TEMUCO.– El principio de imparcialidad de la justicia chilena vuelve a tambalear. El Fiscal Nacional, Ángel Valencia, ha tomado una decisión que despierta profundas sospechas en el mundo político y judicial: asignar la investigación por presunto cohecho contra el suspendido ex-fiscal regional de Aysén, Carlos Palma, a la Fiscalía Regional de La Araucanía. La ironía —o el cálculo— es brutal. En 2018, Palma fue el encargado de investigar la manipulación de pruebas de la «Operación Huracán» y, en una cuestionada gestión, eximió de toda responsabilidad penal a los fiscales de esa misma región. Hoy, en un evidente escenario de «vuelta de mano», son los subalternos y ex-colegas de los persecutores salvados por Palma quienes tendrán el poder de sepultar o reactivar las graves acusaciones de soborno que pesan en su contra.
Los $14 millones que destaparon la red de impunidad.
La caída de Carlos Palma —quien ya fue formalizado en octubre de 2025 por filtrar información reservada al abogado Luis Hermosilla— sumó un capítulo criminal aún más explícito. Su sucesor en Aysén, el fiscal regional Hernán Libedinsky, abrió una arista penal que apunta a un presunto soborno de $14 millones de pesos en efectivo pagados a Palma en 2024.
La ruta del dinero fue revelada por Roland Cárcamo y Carla Graf, coimputados y ex-asesores del senador Miguel Ángel Calisto (Independiente de izquierda). Según las declaraciones judiciales prestadas el 29 de abril y ratificadas el pasado 23 de junio, el parlamentario —quien arriesga 12 años de cárcel por fraude al Fisco reiterado— le pagó esa millonaria suma en efectivo a Palma a través de intermediarios. ¿El objetivo? Que el entonces fiscal regional de Aysén utilizara su poder para congelar y cerrar las causas por corrupción que cercaban al congresista. Para blanquear los fondos, Palma habría simulado la prestación de asesorías jurídicas ficticias a la Confederación Nacional de Trabajadores de la Salud (Fenats), utilizando como pantalla a un abogado de su círculo de confianza.
El fantasma de la Operación Huracán y el blindaje institucional.
Para comprender la gravedad del conflicto de interés actual, es obligatorio retroceder a diciembre de 2018. En ese momento, el entonces Fiscal Nacional, Jorge Abbott, le entregó a Carlos Palma el control total de 10 investigaciones vinculadas al montaje policial de Carabineros conocido como «Operación Huracán».
Palma tenía la misión de indagar si los fiscales de La Araucanía de la época —el regional Cristián Paredes y su equipo directo compuesto por Roberto Garrido, Luis Arroyo y Carlos Cornejo— tenían conocimiento o participación en la falsificación de instrumentos públicos para encarcelar ilegalmente a comuneros mapuches. Pese a la insistencia de las defensas de los condenados, quienes aseguraban que los persecutores operaban con pleno conocimiento de los informes falsos, la indagatoria de Palma concluyó sin un solo fiscal formalizado. Limpió la casa corporativa.
¿Justicia o pacto de silencio?.
El traslado de la causa al territorio que Palma protegió levanta interrogantes ineludibles sobre la transparencia del proceso:
- ¿Investigación real o impunidad cruzada?: Resulta inverosímil que la Fiscalía de La Araucanía mantenga la objetividad para perseguir criminalmente al hombre que les garantizó inmunidad institucional en el mayor escándalo de falsificación de pruebas de la historia reciente.
- La Fiscalía bajo sospecha: La decisión del fiscal nacional Ángel Valencia de radicar la causa precisamente en esa zona siembra dudas legítimas sobre si se busca esclarecer el cohecho o asegurar un pacto de silencio que proteja los secretos del Ministerio Público.
La causa por los sobres con efectivo de Palma queda ahora bajo la lupa pública. El estándar de la persecución penal en Chile se juega en si esta asignación es el inicio de un juicio riguroso o, simplemente, la consumación de una red de favores judiciales.
Cronología: La ruta de las sospechas y las coimas.
- Diciembre 2018: El Fiscal Nacional Jorge Abbott nombra a Carlos Palma para investigar la «Operación Huracán». Palma exime de cargos a todos los fiscales de La Araucanía.
- Año 2022: La Fiscalía de Aysén abre una causa penal por fraude al Fisco contra el parlamentario Miguel Ángel Calisto.
- Año 2024: El senador Calisto presuntamente paga $14 millones en efectivo a Carlos Palma para congelar sus investigaciones penales en Aysén.
- 29 de Abril 2025: Los coimputados Cárcamo y Graf confiesan judicialmente el mecanismo del soborno y el blanqueo de dinero a través de asesorías falsas.
- 8 de Mayo 2025: El nuevo fiscal regional de Aysén, Hernán Libedinsky, abre la arista penal por cohecho contra Palma.
- 23 de Junio 2025: Los delatores ratifican sus declaraciones ante el fiscal Libedinsky y sepultan la defensa del ex persecutor.
- Octubre 2025: Carlos Palma es formalizado y removido de su cargo por filtrar antecedentes reservados al abogado Luis Hermosilla en el «Caso Audios».
- Julio 2026: El Fiscal Nacional Ángel Valencia radica la causa de Palma en La Araucanía, activando las alertas por una posible «vuelta de mano».
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