El máximo tribunal inicia este miércoles el análisis de los casos de 56 magistrados que quedaron bajo la lupa por viajar al extranjero mientras se encontraban con licencia médica. Nueve de ellos pertenecen a La Araucanía y arriesgan la salida del Poder Judicial.
La Corte Suprema comienza este miércoles 2 de septiembre una revisión que podría terminar con la remoción de decenas de magistrados del Poder Judicial. Entre los 56 jueces y ministros que quedaron bajo investigación disciplinaria se encuentran nueve integrantes de tribunales de La Araucanía, quienes arriesgan la máxima sanción administrativa: ser expulsados de sus cargos.
El origen del proceso está en el uso de licencias médicas y, particularmente, en casos en que funcionarios judiciales habrían salido del país mientras se encontraban con permiso médico vigente, manteniendo durante ese período el pago de sus remuneraciones y la obligación de guardar reposo.
La decisión de abrir los denominados cuadernos de remoción fue adoptada por la propia Corte Suprema, que deberá ahora determinar si las conductas investigadas revisten una gravedad suficiente como para comprometer la idoneidad de los magistrados para continuar ejerciendo sus funciones.
La presidenta del máximo tribunal, ministra Gloria Ana Chevesich, explicó que la decisión inicial fue adoptada en una votación dividida.
“Se decretó abrir cuaderno de remoción en 42 causas. Se desestimó abrirlo en 13 casos y en nueve se produjo empate”, señaló la ministra, precisando que la votación terminó con ocho ministros a favor de abrir los procedimientos y ocho en contra.
Tras la notificación de las resoluciones, cada magistrado deberá presentar sus descargos y también será requerido un informe a la respectiva Corte de Apelaciones. Con esos antecedentes, la Corte Suprema deberá resolver si corresponde avanzar hacia una eventual remoción.
Entre 37 y 42 horas para revisar los casos.
El proceso que comienza este miércoles no será una revisión meramente formal. La Corte Suprema estima que el análisis de los 56 expedientes podría demandar entre 37 y 42 horas de trabajo, distribuidas en aproximadamente seis o siete jornadas.
Cada cuaderno de remoción podría requerir entre 40 minutos y una hora de análisis, antes de que los ministros adopten las decisiones correspondientes.
La magnitud del procedimiento refleja también la gravedad institucional del asunto. No se trata simplemente de determinar si existió una infracción administrativa, sino de establecer si la conducta de un juez resulta incompatible con la responsabilidad y probidad exigidas para ejercer la función jurisdiccional.
Nueve casos en La Araucanía.
La situación adquiere especial relevancia en La Araucanía, donde nueve magistrados quedaron incluidos en el proceso de remoción.
Se trata de cuatro jueces de tribunales orales —algunos de ellos con funciones en Temuco—, cuatro magistrados de juzgados de garantía y/o letras, además de una jueza de un juzgado de familia.
Todos ellos deberán enfrentar ahora el escrutinio del máximo tribunal del país y explicar las circunstancias que rodearon sus salidas al extranjero durante períodos en que se encontraban haciendo uso de licencias médicas.
La eventual remoción no es automática. La apertura de un cuaderno constituye el inicio de un procedimiento en el que los afectados tienen derecho a formular sus descargos y aportar antecedentes. Será la Corte Suprema la que, una vez analizados esos elementos, determine si las conductas justifican una sanción de la máxima gravedad.
La señal que enfrenta el Poder Judicial.
El proceso ocurre, además, en un contexto en que el uso irregular de licencias médicas ha provocado una fuerte reacción en distintos organismos del Estado. Funcionarios públicos y municipales también han enfrentado investigaciones y sanciones por conductas similares.
Pero en el caso de los jueces existe un componente adicional: la legitimidad del Poder Judicial depende, en buena medida, de que quienes administran justicia sean percibidos como especialmente rigurosos en el cumplimiento de las normas que deben respetar todos los ciudadanos.
Por eso, más allá del desenlace particular de cada expediente, la revisión que comienza este miércoles representa una prueba institucional para la propia Corte Suprema. La eventual aplicación de sanciones ejemplares deberá convivir con el debido proceso de cada magistrado, pero también con una exigencia igualmente relevante: que las reglas de probidad y responsabilidad sean aplicadas con el mismo rigor dentro del Poder Judicial que fuera de él.
En La Araucanía, nueve jueces esperan ahora esa decisión.
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