La cita continental reúne a editores, periodistas y directivos de medios para debatir sobre las amenazas al ejercicio periodístico, las presiones judiciales, el acceso a la información y los desafíos de la inteligencia artificial. Ricardo Barría, editor de Araucanía Diario, advirtió que Chile tampoco está ajeno a las restricciones que afectan a la libertad de informar.
La defensa de la libertad de prensa, la seguridad de los periodistas y las nuevas amenazas al ejercicio informativo marcaron el inicio de la 82.ª Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que se desarrolla en Bogotá, Colombia, y que cuenta con la participación de Araucanía Diario.
El encuentro, que se extenderá hasta el 25 de octubre, reúne a editores, directores, periodistas y ejecutivos de medios de comunicación de las Américas para abordar los principales desafíos de la industria, entre ellos la violencia contra los profesionales de la prensa, las restricciones al acceso a la información, la sostenibilidad económica de los medios y el impacto de la inteligencia artificial.
En la apertura, el presidente de la SIP, Pierre Manigault, llamó a fortalecer la cooperación entre los medios y defender el periodismo independiente frente a las presiones políticas, económicas y tecnológicas.
«El deterioro de la libertad de prensa no se limita a países con instituciones frágiles. Incluso las democracias consolidadas muestran señales preocupantes de retroceso», advirtió Manigault.
El dirigente también manifestó preocupación por la violencia contra periodistas, las limitaciones para acceder a información pública y la utilización de acciones judiciales como mecanismo de presión contra los medios de comunicación.
En materia de sostenibilidad y transformación tecnológica, destacó la necesidad de una respuesta coordinada entre las organizaciones periodísticas. «La fragmentación reduce nuestra influencia. La cooperación nos da el alcance necesario para actuar», afirmó.
Bogotá adhiere a principios de libertad de prensa.
La ceremonia inaugural contó con la participación del alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, periodista de profesión, quien dio la bienvenida a los asistentes y formalizó la adhesión de su administración a los principios de la SIP, la Declaración de Chapultepec y la Declaración de Salta II.
La Declaración de Chapultepec, adoptada en 1994, establece diez principios fundamentales para la defensa de la libertad de expresión y de prensa como pilares de la democracia. Por su parte, la Declaración de Salta II, actualizada en 2024, aborda los desafíos que las nuevas tecnologías plantean para el ejercicio de estos derechos en el entorno digital.
Durante su intervención, Galán sostuvo que la defensa del periodismo debe comenzar por las propias autoridades.
«Tengo la firme convicción de que los esfuerzos para proteger, preservar y promover el periodismo en nuestro país deben comenzar por quienes gobernamos», afirmó.
El alcalde también expresó el compromiso de su administración con la prevención de la censura y de las agresiones contra quienes ejercen labores informativas, e instó a otros dirigentes colombianos a asumir una posición similar.
La adhesión adquiere relevancia en un contexto regional en el que las organizaciones periodísticas han advertido sobre las amenazas, la violencia y las distintas formas de presión que enfrentan los medios y sus profesionales.
Ricardo Barría: «Chile no está libre de las amenazas a la libertad de prensa».
En representación de Araucanía Diario, su editor, Ricardo Barría, planteó que la defensa de la libertad de prensa y de información no debe concentrarse exclusivamente en países donde la violencia contra periodistas alcanza niveles críticos. A su juicio, también es necesario examinar las restricciones y presiones que pueden afectar al periodismo en democracias como la chilena.
Barría advirtió sobre el uso de procedimientos judiciales que, según señaló, pueden terminar limitando la publicación de información de interés público o generando presiones sobre los medios.
«A medida que el poder se ve amenazado, a través del trabajo periodístico y el afán de informar a la población, surgen denuncias y se judicializa la censura hacia los medios a través de la orden de no innovar», sostuvo.
El editor también cuestionó el efecto que determinadas resoluciones judiciales pueden tener sobre la libertad de informar, particularmente cuando involucran la publicación de nombres o antecedentes que ya habían sido difundidos.
«No es poco frecuente que, a través del recurso de protección, las Cortes cedan a la demanda de censurar o acallar a los medios de comunicación, mientras que la desobediencia a borrar nombres —publicados de forma previa— se persiga con la denuncia de desacato», agregó.
Sus declaraciones ponen sobre la mesa una discusión relevante para el periodismo chileno: cómo compatibilizar la protección de los derechos individuales y el cumplimiento de las resoluciones judiciales con el derecho de la ciudadanía a recibir información de interés público.
El debate exige examinar cada caso a partir de sus antecedentes, las resoluciones correspondientes y los derechos involucrados, especialmente cuando las medidas judiciales pueden restringir la difusión de información.
Barría insistió en que la libertad de prensa debe ser defendida también en Chile, donde, según planteó, la publicación de información sobre personas condenadas o involucradas en investigaciones puede verse condicionada por decisiones judiciales.
«Nuestro país, donde informar el nombre de un violador o delincuente de cuello y corbata está sujeto a la voluntad de un juez, no está libre de las amenazas a la libertad de prensa y por eso se debe defender», concluyó.
Libertad de prensa ante los desafíos de la era digital.
La 82.ª Asamblea General de la SIP continuará hasta el 25 de octubre con debates sobre libertad de expresión, innovación, propiedad intelectual, sostenibilidad de los medios y relación con las audiencias.
La inteligencia artificial ocupa también un lugar relevante en la agenda, debido a sus efectos sobre la producción y distribución de contenidos, los derechos de autor y la viabilidad económica de las empresas periodísticas.
En este escenario, la discusión sobre la libertad de prensa trasciende la protección de los medios como instituciones. También comprende el derecho de la ciudadanía a acceder a información plural, conocer asuntos de interés público y fiscalizar el ejercicio del poder.
La participación de Araucanía Diario en este encuentro continental sitúa en el debate regional una preocupación que atraviesa a medios de distintos tamaños y territorios: garantizar que el periodismo pueda investigar, publicar y cuestionar a quienes ejercen el poder sin enfrentar amenazas, agresiones o restricciones arbitrarias.
La defensa de estas garantías requiere tanto el compromiso de las autoridades como la responsabilidad de los propios medios, el respeto por las normas vigentes y una discusión pública informada sobre los límites y las garantías del ejercicio periodístico.
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