El Presidente ratificó ante republicanos y libertarios su disposición a avanzar en los indultos de exuniformados condenados por hechos vinculados al estallido social. La señal buscaba contener la presión de sus aliados, pero dejó intacta la principal interrogante: cuándo y bajo qué criterios se concretarán.
Tras meses de espera y señales contradictorias, el Presidente José Antonio Kast entregó finalmente a los sectores más conservadores de su coalición la señal que venían reclamando: el Gobierno mantiene el compromiso de avanzar en los indultos para exuniformados condenados por hechos ocurridos durante el estallido social.
La confirmación se produjo durante las reuniones que el Mandatario sostuvo en el Palacio Presidencial de Cerro Castillo con representantes del Partido Republicano y del Partido Nacional Libertario. Dos encuentros políticos que, más allá de la agenda formal, tuvieron un denominador común: la presión de sus propios aliados para que La Moneda transforme una promesa en una decisión concreta.
El problema es que, por ahora, la señal sigue siendo eso: una señal.
Kast no comprometió fechas, no anticipó cuántos casos podrían ser beneficiados ni entregó públicamente un calendario para la aplicación de los indultos. La Moneda mantiene, además, la revisión de los antecedentes caso a caso, lo que permite al Ejecutivo conservar margen de maniobra, pero también prolonga la incertidumbre entre quienes esperan una definición presidencial.
Una señal que busca ordenar a la derecha.
En el Partido Republicano la lectura fue, al menos inicialmente, positiva. El senador Ignacio Urrutia aseguró que percibió en Kast una disposición “completamente distinta” respecto de encuentros anteriores.
“Mucho mejor a la que me había tocado verlo con anterioridad y espero que pronto tengamos novedades con respecto a esto”, señaló.
La frase resulta significativa porque revela que el problema no era únicamente la existencia de un compromiso presidencial, sino la percepción de que ese compromiso no estaba avanzando con la velocidad que esperaban sus aliados.
La diputada Javiera Rodríguez también reconoció que los indultos constituyen una deuda pendiente para el sector. Según explicó, el tema volvió a ser planteado directamente al Presidente y este habría reafirmado su voluntad de avanzar.
“Para nosotros es una deuda pendiente, pero se lo volvimos a plantear y él es consciente de nuestro interés en que esto salga adelante y la decisión está en su cancha”, sostuvo.
La expresión “está en su cancha” resume buena parte del escenario político: los aliados de Kast ya no parecen cuestionar tanto su voluntad como su capacidad o disposición para convertirla en una decisión administrativa concreta.
Los libertarios tampoco bajan la presión.
Horas después, Kast recibió a representantes del Partido Nacional Libertario. Los indultos fueron incluidos dentro de una agenda mucho más amplia, que contempló seguridad, Agenda 2030, aborto y el proyecto Dominga, entre otras materias.
La diputada Paulina Muñoz calificó la señal presidencial como un primer paso, aunque dejó claro que el tema seguirá sobre la mesa.
“Es importante que se reconozca que hay un compromiso. Nosotros siempre vamos a insistir con el tema de los indultos”, afirmó.
El mensaje revela que el respaldo de los libertarios al Gobierno no equivale a un cheque en blanco. El sector busca que la administración de Kast avance en materias que considera centrales de su agenda y los indultos aparecen como una de las pruebas concretas de hasta dónde está dispuesto a llegar el Ejecutivo.
A través de sus redes sociales, Kast agradeció posteriormente el encuentro con la bancada y con Kaiser, destacando las conversaciones sobre los desafíos del Gobierno, las iniciativas legislativas y otros asuntos de contingencia.
El Presidente valoró especialmente las propuestas y el “apoyo en reformas clave” de un partido que, aunque no integra formalmente el Gobierno, constituye un actor relevante dentro de su base política.
La pregunta incómoda sigue sin respuesta.
El anuncio político permite a Kast bajar parcialmente la tensión con los sectores que lo han venido presionando. Sin embargo, también abre una pregunta inevitable: ¿Cuándo dejará de ser una promesa y comenzará a materializarse?
Septiembre avanza y, hasta ahora, no existe una fecha comprometida.
Ese vacío resulta particularmente relevante porque el Gobierno parece haber optado por una fórmula que permite mantener simultáneamente dos posiciones: reconocer ante sus aliados que existe voluntad de indultar, pero reservarse la decisión concreta para después de revisar individualmente los antecedentes.
Desde una perspectiva política, la estrategia entrega oxígeno. Evita un enfrentamiento frontal con republicanos y libertarios y, al mismo tiempo, mantiene abierta la posibilidad de que La Moneda module el alcance de los beneficios.
Pero desde la perspectiva de quienes exigen una definición, el problema permanece intacto.
Una cosa es ratificar un compromiso y otra muy distinta es ejercer la facultad presidencial.
Por ahora, Kast ha dado la primera señal. Falta la decisión.
Y mientras La Moneda revisa expedientes y evita comprometer plazos, sus propios aliados seguirán midiendo al Gobierno no por sus declaraciones, sino por el momento en que aparezcan los primeros indultos sobre la mesa.
La presión, por tanto, no desapareció en Cerro Castillo. Simplemente cambió de escenario: ahora la pelota está en La Moneda.
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