La Fiscalía las formalizó por dos delitos de homicidio simple frustrado y maltrato corporal relevante contra otros 11 adultos mayores. La PDI rescató a 13 personas desde el recinto, mientras la autoridad sanitaria decretó su prohibición de funcionamiento.
Un grave caso de presunto maltrato y abandono de adultos mayores quedó al descubierto en Traiguén, donde dos mujeres fueron enviadas a prisión preventiva tras ser acusadas de mantener en funcionamiento un hogar de ancianos sin las autorizaciones correspondientes y bajo condiciones que la Fiscalía calificó como altamente preocupantes.
Durante la audiencia de formalización realizada este lunes, el Ministerio Público imputó a ambas mujeres por dos delitos de homicidio simple frustrado, debido al delicado estado de salud en que se encontraban dos de los adultos mayores que permanecían en el inmueble y que debieron ser trasladados a un centro asistencial.
Ambas víctimas se encontraban en riesgo vital.
La investigación también estableció, según la Fiscalía, antecedentes de maltrato corporal relevante respecto de otros 11 adultos mayores, quienes permanecían en el recinto en condiciones de salud calificadas como deplorables.
El fiscal jefe de Traiguén, Marco Pavez, expuso ante el tribunal los antecedentes que sustentan las imputaciones.
Medicamentos vencidos y condiciones críticas.
La situación adquiere una gravedad adicional en el caso de una de las imputadas, quien además fue formalizada por mantener medicamentos vencidos en el recinto, los que —según la investigación— eran suministrados a los adultos mayores que se encontraban bajo su cuidado.
No se trata, por tanto, únicamente de un establecimiento que funcionaba al margen de las autorizaciones exigidas por la autoridad.
Lo que ahora deberá determinar la investigación es cómo se llegó a una situación en la que personas de avanzada edad, presumiblemente dependientes de terceros para su cuidado, permanecían en condiciones que terminaron con dos de ellas en riesgo vital.
Trece adultos mayores fueron rescatados.
Tras conocerse los antecedentes, la Policía de Investigaciones intervino el inmueble y rescató a 13 adultos mayores que permanecían en el lugar.
La cifra resulta especialmente relevante: trece personas estaban bajo el cuidado de un establecimiento que, de acuerdo con los antecedentes expuestos ante el tribunal, no contaba con las autorizaciones necesarias para funcionar como residencia de adultos mayores.
La autoridad sanitaria, por su parte, inició un sumario sanitario y decretó la prohibición de funcionamiento del recinto.
Además, se estableció un plazo de siete días hábiles para que los adultos mayores fueran entregados a sus familiares o tutores.
Prisión preventiva.
La Fiscalía solicitó la prisión preventiva de ambas imputadas, argumentando que su libertad constituía un peligro para la seguridad de la sociedad.
El Juzgado de Garantía de Traiguén acogió la petición y decretó la prisión preventiva mientras avanza la investigación.
El tribunal estableció un plazo de tres meses para desarrollar las diligencias destinadas a esclarecer las circunstancias en que funcionaba el recinto y determinar las eventuales responsabilidades penales de las imputadas.
Una alerta sobre el cuidado de los adultos mayores.
Más allá de las responsabilidades que deberán determinar los tribunales, el caso vuelve a poner sobre la mesa una realidad particularmente delicada: el cuidado de personas mayores que, por su condición física o de salud, dependen completamente de terceros.
Cuando una persona ingresa a un establecimiento destinado a su cuidado, existe una expectativa mínima de protección, alimentación, higiene, atención médica y seguridad.
En Traiguén, según los antecedentes presentados por la Fiscalía, esa obligación habría sido gravemente vulnerada.
Dos adultos mayores terminaron en riesgo vital y otros 11 presentan antecedentes de presunto maltrato corporal relevante.
Ahora será la investigación la que deberá establecer qué ocurrió al interior del inmueble, durante cuánto tiempo se mantuvieron esas condiciones y quiénes tuvieron responsabilidad en ellas.
Por ahora, la decisión judicial es clara: las dos imputadas permanecerán privadas de libertad mientras la Fiscalía intenta reconstruir cómo un lugar destinado al cuidado de adultos mayores terminó convertido, presuntamente, en un recinto donde la integridad y la vida de sus propios usuarios estuvieron en riesgo.
——&——–
Para cualquier comunicación, entrega de antecedentes de forma privada o denuncia,
a través del teléfono +56 9 9841 47462, WhatsApp +56 9 6419 5500, o al correo contacto@noticiascomunitarias.cl
"Para pensar, comentar y compartir"