El agricultor recibió $205 por el trigo para un kilo de pan. El consumidor paga entre $2.000 y $3.500 por ese mismo kilo. Diez a diecisiete veces más.
Sorpresa nacional: el pan subió. La prensa lo descubre, los industriales lo lamentan, el Ministerio de Agricultura promete un estudio. Sólo faltaba que apareciera el culpable habitual y, por costumbre, apareció: el agricultor. Conviene, antes de firmar la condena, repasar la receta.
Para hacer un kilo de pan se necesitan aproximadamente 780 gramos de harina. ¿Y de dónde sale esa harina? De un kilo de trigo, que en el molino produce dos cosas: 780 gramos de harina —que terminan en el pan— y 220 gramos de afrecho —que el molino vende aparte a la industria pecuaria—. El precio mayorista del afrecho ronda los $70 el kilo; al detalle, en distribuidores del sur como FEROSOR en Osorno, sobrepasa los $280 el kilo con IVA.
Cada eslabón cobra lo suyo. Hagamos el cálculo limpio.
El molino pagó $220 por el kilo de trigo, pero el flete a planta lo asume el productor: $15. Es decir, el agricultor recibió, en su mano, $205. ¿Y el molino? Vendió aparte los 220 gramos de afrecho a la industria pecuaria y recuperó otros $15. Costo neto del trigo para fabricar harina: $205. Exactamente lo mismo que recibió el productor. El ingrediente principal del pan, después del afrecho, no le costó al molino un peso más del que el agricultor descontó de su bolsillo por el flete. Y ese kilo, en góndola, se vende a $2.000, $2.500, $3.500.
Léalo de nuevo, porque importa: entre los $205 que recibió quien lo sembró y los $3.500 que paga quien lo come, alguien está haciendo un trabajo notable. No es el campo. Tampoco la dueña de casa.
Y para que no quede duda de cuán capturado está el mercado, basta entrar al sitio oficial de Compañía Molinera San Cristóbal y mirar la tabla de “Precios base para la compra de trigo nacional”. Lo que está publicado, hoy, es esto: Planta Santiago, cerrada. Planta Maipú, cerrada. Planta Malloco, cerrada. Planta San Bernardo, cerrada. Las cuatro plantas de la Región Metropolitana, fuera del mercado del trigo nacional desde el 24 de enero de 2026. Cuatro meses sin comprar. Sólo opera la Planta Cajón, en Temuco, con un precio máximo de $265 el kilo —incluso para el Súper Fuerte, el trigo de mejor calidad—. No es metáfora: está publicado. Y si el principal molino industrial del país no compra, el productor remata o guarda. En cualquiera de los dos casos, la próxima cosecha no se siembra.
Circula otra explicación oficial para el alza del pan: subió porque subieron los fertilizantes. Es una hipótesis interesante. Sería útil que algún molinero o algún panadero nos confirme si incorporó urea en la receta del pan, porque hasta donde sabemos los fertilizantes los compra y los aplica el agricultor, no el horno. El alza de la urea sí está provocando un efecto, sólo que exactamente el contrario al que se nos cuenta: al productor no le subieron el trigo, no puede comprar fertilizante, no puede sembrar. Y entonces, el año que viene, no habrá trigo. Y entonces sí —no por la receta, sino por la siembra que nunca ocurrió— habrá menos pan. La culpa, otra vez, no será del agricultor: será del que decidió pagarle $205 por algo que no cubre ni la urea.
Y ya que estamos repartiendo culpas creativas, hagamos la lista completa de sospechosos: subió el saco de la harina, subió la electricidad del molino, subió el papel que envuelve la mantequilla. (Por la sal no nos preocupemos: la mantequilla no lleva mucha, esa la ignoramos.) Sería útil que la industria publicara cuánto pesan, en pesos, esos insumos en el costo final del pan o del kilo de mantequilla. Sospechamos que la cifra sería parecida a la que hoy se le atribuye al productor: tan menor, tan irrelevante, que no alcanza para explicar absolutamente nada del alza. Pero suena bien en el comunicado de prensa.
Y subamos el ojo al siguiente eslabón. Los camioneros que llevan el trigo desde el sur a los molinos, y después la harina y el pan hasta Santiago, vieron subir el petróleo bastante más de lo que subió el trigo en bodega. En cualquier economía que funcione, los grandes generadores de carga habrían reajustado el flete. ¿Lo que pasó acá? Nada. La tarifa al transportista quedó congelada. La diferencia la absorbe el camionero rural, y si no la aguanta, el camión queda en el patio. Eso también es un eslabón del precio del pan, y también es mundo rural.
La crisis tampoco era difícil de prever. Lo dijimos en septiembre de 2024, desde La Araucanía: la pérdida de 40.000 hectáreas de trigo iba a dejar al país, palabras de Camilo Guzmán, “en posición muy desventajosa frente al mundo”. Lo volvimos a decir en febrero de este año, en La Discusión y ante la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados: el trigo chileno se paga muy por debajo del precio internacional por efecto de un mercado oligopsónico. Nadie pescó. Hoy las panaderías anuncian alzas de 7% a 10%, el Ministerio se entera por la prensa, y a la dueña de casa le explican que el pan subió porque “los agricultores subieron sus precios”. Es enternecedor.
Hay algo más grande detrás, y casi nadie lo nombra: la economía chilena está capturada. Pocos compradores fijan el precio del trigo. Pocos generadores fijan la tarifa del flete. Pocas cadenas fijan el precio en góndola. El productor toma lo que le dan. El transportista toma lo que le dan. El consumidor paga lo que le cobran. En el medio, un sistema muy ordenado decide quién absorbe la pérdida y quién retiene el margen.
Mientras tanto, la política agroalimentaria real del país no se discute, se exporta. Cerezas a China, manzanas a Europa, salmones a Estados Unidos. Lo que da de comer adentro queda librado a esa misma estructura. Llame al Ministro de Agricultura. Llame a Antonio Walker, presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura. Llame al Presidente de la República. Ninguno se atreverá a desmentirlo; algunos hasta lo dirán con orgullo.
Aclaración para los nerviosos: no pedimos subsidios. Nunca los hemos pedido. Pedimos exactamente lo contrario —que terminen las distorsiones que premian al importador y castigan al productor, al transportista y al consumidor— porque el subsidio, cuando llega, lo paga el chileno más pobre. Y porque cuando el campo se vacía no se vacían sólo los agricultores: se vacía el camionero al que no le reajustaron el flete, el almacenero del pueblo, el mecánico de la cosechadora, la escuela rural que cierra por falta de niños.
Y como a no pocos chilenos les gusta untar la marraqueta con un poco de mantequilla, vale la pena seguir el cálculo hasta ese segundo gramo. La propia pauta de pago de Soprole, vigente desde el 01 de octubre de 2024, establece que la materia grasa de la leche se le paga al productor —en San Bernardo, zona centro— a $1.200 el kilo. Un kilo de mantequilla incorpora unos 820 gramos de esa grasa. El lechero, por tanto, recibió por esa materia prima alrededor de $984. Ese mismo kilo de mantequilla, marca Soprole, se vende en supermercados chilenos entre $10.760 y $17.160. Factor entre once y diecisiete veces. Quien acompaña su pan con mantequilla está, en los hechos, pagando dos veces el mismo abuso: una por la harina y otra por la grasa. La aritmética es siempre la misma, y siempre apunta al mismo lugar.
Y todavía falta el azúcar. Pregunte cuánto recibe el remolachero de Ñuble por cada kilo que usted paga a $1.000 en góndola. Y el arroz de Parral. Y el aceite. Y la papa. Una estructura concentrada define cuánto recibe quien produce y cuánto paga quien come, y se asegura de que las dos puntas —usted y nosotros— terminen perdiendo. El pan, esta semana, fue sólo el ejemplo del día.
Estamos, dueña de casa y agricultor, jugando el mismo partido. Y lo estamos perdiendo los dos. La diferencia es que algunos, en el medio, ganan los dos lados de la cancha.
Agricultores Unidos A. G.
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