Las garras del «Caso Audios» tocan el Caso Luchsinger-Mackay: «La querella que desnuda el lobby judicial desde La Moneda»

El fantasma del teléfono de Luis Hermosilla Osorio sigue cobrando facturas históricas, y esta vez apunta directo al corazón de una de las causas judiciales más emblemáticas y tensionadas del sur de Chile: el caso Luchsinger-Mackay. El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago declaró admisible una querella criminal en contra del influyente abogado, imputándole los delitos de tráfico de influencias, cohecho y obstrucción a la justicia. La acción, interpuesta por la abogada Karina Riquelme Viveros en representación del comunero mapuche José Tralcal Coche, pone bajo la lupa cómo se cocinaban los fallos del máximo tribunal del país entre las sombras de los pasillos políticos.

Los hechos denunciados se remontan a agosto de 2018. En ese momento, la Segunda Sala de la Corte Suprema revisaba el recurso de nulidad que buscaba impugnar el juicio que condenó a comuneros mapuches. Mientras la defensa técnica argumentaba en estrado, Hermosilla operaba en la trastienda digital. Los chats revelados exponen una coordinación clandestina grosera: Hermosilla consultó a su intermediario, José Ramón Correa, «¿Tú más amigo de la sala penal quién es?». La respuesta fue un nombre propio: el ministro Manuel Antonio Valderrama.

La urgencia del penalista no respondía a la búsqueda de justicia, sino a un frío cálculo político y comunicacional. Tras identificar el nexo, Hermosilla instruyó explícitamente: «Necesitamos que se rechace la nulidad del caso Luchsinger». Para el abogado, que entonces operaba con oficina e influencias en el Palacio de La Moneda, la condena firme era «clave para avanzar en el proceso de pacificación de la región» y advirtió con tono de alarma que «un cuarto juicio sería fatal».

La maquinaria del lobby no tardó en activarse. Los antecedentes recopilados evidencian que el 9 de agosto de 2018, Correa instó a Hermosilla a llamar directamente al magistrado Valderrama. Tras concretar el contacto, Hermosilla calificó la llamada como «buena» y detalló que «fue de emergencia para transmitir el mensaje». La respuesta del ministro, según reportó Correa, fue de «agradecimiento» por el telefonazo, abriendo un flujo de información interna sobre las ausencias de otros integrantes clave de la sala, como el ministro Hugo Dolmetsch.

Dos meses después, el 10 de octubre de 2018, la Corte Suprema cumplió con la partitura diseñada en los chats: rechazó la nulidad y confirmó las condenas. La sincronía fue tal que el propio expresidente Sebastián Piñera salió públicamente a celebrar el fallo condenatorio antes de que este estuviera formalmente ejecutoriado.

[Agosto 2018: Chats de Hermosilla] 📱
     │
     ▼
"¿Tú más amigo de la sala penal quién es?" ──► Intermediario apunta al Ministro Valderrama.
     │
     ▼
"Necesitamos que se rechace la nulidad..." ──► Llamada de "emergencia" para presionar.
     │
     ▼
[Octubre 2018: Sentencia Suprema] ⚖️
La Corte rechaza el recurso y ratifica condenas en el Caso Luchsinger-Mackay.

El libelo judicial fija un punto crítico para establecer la competencia del tribunal santiaguino: el principio de ejecución de estos delitos ocurrió en el propio Palacio de La Moneda. En 2018, Hermosilla no era un litigante cualquiera; era el asesor estrella contratado por el Ministerio del Interior por orden directa de su primo y entonces jefe de gabinete, Andrés Chadwick.

Financiado con recursos fiscales y amparado por la Subsecretaría del Interior, el querellado planificó y ejecutó estas maniobras de presión desde los despachos del Ejecutivo. La Moneda se transformó así en un búnker de interferencia sobre un poder del Estado teóricamente independiente.

Esta querella no solo busca sentar un precedente sobre la igualdad ante la ley, sino que dinamita la ya deteriorada fe pública. Mientras los ciudadanos asisten a tribunales confiando en un debido proceso, las élites políticas y judiciales coordinaban fallos a través de mensajería instantánea. El caso adquiere ribetes aún más complejos si se considera que el juicio por el crimen del matrimonio Luchsinger-Mackay se encuentra bajo el examen de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por graves violaciones a las garantías procesales.

Las revelaciones del teléfono de Hermosilla podrían ser el argumento definitivo que demuestre ante la justicia internacional que en Chile el debido proceso fue sacrificado en el altar de los pasillos políticos.