obligatorios en una prestación funeraria son el ataúd y la carroza para el traslado básico. Adicionales como flores, cafetería, avisos radiales o libros de condolencias son estrictamente opcionales.
Forzar la compra de estos insumos o impedir que el usuario arme un plan a la medida vulnera de manera directa la libertad de elección. Ante este escenario, el SERNAC evalúa demandas colectivas o denuncias, recordando que las empresas que obstruyan las inspecciones arriesgan multas de hasta 750 UTM (más de $53 millones de pesos).
El operativo del órgano regulador deja al descubierto un patrón comercial que transforma el duelo en una oportunidad de abuso tarifario, reabriendo el debate sobre la urgencia de sancionar con severidad la especulación en sectores con demanda cautiva.
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