Francisco Ljubetic, el delegado provincial de Malleco y la totalidad de los seremis de La Araucanía se sometieron voluntariamente a exámenes toxicológicos. El Gobierno presenta los resultados como una señal de transparencia y probidad, mientras impulsa una reforma constitucional para convertir estos controles en una obligación permanente para distintas autoridades del Estado.
El delegado presidencial de La Araucanía, Francisco Ljubetic, junto al delegado provincial de Malleco, Víctor Manoli, y la totalidad de los secretarios regionales ministeriales (seremis), se sometieron voluntariamente a exámenes toxicológicos destinados a detectar consumo de sustancias ilícitas. El resultado, según informó la propia Delegación, fue categórico: todos los exámenes resultaron negativos.
La decisión fue presentada por el Gobierno como una señal concreta de transparencia, probidad y responsabilidad en el ejercicio de cargos públicos, en momentos en que el Ejecutivo busca instalar los controles antidrogas como uno de los mecanismos de fiscalización sobre las autoridades.
“Como Gobierno tenemos un compromiso permanente con la transparencia, la probidad y el correcto ejercicio de la función pública”, afirmó Ljubetic, quien destacó que tanto él como el delegado provincial y los seremis decidieron someterse al procedimiento.
El delegado sostuvo que la medida busca entregar una señal de confianza a la ciudadanía y a las familias de La Araucanía.
Más que un examen.
Los resultados negativos no constituyen solamente una fotografía toxicológica del gabinete regional. La iniciativa forma parte de una política más amplia impulsada por el Gobierno del Presidente José Antonio Kast, que pretende elevar los estándares de control sobre quienes ejercen responsabilidades públicas.
En esa línea, el Ejecutivo ha planteado una reforma constitucional que busca establecer con carácter permanente la obligación de realizar exámenes de drogas a determinadas autoridades del Estado y contempla, además, el cese de funciones en caso de resultados positivos.
La propuesta abre un debate que trasciende el resultado de los exámenes realizados en La Araucanía: hasta dónde deben llegar los mecanismos de control sobre las autoridades y qué consecuencias deben enfrentar quienes incumplan los estándares exigidos para ejercer una función pública.
Desde el Gobierno, la respuesta apunta a reforzar los controles y asociarlos directamente con la confianza ciudadana.
“La transparencia por delante”.
El seremi de Gobierno, Felipe Montero, valoró los resultados y aseguró que el gabinete regional se encuentra alineado con las políticas impulsadas por el Ejecutivo.
“Podemos comunicar que la totalidad del gabinete regional se encuentra con sus test negativos”, señaló el vocero, quien agregó que la medida busca poner la transparencia y la ética “por delante” y entregar tranquilidad a la ciudadanía respecto de quienes ocupan cargos de responsabilidad pública.
El argumento oficial es que quienes ejercen funciones de autoridad deben contar no solo con las competencias profesionales y políticas para desempeñarse en sus cargos, sino también con estándares éticos que permitan garantizar el adecuado cumplimiento de sus responsabilidades.
En ese contexto, el Gobierno anunció que los controles toxicológicos continuarán durante el año. De acuerdo con lo informado por Montero, las autoridades regionales serán sometidas en dos oportunidades durante 2026 a este tipo de examen.
Así, lo que comenzó en La Araucanía como un procedimiento voluntario del gabinete regional busca transformarse en una política permanente de control para las autoridades públicas.
Por ahora, el resultado regional es uno solo: cero positivos entre las autoridades que participaron del examen. El desafío para el Ejecutivo será determinar si esta señal voluntaria de probidad consigue convertirse en un estándar institucional permanente y, sobre todo, si la ciudadanía percibe estos controles como una herramienta efectiva de transparencia y no únicamente como un gesto comunicacional.
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