Un registro de la patrulla policial habría sido determinante para descartar, hasta ahora, la tesis de la legítima defensa. El cabo primero Sebastián Zárate Palma permanece en prisión preventiva, imputado por el homicidio del rapero Gabriel Utreras, conocido como Vejetal.
La muerte de Gabriel Utreras Sanhueza, conocido en el mundo del hip-hop como Vejetal, vuelve a poner bajo cuestionamiento el actuar de funcionarios policiales durante un procedimiento que terminó con un joven muerto a manos de Carabineros.
El cabo primero Sebastián Zárate Palma, quien permanece en prisión preventiva e imputado como presunto autor del homicidio de Utreras, fue dado de baja de la institución luego de que nuevos antecedentes audiovisuales pusieran en cuestión la versión inicialmente entregada sobre lo ocurrido.
Y es precisamente allí donde el caso adquiere una dimensión especialmente grave.
De acuerdo con los antecedentes de la investigación, tras el mortal disparo los funcionarios habrían presentado una versión de los hechos que apuntaba a justificar el uso del arma de fuego como un acto de legítima defensa. Sin embargo, un registro captado por la cámara de la patrulla policial en la que se desplazaban ambos funcionarios permitió reconstruir parte de la secuencia y contrastarla con aquella primera versión.
La existencia de ese registro resulta particularmente relevante porque, según los antecedentes conocidos, las cámaras corporales de los funcionarios fueron encendidas sólo minutos después del disparo que terminó con la vida de Utreras.
La evidencia audiovisual habría sido determinante para que la Fiscalía cuestionara la hipótesis de legítima defensa y formalizara a Zárate Palma por el homicidio del joven rapero.
El segundo funcionario involucrado, el cabo segundo Manuel Méndez Muñoz, quedó sujeto a medidas cautelares menos intensas y es investigado por el delito de obstrucción a la investigación, en relación con su actuación posterior al procedimiento.
De esta manera, la investigación judicial no sólo busca determinar las circunstancias en que Sebastián Zárate disparó contra Gabriel Utreras. También deberá establecer qué ocurrió después de los disparos y, particularmente, si existió una conducta destinada a entregar a la investigación una versión distinta de lo que realmente había sucedido.
La propia institución policial reconoció que los antecedentes audiovisuales fueron determinantes para adoptar medidas contra el funcionario.
“Pudimos tener acceso a los videos, determinando que en la responsabilidad del funcionario de Carabineros que efectuó los disparos no está acreditada la legítima defensa, y se procedió a la baja de las filas de la institución al cabo primero que está detenido. El otro funcionario está sometido a sumario”, señaló el jefe de Zona de Carabineros en La Araucanía, general Miguel Herrera.
El reconocimiento adquiere especial relevancia: la institución no sólo decidió apartar de sus filas al funcionario que efectuó los disparos, sino que además mantiene bajo investigación administrativa al segundo policía que participó del procedimiento.
Una cámara que cambió el relato.
El caso deja planteado uno de sus aspectos más inquietantes: la distancia entre la primera versión entregada tras la muerte de Utreras y lo que posteriormente habría quedado registrado en video.
Sin ese registro, la reconstrucción de los hechos habría quedado esencialmente condicionada por el relato de los propios funcionarios que participaron en el procedimiento.
Es precisamente por ello que la evidencia audiovisual se transforma en un elemento central. No se trata únicamente de establecer quién efectuó los disparos, sino de determinar si después de la muerte de Gabriel Utreras existió un intento por presentar lo ocurrido de una manera que favoreciera la tesis de la legítima defensa.
La justicia tendrá ahora que determinar las responsabilidades penales correspondientes. Pero existe una cuestión que trasciende la situación procesal de los dos funcionarios: cuando un procedimiento policial termina con una persona muerta, la transparencia del actuar de quienes participaron en él no puede depender de que una cámara accidentalmente haya registrado aquello que las cámaras corporales no captaron en el momento decisivo.
La muerte de Gabriel Utreras no sólo deberá ser esclarecida por el disparo que terminó con su vida. También por todo lo que ocurrió después.
Porque si la evidencia audiovisual permitió modificar sustancialmente la comprensión de los hechos, la pregunta resulta inevitable: ¿Qué versión habría quedado instalada si esa cámara de la patrulla no hubiese estado grabando?
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