Frei Montalva y la agonía de la democracia antes del 11 de septiembre

El golpe de Estado de 1973 no ocurrió en el vacío. Fue el desenlace de una crisis política, institucional, económica y social que venía profundizándose desde antes. El testimonio de Eduardo Frei Montalva, protagonista y testigo de esos mil días, constituye una pieza incómoda pero indispensable para comprender cómo una democracia terminó quebrándose. Comprender ese proceso no significa justificar la dictadura: significa negarse a simplificar la historia.

El 11 de septiembre de 1973 no nació el 11 de septiembre. La intervención militar fue el desenlace de una crisis que durante meses —y, en una perspectiva más amplia, durante años— había erosionado las bases de la convivencia democrática chilena.

Gonzalo Vial la definió como una “acción dolorosa de las Fuerzas Armadas”. La frase es significativa porque sitúa el golpe en un contexto previo de creciente polarización, antagonismo político, violencia, enfrentamiento ideológico y pérdida progresiva de la capacidad de los actores para alcanzar acuerdos.

El golpe puso fin al gobierno de la Unidad Popular y, con él, a una determinada etapa de la historia política chilena. Pero sostener que la democracia comenzó a morir ese día es una simplificación histórica. La democracia chilena venía profundamente deteriorada y, para septiembre de 1973, se encontraba en una situación de extrema fragilidad.

Eso no convierte al golpe en un hecho deseable ni exonera a quienes posteriormente instauraron una dictadura. Pero tampoco permite borrar las responsabilidades políticas que precedieron al 11 de septiembre.

Frei Montalva: un testigo incómodo.

Eduardo Frei Montalva no fue un observador distante. Fue Presidente de Chile entre 1964 y 1970, dirigente de la Democracia Cristiana, opositor al gobierno de Salvador Allende, parlamentario y, finalmente, presidente del Senado. Vivió desde dentro el proceso que condujo al quiebre institucional.

Por eso, su testimonio constituye una fuente histórica particularmente relevante para aproximarse a los mil días de la Unidad Popular.

Frei fue categórico al evaluar ese período: “Los que destruyeron este país ahora se convierten en acusadores y defensores de la democracia, cuando aquí lo único que hicieron fue tratar de aniquilarla”.

Su juicio fue todavía más severo al atribuir “la responsabilidad íntegra” al régimen de la Unidad Popular y describir el período como “dramático, catastrófico y fracasado”.

Para Frei, no se trataba únicamente de una disputa electoral entre izquierda y derecha. Su crítica apuntaba al deterioro económico, al conflicto institucional, al cuestionamiento de la Constitución y las leyes, al intento de la Unidad Popular por ampliar su control sobre organizaciones sociales y a la creciente movilización política en las calles.

“Es muy difícil ignorar el fracaso y el destrozo sin precedentes que sufrió este país en menos de tres años”, sostuvo.

Son palabras que hoy pueden resultar incómodas, especialmente en una época en que el debate sobre 1973 tiende a organizarse en trincheras ideológicas. Pero precisamente por eso deben ser leídas y discutidas, no convenientemente omitidas.

Una democracia atrapada por la polarización.

Durante los últimos meses de la Unidad Popular, la violencia política, las huelgas, los enfrentamientos callejeros, la desconfianza y la radicalización fueron estrechando el espacio para el diálogo.

La revolución también comenzó a devorar a sus propios partidarios. Las posiciones más moderadas perdieron terreno frente a quienes entendían la confrontación como una etapa inevitable del proceso revolucionario.

El conflicto dejó de ser exclusivamente institucional. Se trasladó a las calles, a las organizaciones sociales y a distintos espacios de la vida cotidiana.

Después del paro de octubre de 1972, Salvador Allende recurrió a las Fuerzas Armadas para integrar un gabinete destinado a recuperar el orden y la normalidad pública, controlar el cumplimiento de la legislación sobre armas y garantizar el desarrollo de las elecciones parlamentarias de marzo de 1973.

La incorporación de militares al gabinete revelaba hasta qué punto la crisis había desbordado a la política civil.

La paradoja era evidente: para preservar la institucionalidad, el gobierno debía recurrir crecientemente a quienes terminarían protagonizando su ruptura.

Frei vuelve al Congreso.

En medio de esa crisis, Frei Montalva aceptó la petición de su partido y se presentó como candidato al Senado.

Su campaña electoral estuvo marcada por una idea central: Chile enfrentaba una disyuntiva histórica entre democracia y socialismo. El expresidente asumió un discurso frontal, responsabilizando a la Unidad Popular por el deterioro del país y presentándose como una figura destinada a contribuir a su recuperación.

Frei obtuvo la primera mayoría nacional y se convirtió en el segundo expresidente chileno en retornar al Congreso. Posteriormente asumió la presidencia del Senado.

Las elecciones parlamentarias de marzo de 1973 significaron una derrota política para la Unidad Popular, que no consiguió alcanzar la mayoría que necesitaba para consolidar su proyecto. Pero tampoco la oposición obtuvo la correlación de fuerzas suficiente para producir una salida institucional a la crisis.

El resultado fue, en los hechos, un empate político sin capacidad de administrar el conflicto.

Los gabinetes con participación militar tampoco consiguieron detener el deterioro. La incorporación de uniformados a tareas de gobierno, lejos de resolver la crisis, evidenciaba el agotamiento de las herramientas políticas disponibles.

Cuando la política se militarizó.

El historiador Cristián Garay ha resumido este proceso en una frase particularmente expresiva: la política se militarizó y los militares se politizaron.

La afirmación ayuda a comprender uno de los aspectos más peligrosos del período. Mientras sectores de la izquierda apostaban a la movilización y a la eventual división de las Fuerzas Armadas, otros actores comenzaban a considerar escenarios cada vez más extremos.

Entre ellos aparecían dos posibilidades que durante 1973 dejaron de parecer completamente remotas: la instauración de una dictadura marxista o el estallido de una guerra civil.

Gonzalo Vial describió la situación con crudeza al señalar que “los apóstoles de la violencia armada habían proclamado hallarse listos para el enfrentamiento” y que habían declarado reiteradamente que la lucha armada era inevitable.

En ese ambiente, el quiebre institucional dejó de ser una hipótesis abstracta.

El 11 de septiembre y la pregunta incómoda.

Llegados a este punto aparece una pregunta que sigue dividiendo a Chile: ¿era inevitable el golpe?

La respuesta histórica exige prudencia.

Decir que el golpe era inevitable puede convertir una secuencia de decisiones humanas en un destino predeterminado. Pero afirmar que el 11 de septiembre apareció de improviso, sin relación con la crisis previa, resulta igualmente insostenible.

Vial sostuvo que Frei justificó plenamente lo ocurrido, “no como deseable, pero sí como inevitable”.

Esa distinción resulta fundamental.

Comprender las causas que llevaron al quiebre democrático no equivale a justificar todo lo que ocurrió después. Explicar no es absolver. Analizar el deterioro de la democracia antes del golpe tampoco significa negar los crímenes, abusos y violaciones de los derechos humanos cometidos durante la dictadura.

Una sociedad democrática madura debería ser capaz de sostener simultáneamente ambas verdades.

El pasado que todavía incomoda.

Cincuenta y tres años después, Chile continúa discutiendo el significado del 11 de septiembre. El debate, con demasiada frecuencia, se reduce a una batalla por imponer una memoria política única: unos buscan explicar el golpe exclusivamente desde los errores de la Unidad Popular; otros pretenden explicarlo casi exclusivamente desde la intervención militar y sus consecuencias posteriores.

La historia, sin embargo, suele ser menos cómoda.

La democracia chilena no se quebró solamente por lo que ocurrió el 11 de septiembre. Llegó a ese día después de un largo proceso de polarización, enfrentamiento, errores políticos, deterioro institucional y pérdida de confianza entre adversarios que dejaron de verse como competidores legítimos y comenzaron a percibirse como enemigos irreconciliables.

Recordar esa secuencia no es nostalgia ni reivindicación. Es una advertencia.

El actual gobierno ha optado por no realizar un acto oficial en conmemoración del 11 de septiembre y ha señalado su intención de concentrarse en el futuro. Es una decisión política legítima. Pero ningún país construye un futuro democrático sólido si convierte su pasado en un territorio prohibido para el análisis.

No hay futuro sin memoria. Pero tampoco hay memoria útil cuando se transforma en propaganda.

Comprender por qué una de las democracias más estables de América Latina terminó quebrándose exige mirar también aquello que ocurrió antes del golpe, incluso cuando las conclusiones resulten incómodas para las convicciones políticas del presente.

Porque la lección más importante del 11 de septiembre no está solamente en recordar cómo terminó la democracia.

Está en entender cómo comenzó a agonizar.

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