Auditoría revela 78 órdenes de compra adjudicadas a proveedores vinculados por parentesco con funcionarios de la Municipalidad de Curacautín. El organismo contralor también detectó que trabajadores a honorarios gestionaban trámites particulares ante la propia repartición en la que prestaban servicios. Los antecedentes fueron remitidos al Ministerio Público.
La Municipalidad de Curacautín vuelve a quedar bajo el escrutinio de la Contraloría General de la República (CGR). Una nueva auditoría del organismo fiscalizador detectó millonarias operaciones con proveedores vinculados familiarmente a funcionarios municipales, además de situaciones que podrían comprometer el principio de probidad administrativa y que, por su gravedad, fueron remitidas al Ministerio Público.
El informe revela que durante los años 2024 y 2025, al menos 14 proveedores relacionados por parentesco de hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad con funcionarios municipales suscribieron contratos con la Municipalidad de Curacautín.
En total, se contabilizaron 78 órdenes de compra por $758.742.525, una cifra que pone bajo la lupa los mecanismos utilizados por el municipio para seleccionar y contratar a sus proveedores.
Pero el problema detectado por Contraloría no se limita al volumen de los recursos involucrados. La auditoría apunta directamente a una cuestión particularmente sensible para cualquier administración pública: los eventuales conflictos de interés y el deber de abstención de quienes participan en decisiones que pueden beneficiar a personas de su entorno familiar.
A ello se suma un segundo hallazgo: la contratación de una empresa en la que participa un funcionario municipal con la propia Municipalidad de Curacautín.
Funcionarios que gestionaban sus propios negocios.
El informe también expone una situación que resulta especialmente delicada desde la perspectiva de la probidad.
La Contraloría constató que funcionarios municipales que mantenían contratos con el municipio participaron o gestionaron expedientes de edificación correspondientes a asuntos particulares ante la Dirección de Obras Municipales (DOM).
Entre 2024 y 2025, tres funcionarios contratados a honorarios ingresaron expedientes de edificación ante la DOM en calidad de arquitectos patrocinantes, pese a mantener simultáneamente un vínculo contractual con la Municipalidad de Curacautín.
La situación adquiere mayor gravedad porque, de acuerdo con los antecedentes de la auditoría, los propios funcionarios participaban en las revisiones vinculadas a la aprobación de esas solicitudes.
Es decir, quienes prestaban servicios para el municipio también realizaban gestiones particulares ante la misma institución y, en determinados casos, intervenían en procedimientos que podían terminar resolviendo sus propios expedientes.
Más allá de las explicaciones administrativas que puedan existir para cada caso, el escenario descrito por Contraloría instala una pregunta inevitable: ¿Qué controles internos permitieron que funcionarios municipales pudieran encontrarse simultáneamente a ambos lados de determinados procedimientos administrativos?
Contraloría remite antecedentes al Ministerio Público.
Frente a los hallazgos, la Contraloría General de la República ordenó a la Municipalidad de Curacautín adoptar mecanismos de control destinados a impedir la contratación de proveedores que se encuentren legalmente inhabilitados.
Pero las consecuencias no quedaron circunscritas al ámbito administrativo.
El organismo fiscalizador dispuso remitir los antecedentes al Ministerio Público, abriendo así la puerta a que los hechos sean examinados desde una eventual perspectiva penal, si la investigación determina que existen antecedentes que lo ameriten.
Paralelamente, la Municipalidad de Curacautín inició los correspondientes sumarios administrativos para determinar eventuales responsabilidades de los funcionarios involucrados.
La nueva auditoría vuelve a poner sobre la mesa la capacidad del municipio para prevenir y detectar conflictos de interés en el uso de recursos públicos. Y, sobre todo, deja pendiente una cuestión de fondo: si fueron necesarios controles externos para detectar contratos millonarios con vínculos familiares y funcionarios realizando gestiones particulares dentro de la propia estructura municipal, cabe preguntarse qué tan eficaces estaban siendo los mecanismos internos de control.
Ahora serán las investigaciones administrativas y, eventualmente, el Ministerio Público, los que deberán determinar si las irregularidades detectadas constituyen además responsabilidades civiles, administrativas o penales.
——-&——–
Para cualquier comunicación, entrega de antecedentes de forma privada o denuncia,
a través del teléfono +56 9 9841 47462, WhatsApp +56 9 6419 5500, o al correo contacto@noticiascomunitarias.cl
"Para pensar, comentar y compartir"