Mientras la empresa se atrinchera en la clásica excusa del «escenario meteorológico», el alcalde Eduardo Yáñez destapa que la crisis eléctrica responde a la nula inversión en líneas de transmisión y no a la nieve.
La distribuidora eléctrica Frontel ha vuelto a convertir el invierno del sur de Chile en una emergencia social debido a su inoperancia estructural. Frente al corte masivo de suministro que afecta a las zonas rurales y urbanas de la comuna, el alcalde de Lonquimay, Eduardo Yáñez, denunció con dureza los constantes incumplimientos de la empresa, acusándola de ignorar los compromisos adquiridos y de arrastrar deficiencias que hoy mantienen a 262 familias en la total oscuridad y el aislamiento.
La crítica del jefe comunal apunta directo al corazón del modelo de negocios de la compañía: la falta de inversión. Mientras los ejecutivos de Frontel intentan parapetarse detrás de las intensas nevadas para justificar su incapacidad de respuesta, Yáñez aclaró que los cortes permanentes ya ni siquiera coinciden con los eventos climáticos. La raíz del problema es el evidente deterioro de la línea de transmisión regional, una infraestructura obsoleta que el municipio lleva años exigiendo renovar sin obtener respuestas concretas. Al priorizar el ahorro corporativo por sobre la mantención técnica, la empresa ha transformado un fenómeno climático predecible en una crisis humanitaria para cientos de hogares cordilleranos que ya acumulan semanas sin luz ni conectividad.
Lavado de imagen digital frente a una crisis sanitaria real.
Frente a la parálisis en terreno, la estrategia de Frontel se ha trasladado al marketing digital y la propaganda en redes sociales. En sus comunicados oficiales, la distribuidora apela al sentimentalismo asegurando que sus equipos están «desplegados» y dando prioridad a los pacientes electrodependientes bajo el lema de que su compromiso «no se detiene». Sin embargo, esta puesta en escena contrasta de forma violenta con la cruda realidad que describen las autoridades locales: sectores rurales completamente incomunicados, familias perdiendo sus alimentos y una nula capacidad de reposición del servicio.
Utilizar a los pacientes electrodependientes como un escudo comunicacional para matizar el descontento público es una táctica inaceptable. El resguardo de las personas que dependen de la electricidad para vivir no es un acto de caridad que Frontel deba exhibir en internet; es una obligación legal mínima y mandataria. La persistencia de 262 hogares sin energía demuestra que los supuestos despliegues en terreno son insuficientes, lentos y meramente reactivos.
Lonquimay vuelve a pagar el costo de un sistema privatizado donde las empresas eléctricas perciben tarifas reguladas de manera puntual, pero devuelven un servicio tercermundista cuando la geografía y el clima exigen verdadera responsabilidad empresarial. Las familias de la cordillera no necesitan más publicaciones corporativas en redes sociales; exigen la inversión estructural que el Estado no le ha sabido fiscalizar a Frontel.
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