Dirigentes de comunidades de cuatro regiones llegarán al Congreso para exigir el fin de una medida que, según sostienen, se transformó en permanente. Además, anunciaron una acción ante el Tribunal Constitucional y no descartan recurrir a organismos internacionales.
Una nueva ofensiva política y judicial se prepara en la Macrozona Sur para intentar poner fin al Estado de Excepción Constitucional de Emergencia que actualmente rige en La Araucanía y en las provincias de Arauco y Biobío.
Dirigentes mapuche de las regiones del Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos anunciaron que concurrirán al Congreso para entregar un informe a los presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado, documento con el que buscarán cuestionar tanto la extensión de la medida como su efectividad para resolver el conflicto que enfrenta al Estado con parte del pueblo mapuche.
Pero la ofensiva no quedará circunscrita al Congreso.
Los dirigentes también confirmaron que recurrirán al Tribunal Constitucional y que, dependiendo de la evolución del escenario, no descartan acudir a tribunales u organismos internacionales.
La crítica: una excepción que se volvió permanente.
El cuestionamiento central apunta a la duración del Estado de Excepción.
A juicio de las organizaciones participantes, una herramienta concebida constitucionalmente para enfrentar situaciones extraordinarias terminó convirtiéndose en una medida prácticamente permanente en determinadas zonas del sur del país.
El vocero del Consejo de Todas las Tierras, Aucán Huilcamán, sostuvo que los parlamentarios no pueden continuar aprobando sucesivas prórrogas sin abordar las causas profundas del conflicto.
Su argumento apunta directamente al Congreso: si el Estado de Excepción requiere renovaciones periódicas, son los propios parlamentarios quienes deben pronunciarse una y otra vez sobre su continuidad.
La estrategia anunciada busca, precisamente, poner esa discusión sobre la mesa.
La disputa no sería solo de seguridad.
Para Huilcamán, el problema de fondo no se resolvería mediante una mayor presencia militar o policial.
El dirigente sostiene que existe una cuestión política y territorial pendiente entre el Estado chileno y el pueblo mapuche, además de una situación de desigualdad que, según plantea, tampoco ha sido resuelta.
Es un argumento que desplaza el eje del debate desde la seguridad hacia la legitimidad política del Estado en determinados territorios.
Pero ahí aparece uno de los principales nudos de la discusión.
Mientras las organizaciones mapuche cuestionan la excepcionalidad y permanencia de la medida, el Estado y quienes respaldan su continuidad han sostenido que las condiciones de seguridad en la Macrozona Sur justifican mantener herramientas extraordinarias.
Por eso, el debate difícilmente se resolverá solo en términos jurídicos.
La controversia es, al mismo tiempo, política, territorial y de seguridad pública.
El argumento que llegará al Tribunal Constitucional.
La acción anunciada ante el Tribunal Constitucional agrega un componente particularmente relevante.
Los dirigentes sostienen que la situación jurídica del pueblo mapuche y los tratados celebrados históricamente con el Estado chileno configurarían un marco especial que debe ser considerado al momento de evaluar la aplicación del Estado de Excepción.
Huilcamán afirmó que la Macrozona Sur “goza de un estatuto jurídico especial” y que los tratados celebrados entre el pueblo mapuche y el Estado chileno permanecerían plenamente vigentes.
Será precisamente ante el Tribunal Constitucional donde deberá determinarse si los argumentos jurídicos planteados tienen sustento suficiente para cuestionar la aplicación de la medida.
No se trata, por tanto, simplemente de una nueva protesta contra la presencia militar en la zona. Las organizaciones anuncian una estrategia que busca trasladar la disputa desde las calles y el debate político hacia las instituciones encargadas de resolver controversias constitucionales.
Un conflicto que tampoco desaparece con el Estado de Excepción.
La ofensiva mapuche vuelve a poner sobre la mesa una discusión que Chile arrastra desde hace años.
El Estado de Excepción puede ser evaluado desde sus resultados en materia de seguridad, pero no necesariamente puede considerarse una respuesta definitiva a un conflicto histórico que incluye demandas territoriales, reivindicaciones políticas, hechos de violencia, delitos, problemas de seguridad y profundas diferencias respecto de la relación entre el Estado y el pueblo mapuche.
En ese sentido, existe una pregunta que ninguna de las partes puede esquivar:
¿Cuánto tiempo puede mantenerse una medida excepcional sin que termine convirtiéndose, en los hechos, en una política permanente?
Y existe otra, igualmente incómoda:
¿Qué alternativa concreta reemplazaría al Estado de Excepción si este fuera levantado?
Las comunidades mapuche ya anunciaron su posición. Ahora corresponde que el Congreso, el Gobierno y eventualmente el Tribunal Constitucional respondan desde sus respectivas competencias.
Porque terminar con una medida excepcional no elimina por sí mismo las causas del conflicto.
Del mismo modo, mantener indefinidamente una medida excepcional tampoco garantiza resolverlas.
La nueva batalla.
Con el anuncio de recurrir al Congreso, al Tribunal Constitucional y eventualmente a instancias internacionales, las organizaciones mapuche buscan abrir una nueva etapa de presión institucional.
La disputa, por lo tanto, podría dejar de estar concentrada exclusivamente en el terreno de la seguridad y trasladarse con mayor fuerza al ámbito político y jurídico.
El desafío para el Estado será demostrar que el Estado de Excepción responde a una necesidad concreta, temporal y constitucionalmente justificada.
El desafío para quienes buscan terminar con él será demostrar que existen alternativas capaces de garantizar seguridad y convivencia en los territorios donde persisten hechos de violencia.
Entre ambos extremos permanece una realidad que ninguna declaración política puede borrar: el conflicto de la Macrozona Sur continúa sin una solución integral y el Estado de Excepción, después de años de prórrogas, sigue siendo uno de sus principales puntos de controversia.
——&——–
Para cualquier comunicación, entrega de antecedentes de forma privada o denuncia,
a través del teléfono +56 9 9841 47462, WhatsApp +56 9 6419 5500, o al correo contacto@noticiascomunitarias.cl
"Para pensar, comentar y compartir"