Chile enfrenta una doble exigencia: avanzar hacia la carbono neutralidad sin frenar el desarrollo y, al mismo tiempo, elevar los estándares ambientales de los proyectos que buscan transformar el territorio. La ingeniería, la gestión de riesgos y una tramitación ambiental más integrada aparecen como factores determinantes.
El Día Nacional del Medio Ambiente vuelve a poner sobre la mesa una discusión que Chile ya no puede abordar únicamente desde las declaraciones de buenas intenciones: cómo transformar los compromisos ambientales en acciones concretas capaces de compatibilizar crecimiento económico, protección de los ecosistemas y bienestar de las comunidades.
El país mantiene el objetivo de alcanzar la carbono neutralidad a más tardar en 2050, una meta que obliga a acelerar transformaciones en sectores tan diversos como energía, agua, infraestructura, transporte y actividad productiva.
Pero avanzar hacia una economía más sostenible no depende exclusivamente de incorporar nuevas tecnologías. También exige modificar la manera en que se diseñan, evalúan, construyen y operan los proyectos que tendrán efectos sobre el territorio.
Juan Pablo Salvo, gerente de Medio Ambiente de GHD en Chile, sostiene que el desafío involucra ámbitos como la gestión del agua, la protección de la biodiversidad, la adaptación al cambio climático, la transición energética y la modernización de los procesos de evaluación y permisos ambientales.
La sostenibilidad comienza antes de construir.
Una parte importante de las decisiones que determinan el impacto futuro de un proyecto se adopta mucho antes de que comiencen las obras.
Desde esta perspectiva, la ingeniería adquiere un papel relevante. Integrar desde las primeras etapas las distintas especialidades permite evaluar un proyecto como un sistema y detectar anticipadamente sus impactos, riesgos y oportunidades.
“La ingeniería cumple un rol fundamental, porque en las etapas tempranas de diseño se definen muchas de las decisiones que determinarán el desempeño futuro de los proyectos”, explica Salvo.
El desafío consiste en incorporar la sostenibilidad desde la concepción y no como una corrección posterior. Criterios como eficiencia en el uso de recursos, economía circular, reducción de impactos y adaptación al cambio climático pueden incorporarse al diseño desde el comienzo.
Cuando estas variables se consideran tardíamente, las alternativas para corregir impactos pueden ser más costosas, complejas o incluso inviables.
El riesgo no termina cuando comienza la obra.
El diseño, sin embargo, es solo una parte del problema. Un proyecto puede haber sido correctamente evaluado y aun así enfrentar desviaciones durante su construcción u operación.
Por ello, la gestión de riesgos y el monitoreo ambiental adquieren un papel decisivo. Contar con información oportuna permite detectar cambios, anticipar problemas y adoptar medidas antes de que una desviación termine afectando el desempeño ambiental o la continuidad de una iniciativa.
La lógica, en este caso, es sencilla: prevenir suele ser menos costoso que corregir.
Para Salvo, combinar ingeniería interdisciplinaria, criterios de sostenibilidad y una gestión sistemática de riesgos permite desarrollar proyectos más robustos y eficientes, con mejores condiciones para sostenerse durante todo su ciclo de vida.
El debate pendiente sobre los permisos ambientales.
La otra dimensión del problema está en la denominada “permisología”, concepto que suele utilizarse para describir las dificultades y tiempos asociados a la obtención de autorizaciones para desarrollar proyectos.
Pero reducir la discusión exclusivamente a la rapidez con que se entregan permisos puede resultar insuficiente.
Karen Lassalle, gerente de Evaluación Ambiental y Permisos de GHD en Chile, plantea que el desafío consiste no solo en simplificar los procedimientos, sino también en mejorar la calidad y articulación de las evaluaciones y estudios ambientales.
“El desafío no es únicamente simplificar permisos, sino elevar el estándar y la integración de las evaluaciones y estudios ambientales”, sostiene.
La diferencia es relevante. Una tramitación más rápida no necesariamente significa una mejor evaluación ambiental. El desafío está en conseguir procesos que entreguen certeza a los proyectos sin debilitar la identificación, evaluación y mitigación de sus impactos.
Comunidades: un factor que no puede quedar para el final.
La dimensión social también aparece como un elemento cada vez más relevante.
La incorporación temprana de las comunidades puede contribuir a identificar preocupaciones, explicar los alcances de una iniciativa y detectar conflictos antes de que estos escalen durante la evaluación o ejecución de un proyecto.
Para Lassalle, comunicar adecuadamente las soluciones ambientales antes de la evaluación puede contribuir a generar confianza entre las comunidades.
El punto de fondo es que la legitimidad social de un proyecto no se construye únicamente cuando ingresa al sistema de evaluación ambiental. Se juega mucho antes, en la forma en que se relaciona con el territorio y con quienes serán directamente afectados por sus decisiones.
Del compromiso ambiental a la ejecución.
Chile dispone de metas ambientales de largo plazo, pero cumplirlas requerirá algo más que fijar objetivos.
Será necesario diseñar proyectos capaces de responder simultáneamente a exigencias ambientales, técnicas, económicas y sociales; anticipar riesgos; utilizar eficientemente los recursos y generar mecanismos de diálogo que permitan reducir incertidumbres y conflictos.
En ese escenario, la ingeniería puede ser una herramienta para transformar objetivos de sostenibilidad en soluciones concretas. Pero su aporte dependerá también de cómo se articule con la regulación ambiental, la planificación territorial, la gestión pública y la participación de las comunidades.
El desafío del Día Nacional del Medio Ambiente, por tanto, no está solamente en recordar los compromisos asumidos por Chile. Está en determinar qué tan capaces somos de convertir esos compromisos en decisiones concretas y proyectos que puedan demostrar, en el territorio, que desarrollo y protección ambiental no tienen por qué ser objetivos incompatibles.
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