Acusan al Servicio Agrícola y Ganadero de favorecer los intereses de empresas biotecnológicas y del sector semillero vinculadas a la modificación genética de cultivos.
La Red de Acción en Plaguicidas de Chile (RAP-Chile), junto a diversas organizaciones ambientales, de agricultores, apicultores y de consumidores, expresó profundas críticas al proceso impulsado por el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) en torno a la regulación de cultivos obtenidos mediante tecnologías como CRISPR/Cas9, conocidas internacionalmente como Nuevas Técnicas Genómicas (NTG). A juicio de las organizaciones, el proceso evidencia serias deficiencias tanto en materia de participación ciudadana como en el método usado para evaluar el material genético de los cultivos editados genéticamente.
En esa línea, denunciaron que el SAG no incorporó propuestas de modificación de la resolución en Consulta Pública ni observaciones sustantivas sobre los riesgos de la edición genética para la biodiversidad y la agricultura. La Consulta Pública (N.º 31.216/2025) se realizó en pleno periodo estival y estuvo abierta hasta el 13 de marzo. Según plantean, esta instancia habría operado más como un mecanismo de validación de decisiones previamente adoptadas que como un proceso participativo real, favoreciendo intereses de empresas biotecnológicas y del sector semillero vinculadas a la modificación genética de cultivos.
Uno de los puntos más controvertidos de este proceso es la autorización del trigo editado genéticamente (GM), aprobada en julio de 2025, sin regulaciones y bajo criterios que las organizaciones califican como arbitrarios. Dichos criterios -basados en una supuesta “equivalencia” con cultivos convencionales- son los que han sido definidos por las propias empresas desarrolladoras de estas tecnologías. Sin embargo, desde el ámbito científico, sostienen que no existe una base sólida para considerar equivalentes plantas que presentan modificaciones profundas en su genoma respecto de variedades convencionales.
RAP-Chile cuestionó además que el SAG no haya considerado los aspectos críticos y los riesgos de las NTG, particularmente en relación con su seguridad y nivel de precisión. María Elena Rozas, coordinadora nacional de RAP-Chile, advirtió que, en la práctica, el trigo editado fue evaluado mediante análisis poco exhaustivos, rápidos y de bajo costo, como es el método de la secuenciación de lectura corta del genoma, para determinar si corresponde o no a un organismo transgénico, lo que permitió clasificarlo como convencional y eximirlo de evaluaciones de riesgo más profundas previas a su introducción al ambiente y comercialización.
Rozas alertó que el no uso de técnicas más rigurosas (WGS por sus siglas en inglés), que permiten detectar posibles fragmentos de ADN extraño, pone en riesgo a la biodiversidad y la integridad de los sistemas agrícolas, especialmente los orgánicos, agroecológicos, biodinámicos y de permacultura.
Cabe destacar que ciertas características genómicas son difíciles de resolver sin longitudes de lectura más largas, que permiten detectar importantes variantes estructurales, entre otras, inserciones, detecciones, mutaciones, efectos fuera del objetivo (off-target) o inserciones genéticas en sitios aleatorios del genoma, etc., aspectos que se encuentran documentados en la literatura especializada.
Cuestionamientos a la respuesta del SAG.
A la propuesta de utilizar el método de secuenciación del genoma completo el SAG respondió que este método traería problemas debido a que, “imponerla como obligación general desnaturalizaría el enfoque caso a caso e introduciría cargas regulatorias desproporcionadas”. Este enfoque, promocionado y elogiado por las empresas biotecnológicas dueñas de las patentes, les facilita un tiempo de respuesta exprés de 20 días hábiles, gracias a su simplicidad y rapidez. Además, el eufemismo “Nuevas Técnicas de Mejoramiento” (NTB), usado por el SAG, por la industria biotecnológica y las empresas dueñas de las patentes, apunta al establecimiento de regulaciones poco rigurosas por parte del ente regulador.
Según señala María Elena Rozas, “si esta regulación no se modifica, les dará a las empresas dueñas de las patentes la posibilidad de eludir requisitos clave como la coexistencia (establecer distancias de seguridad) para evitar la contaminación de cultivos convencionales y ecológicos, así como la trazabilidad, el derecho a saber de agricultores y consumidores, y la definición de responsabilidades legales para las empresas titulares de patentes, incluyendo la obligación de responder ante eventuales daños a agricultores o ecosistemas”.
En este contexto, se advierte que las NTG y su regulación promovida y diseñada por grandes corporaciones biotecnológicas y actores dominantes en el mercado de semillas patentadas, pueden impactar negativamente a la agricultura convencional y a la ecológica. Al respecto, la coordinadora nacional de RAP-Chile advirtió que “la aprobación del trigo editado-GM y otros cultivos editados-GM, sin regulaciones rigurosas pone en riesgo a la apicultura, a la integridad del patrimonio natural y a los sistemas agrícolas, especialmente los orgánicos, agroecológicos y de permacultura, debido a las consecuencias en el ambiente imprevistas de las NTG y a las limitaciones de la técnica usada por el SAG para identificar rasgos controlados por múltiples genes.
Mujeres campesinas advierten riesgos para las semillas y la soberanía alimentaria.
Para Alicia Muñoz, dirigenta de la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (ANAMURI), uno de los aspectos más preocupantes de estas políticas es el riesgo de contaminación de las semillas criollas, con posibles consecuencias irreversibles para la biodiversidad.
Las mujeres rurales e indígenas históricamente han sido las principales custodias de las semillas. “Hablamos de un conocimiento profundo, heredado de nuestras abuelas, que nos enseñaron a cuidar y compartir las semillas sin depender de otros, y menos aún de las grandes corporaciones”.
La dirigenta de ANAMURI agregó que, al quedar las decisiones en manos de las corporaciones, deja de existir soberanía. Al respecto, afirmó que “la soberanía alimentaria es un patrimonio de los pueblos, al servicio de la humanidad y no de intereses empresariales. Lo que está en juego es la autonomía de los territorios y el futuro de la agricultura campesina, sostenida en gran parte por el trabajo de las mujeres”.
Impacto en agricultores y falta de protección.
Desde el mundo agrícola, las organizaciones advierten que la actual regulación deja a los productores en una situación de alta vulnerabilidad. En esa línea, Camilo Guzmán, presidente de la Asociación de Agricultores Unidos, señaló que no existen reglas claras que prevengan la contaminación genética, ni mecanismos que asignen responsabilidades o compensaciones en caso de que ésta ocurra. En ese escenario, un agricultor podría verse afectado por la presencia de material genético patentado en su campo —transportado incluso por factores naturales como el viento— sin contar con protección legal alguna.
Asimismo, advirtió que lo que está en juego no es únicamente la producción agrícola, sino también la preservación de las variedades tradicionales: “Aquí no se trata solo de un cultivo, sino del resguardo de semillas que comunidades campesinas e indígenas han conservado por generaciones en todo Chile”.
Guzmán agregó que la introducción del trigo editado podría profundizar la crisis del sector, no por la tecnología en sí misma, sino por la ausencia de herramientas básicas como el etiquetado y la trazabilidad. “Sin estas garantías, el consumidor no puede distinguir entre trigo convencional y trigo editado. Nadie puede asegurar hoy qué contiene el pan que compra”. A su juicio, esta situación limita el derecho a la información y afecta directamente tanto a productores como a consumidores.
Asimismo, planteó que la introducción del trigo editado podría profundizar la crisis del sector por la ausencia de herramientas básicas como el etiquetado y la trazabilidad. Esta situación impediría a consumidores y productores distinguir entre trigo convencional y trigo editado, afectando tanto el derecho a la información como el valor de las variedades tradicionales conservadas por comunidades campesinas e indígenas a lo largo del país.
En relación con la Consulta Pública, la Asociación de Agricultores Unidos denunció que el análisis de las 84 respuestas entregadas por el SAG revela el uso de solo tres textos estándar para responder el 95% de los comentarios, incluyendo aquellos con fundamentación técnico-científica. Observaciones relativas a efectos fuera del sitio objetivo, ausencia de protocolos de trazabilidad y riesgos legales asociados a la propiedad intelectual recibieron respuestas genéricas, sin abordar los argumentos de fondo.
A juicio de Agricultores Unidos, esto constituye un incumplimiento del deber de motivación establecido en el artículo 11 de la Ley N° 19.880, que exige que los actos de la Administración Pública sean fundados. El uso sistemático de respuestas estandarizadas frente a observaciones técnicas específicas vulneraría este principio, afectando la validez del procedimiento, por lo que exigen una modificación concreta del articulado antes de la firma de la resolución.
En términos prácticos, el proyecto permitiría que el trigo editado mediante CRISPR o cisgénesis sea tratado como semilla convencional, lo que tendría efectos directos sobre el sector triguero tradicional, afectando su competitividad, su seguridad jurídica y su capacidad de resguardar la integridad de sus cultivos.
Frente a este escenario, Agricultores Unidos —si bien no busca obstaculizar el desarrollo científico ni frenar la innovación en materia agrícola— anunció que recurrirá a las herramientas institucionales disponibles, incluyendo solicitudes formales de información al SAG, la presentación de antecedentes ante la Contraloría General de la República por eventuales vicios en el procedimiento administrativo, gestiones ante el Ministerio de Agricultura y coordinación con parlamentarios para revisar la resolución antes de su eventual aprobación.
Consumidores.
Hernán Calderón, presidente de la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios de Chile (CONADECUS), afirmó que “el derecho a la información oportuna y veraz está establecido en la Ley del Consumidor. No informar sobre el origen de los alimentos, ni advertir adecuadamente cuando se trata de productos orgánicos, transgénicos o modificados genéticamente, limita este derecho fundamental. Además, cuando estas prácticas pueden poner en riesgo la biodiversidad y la integridad de los sistemas agrícolas, se vulneran directamente los derechos de las y los consumidores, quienes deben contar con información clara para tomar decisiones informadas.
La mayoría de los 85 participantes en la consulta pública presentó comentarios con preocupaciones y observaciones de fondo que no fueron acogidos por el SAG. Gran parte de las observaciones proviene de organizaciones socioambientales, de agricultores, productores orgánicos, biodinámicos y agroecológicos, apicultores, municipios, comunidades indígenas y ciudadanía independiente. Por tanto, frente a las debilidades estructurales en participación efectiva de todas las personas involucradas —reuniones que debieron efectuarse antes de la presentación del proyecto de resolución— y falta de rigor técnico que presenta este proceso, solicitamos al SAG la apertura de una comisión asesora del Director Nacional en materias de Nuevas Técnica Genéticas que permita una amplia participación de todos los sectores y la revisión del proyecto de resolución, antes de su firma y publicación.
Editor: contacto@noticiascomunitarias.cl
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