Más de cinco décadas después del golpe de Estado, la Universidad Católica de Temuco recordó a Omar Venturelli, Víctor Oliva y Manuel Melín, tres integrantes de su comunidad afectados por la violencia política. La ceremonia no solo recuperó sus nombres, sino que volvió a plantear el papel de la institución universitaria frente a la memoria, los derechos humanos y la transmisión de una historia que comienza a alejarse de las nuevas generaciones.
Más de cinco décadas han transcurrido desde el golpe de Estado de 1973, pero sus consecuencias siguen formando parte de la historia de la Universidad Católica de Temuco. Este viernes, la institución volvió a detenerse ante esa memoria para recordar a tres integrantes de su comunidad: Omar Roberto Venturelli Leonelli, Víctor Eduardo Oliva Troncoso y Manuel Segundo Melín Pehuén, asesinados durante el período de la dictadura.
Sus nombres permanecen inscritos en el memorial ubicado en el Campus Monseñor Alejandro Menchaca Lira. Venturelli fue académico del Departamento de Educación; Oliva, estudiante de Pedagogía en Castellano; y Melín, egresado de Pedagogía en Enseñanza Básica.
No se trata, por tanto, de una memoria ajena o distante para la institución. Son historias que forman parte de su propia trayectoria y que obligan a mirar el pasado desde el interior de la comunidad universitaria.
La ceremonia reunió a autoridades de la UCT, entre ellas el vicerrector de Vinculación con el Medio y Compromiso Público, Enrique Riquelme; el vice gran canciller, presbítero Leonardo Villagrán; y el director de Vinculación con el Medio, Javier Villar. También participó Carlos Oliva, presidente de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos de La Araucanía y hermano de Víctor Oliva.
Una memoria que interpela a la universidad.
Para Carlos Oliva, la decisión de la universidad de mantener este espacio de memoria tiene un significado que excede una conmemoración anual.
Las universidades, planteó, no solo tienen la tarea de formar profesionales, sino también ciudadanos capaces de comprender la sociedad y su historia. Desde esa perspectiva, recordar a quienes fueron víctimas de la violencia política constituye también una forma de asumir una responsabilidad institucional.
El planteamiento adquiere especial relevancia en un momento en que la distancia generacional respecto de la dictadura es cada vez mayor. Para quienes nacieron décadas después de 1973, los acontecimientos que marcaron a sus familias, comunidades e instituciones pueden parecer parte de un pasado remoto.
Precisamente allí aparece uno de los principales desafíos de la memoria: cómo evitar que el paso del tiempo transforme hechos históricos y experiencias de violencia en simples referencias de calendario.
En la UCT, esa tarea se expresa en la decisión de mantener un memorial y volver periódicamente sobre las historias de quienes fueron parte de la comunidad. Pero también plantea una pregunta más profunda: qué significa para una universidad transmitir a sus estudiantes una historia marcada por la persecución, la muerte y las violaciones a los derechos humanos.
La Iglesia de La Araucanía y los años de dictadura.
La memoria institucional de la UCT también se cruza con la historia de la Iglesia Católica de La Araucanía durante la dictadura.
Monseñor Sergio Contreras Navia, quien asumió como obispo de Temuco en 1978, desarrolló una labor de acompañamiento y defensa de personas perseguidas y sus familias. Ese mismo año impulsó el Comité de Solidaridad del Obispado de Temuco, espacio que se vinculó con la defensa de los derechos humanos en la región.
A esa historia se suma la figura de monseñor Jorge Hourton, quien fue obispo auxiliar de Temuco y posteriormente rector de la Universidad Católica de Temuco. Durante los años de dictadura participó en iniciativas relacionadas con la defensa de los derechos humanos.
Son trayectorias correspondientes a distintos momentos y responsabilidades, pero permiten comprender el contexto histórico desde el cual la institución aborda hoy la memoria.
Recordar también es una responsabilidad.
Durante la ceremonia, Javier Villar sostuvo que la memoria permite reconstruir el sentido de comunidad a partir de principios fundamentales como la verdad, la justicia y la dignidad humana.
Pero su intervención también dejó planteado un desafío que va más allá de instalar memoriales o realizar actos conmemorativos.
La memoria, señaló, debe expresarse en la manera de educar, de relacionarse y de comprender el territorio.
Ese desafío resulta especialmente relevante en el ámbito universitario. Recordar no consiste únicamente en mantener vivos determinados nombres; implica preguntarse qué aprendizajes deja una historia de violencia y qué instituciones se quieren construir a partir de ella.
Más de cincuenta años después del golpe de Estado, Omar Venturelli, Víctor Oliva y Manuel Melín volvieron a ocupar un lugar central en la comunidad universitaria de la UCT.
Sus nombres, inscritos en un memorial, representan mucho más que una referencia al pasado. Son parte de una historia institucional que obliga a preguntarse cuánto se recuerda, cómo se transmite esa memoria y, sobre todo, qué compromiso existe para que hechos como aquellos no vuelvan a repetirse.
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