El movimiento se concretó en marzo-abril, en plena disputa electoral por el rectorado. Otros dos funcionarios también registraron importantes aumentos de remuneraciones: uno de ellos recibió un alza superior a $1,5 millones mensuales.
Las decisiones adoptadas en la Universidad de La Frontera (UFRO) en medio de su proceso electoral comienzan a generar cuestionamientos entre académicos y funcionarios, particularmente por una serie de promociones y aumentos de remuneraciones registrados durante marzo y abril de este año.
Entre los casos que despiertan mayor inquietud se encuentra el de la académica Maura Klenner Loebel, quien pasó desde la planta profesional a la planta académica de la universidad y, de acuerdo con los registros de Transparencia, modificó su régimen contractual desde dos medias jornadas a una jornada, con una remuneración de $3.235.835.
El dato que agrega un elemento político al caso es que Klenner Loebel fue anunciada por Luis Nitrihual —entonces decano y candidato a rector— como su apoderada de campaña.
En un correo enviado a funcionarios de la facultad durante el período electoral, Nitrihual informó que la académica estaría a cargo de coordinar las reuniones con las distintas unidades y personas que quisieran reunirse con él en su calidad de candidato.
La promoción a planta académica se produjo, según los antecedentes disponibles, en marzo de 2026, antes de la elección de rector.
La coincidencia temporal es precisamente uno de los aspectos que académicos de la UFRO cuestionan y que, a su juicio, amerita una explicación de las autoridades universitarias.
Aumentos que superan el millón de pesos.
El caso de Klenner Loebel no es el único que llama la atención.
Según los datos publicados por la propia universidad en su portal de Transparencia, el sociólogo Felipe Sáez Ardura pasó de registrar una remuneración de $1.189.346 en marzo de este año a $2.760.404 en abril.
La diferencia alcanza los $1.571.058 mensuales.
Un segundo caso corresponde a Eduardo Gallegos Krause, jefe de la carrera de Periodismo y funcionario identificado como cercano al decano Luis Nitrihual. En marzo de 2026 registraba dos medias jornadas que, en conjunto, representaban una remuneración de $2.724.929.
En abril, en cambio, su remuneración llegó a $3.715.598, lo que representa un incremento de $990.669 mensuales.
Además del aumento salarial, Gallegos Krause fue promovido a la planta académica.
Se trata, por tanto, de tres movimientos ocurridos prácticamente en el mismo período: dos cambios hacia la planta académica y aumentos relevantes de remuneración, además de un tercer incremento salarial superior a $1,5 millones.
La pregunta que surge entre miembros de la comunidad universitaria no es solamente cuánto aumentaron las remuneraciones, sino bajo qué criterios, en qué momento se adoptaron las decisiones y si fueron aplicados los mismos estándares a otros funcionarios que pudieran encontrarse en condiciones similares.
El factor oportunidad.
El contexto vuelve particularmente sensible la discusión.
La UFRO atraviesa un escenario financiero complejo y el rector Juan Manuel Fierro asumió la conducción de la institución con la tarea de enfrentar un déficit que ha obligado a la universidad a adoptar medidas de contención y revisar sus gastos.
En ese escenario, los incrementos salariales y modificaciones contractuales registrados durante los meses previos a la elección del nuevo rector generan cuestionamientos respecto de la oportunidad de las decisiones.
Académicos consultados señalan que el paso desde la planta profesional a la planta académica es una facultad que requiere la intervención de las autoridades de la respectiva facultad y que, tradicionalmente, estos procesos se realizan hacia fines de año, vinculados al nuevo ejercicio presupuestario.
«Es un tema de la oportunidad en la cual se hace y la discrecionalidad, porque hay varios colegas que podrían pasar», explicó un académico consultado.
Según el docente, el procedimiento habitualmente se desarrolla entre diciembre y enero, mientras que en los casos cuestionados los cambios se concretaron durante marzo y abril, es decir, en un período inmediatamente anterior al proceso electoral.
«Se hace en diciembre-enero con el nuevo presupuesto, no como fue esta vez, que fue en marzo-abril y en forma previa a elecciones», sostuvo.
¿Procedimiento administrativo o decisión discrecional?
El punto de fondo no es necesariamente si las promociones son legales o si las autoridades cuentan con atribuciones para realizarlas. La discusión que plantean los académicos apunta a algo distinto: los criterios utilizados y la oportunidad en que fueron aplicadas.
Si existen procedimientos regulares para promover a funcionarios desde la planta profesional a la académica, la interrogante es por qué en estos casos las decisiones se adoptaron en un período distinto al que, según académicos consultados, sería habitual.
Y si existen otros profesionales que reúnen condiciones para acceder a la planta académica, también surge la pregunta respecto de cuáles fueron los criterios utilizados para seleccionar a quienes recibieron el beneficio.
El caso de Maura Klenner Loebel añade una arista particularmente delicada: su condición de apoderada de campaña de quien competía por la rectoría.
Esto no permite, por sí solo, establecer que su promoción haya obedecido a razones electorales. Pero sí convierte la coincidencia entre ambas circunstancias en un asunto que requiere una explicación transparente por parte de la universidad.
Una universidad con déficit y nuevas remuneraciones.
La controversia se instala, además, en un contexto en que la UFRO enfrenta restricciones financieras.
En ese escenario, cada decisión que implique incrementar compromisos permanentes de remuneraciones adquiere una relevancia que va más allá de las personas directamente involucradas y pasa a formar parte de la discusión sobre cómo se administran los recursos de una universidad estatal.
Los antecedentes disponibles muestran aumentos que, sumados mensualmente, representan varios millones de pesos adicionales en remuneraciones. Por ello, la discusión no debería reducirse a si las autoridades tenían facultades administrativas para efectuar los cambios, sino también a si las decisiones respondieron a criterios objetivos, transparentes y generalizables.
AraucaníaDiario consultó formalmente a la facultad respecto de los criterios utilizados para estas promociones, la fecha en que fueron adoptadas, sus fundamentos administrativos y presupuestarios, y la situación particular de la académica Maura Klenner Loebel.
Al cierre de esta edición, la universidad no había entregado una respuesta formal.
La ausencia de una explicación oficial deja abierta una pregunta incómoda para la administración universitaria: ¿se trató simplemente de decisiones administrativas adoptadas conforme a criterios previamente establecidos o de decisiones cuya oportunidad y beneficiarios requieren una justificación adicional ante la comunidad universitaria?
La respuesta, en una universidad estatal que enfrenta un escenario financiero complejo y acaba de atravesar una elección de rector, no es un detalle administrativo. Es una cuestión de transparencia y confianza institucional.
Sugerencia editorial: antes de publicarla, yo verificaría documentalmente tres puntos: la fecha exacta de la promoción de Klenner Loebel, la resolución o acto administrativo que autorizó cada cambio y el mecanismo reglamentario utilizado para pasar de planta profesional a académica. Si consigues esos documentos, la nota puede subir bastante de nivel: podemos pasar de una denuncia basada principalmente en testimonios a una investigación sustentada en documentos, cronología y cifras, que es mucho más difícil de cuestionar.
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