El proyecto obliga a partidos y candidatos a transparentar las cuentas digitales que operan, controlan o financian, además de informar los recursos destinados a publicidad en Internet. La iniciativa busca cerrar un vacío de la legislación electoral frente a campañas cada vez más dependientes de las redes sociales.
La batalla electoral ya no se libra únicamente en las calles, en los medios de comunicación o en los tradicionales espacios de propaganda. Una parte creciente de la disputa política ocurre en Internet, donde una cuenta anónima, una red coordinada de perfiles o un sistema automatizado puede amplificar un mensaje hasta convertirlo en tendencia en cuestión de horas.
Ese escenario es el que busca abordar la bancada de diputados del Partido Socialista (PS) mediante un proyecto de ley bautizado como “ley Cerimedo”, que pretende aumentar la transparencia y trazabilidad de los gastos electorales efectuados a través de plataformas digitales.
La iniciativa apunta a una pregunta que hasta ahora no siempre tiene una respuesta fácil: quién está detrás de las cuentas que intervienen en una campaña, quién las financia y cuánto dinero se utiliza para amplificar sus contenidos.
La huella digital del dinero electoral.
El proyecto propone que partidos políticos y candidatos informen las cuentas y perfiles que operan, controlan o financian durante sus campañas.
La obligación incluiría aquellos instrumentos digitales que funcionen total o parcialmente de manera automatizada o mediante algoritmos.
El objetivo es facilitar la identificación de bots y redes coordinadas que participen en propaganda electoral y que puedan generar artificialmente la apariencia de respaldo ciudadano.
La iniciativa también contempla una sanción particularmente relevante: calificar como infracción grave la operación o financiamiento de redes de cuentas que difundan coordinadamente contenidos de campaña aparentando ser independientes entre sí.
El concepto es clave.
Una cosa es que distintas personas compartan espontáneamente un mensaje político. Otra muy diferente es que una estructura financiada coordine múltiples cuentas para generar la impresión de que una determinada opinión surge de manera espontánea desde la ciudadanía.
¿Dónde termina la opinión y comienza la propaganda?.
El proyecto pretende además transparentar el destino de los recursos utilizados en publicidad digital.
Los partidos y candidatos tendrían que informar los pagos efectuados a plataformas y prestadores extranjeros. Cuando intervenga una agencia o intermediario, también deberán especificar cuánto dinero corresponde a servicios y cuánto fue destinado propiamente a publicidad, además de indicar en qué plataformas se utilizó.
La intención es cerrar espacios que, en el mundo digital, pueden resultar difíciles de fiscalizar mediante las reglas tradicionales de gasto electoral.
Porque una campaña ya no necesita necesariamente contratar un espacio publicitario tradicional para invertir grandes cantidades de dinero en posicionar un mensaje.
Puede hacerlo mediante múltiples herramientas digitales, segmentación de audiencias, cuentas, plataformas y servicios tecnológicos.
Y precisamente ahí aparece uno de los principales desafíos para la fiscalización electoral.
El caso que inspiró el nombre.
El diputado Juan Santana (PS) explicó que la propuesta busca obligar a partidos y candidatos a declarar el nombre, la plataforma, el origen y el domicilio de los instrumentos digitales utilizados durante las campañas.
El parlamentario utilizó el denominado caso Cerimedo como contexto para explicar la iniciativa.
Santana afirmó que Fernando Cerimedo tuvo participación en la campaña presidencial de Brasil y lo vinculó con la difusión de cuestionamientos al resultado electoral que terminó con la elección de Luiz Inácio Lula da Silva.
El diputado sostuvo además que estrategias similares habrían sido replicadas en otros países de la región y durante el primer proceso constituyente chileno.
Estas afirmaciones forman parte del argumento político utilizado por el parlamentario para justificar el proyecto y deberán distinguirse de los hechos y obligaciones que finalmente establezca la legislación si la iniciativa avanza en el Congreso.
La preocupación por las operaciones coordinadas.
Más allá del nombre de la iniciativa, el proyecto aborda un fenómeno que se ha convertido en una preocupación creciente en las democracias: la utilización de redes sociales para amplificar artificialmente determinados contenidos políticos.
El problema no necesariamente está en una cuenta falsa o en un bot aislado.
El verdadero impacto puede producirse cuando decenas, cientos o incluso miles de perfiles actúan coordinadamente para instalar un mensaje, atacar a un adversario o generar la impresión de que existe una corriente de opinión mayoritaria.
El usuario común puede no tener ninguna posibilidad de distinguir entre una conversación espontánea y una operación digital organizada.
Por eso, la propuesta socialista pretende que la trazabilidad del financiamiento y la coordinación de las cuentas formen parte de las obligaciones electorales.
Una regulación que también tendrá límites.
La iniciativa abre, sin embargo, un debate delicado.
Combatir operaciones digitales financiadas y coordinadas puede fortalecer la transparencia electoral. Pero la regulación tendrá que establecer límites claros para no terminar confundiendo una operación organizada con el legítimo ejercicio de la libertad de expresión.
La dificultad estará precisamente en determinar dónde comienza una campaña encubierta y dónde termina la actividad espontánea de los ciudadanos.
Que cien personas publiquen el mismo mensaje no significa necesariamente que exista coordinación.
Pero si esas mismas cien cuentas son creadas, financiadas y administradas por una organización para aparentar apoyo ciudadano, el escenario es completamente diferente.
Esa frontera será uno de los principales desafíos que deberá enfrentar la discusión legislativa.
“No sigan haciendo de nuestra democracia un espacio para atacar”.
Santana sostuvo que el objetivo del proyecto es elevar las exigencias sobre las plataformas y perfiles utilizados en campañas para impedir que sean utilizados como herramientas destinadas a atacar, desprestigiar o destruir la imagen pública de adversarios.
“Lo que estamos haciendo es aumentar las exigencias”, planteó el parlamentario, con el propósito de evitar que estas plataformas terminen convirtiéndose en espacios de manipulación de la discusión política.
El planteamiento instala una discusión que probablemente irá adquiriendo mayor relevancia a medida que las campañas electorales dependan más de las redes sociales.
La campaña que no se ve.
La propaganda tradicional tiene una característica evidente: normalmente se puede identificar.
Un cartel tiene un candidato. Un aviso televisivo tiene un financista. Una franja electoral tiene responsables claramente establecidos.
En Internet, en cambio, la frontera puede ser mucho más difusa.
Puede existir una cuenta aparentemente personal, una red de perfiles que se replican entre sí, una agencia contratada por terceros o una campaña de publicidad segmentada cuyo alcance resulta difícil de observar desde fuera.
La “Ley Cerimedo” pretende precisamente llevar esa zona gris al terreno de la fiscalización electoral.
La discusión legislativa deberá determinar si las herramientas propuestas son suficientes, si son técnicamente aplicables y, sobre todo, cómo garantizar que la lucha contra la manipulación digital no termine convirtiéndose en una forma de controlar la expresión política legítima.
Porque el desafío de las próximas elecciones ya no será solamente contar votos.
También será posible que la democracia tenga que aprender a distinguir entre ciudadanos que hablan, campañas que comunican y redes que manipulan.
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