TEMUCO.– Un nuevo portazo judicial frenó el avance de una de las aristas más escandalosas del fraude con fondos públicos en La Araucanía. La jueza del Juzgado de Garantía de Temuco, Luz Mónica Arancibia, rechazó de manera tajante el sobreseimiento definitivo solicitado por la defensa de Lucila Loaiza Sanhueza, funcionaria del Gobierno Regional (GORE) acusada de cohecho en el denominado «Caso Manicure». Pese al revés de los imputados, la resolución gatilló una nueva suspensión de la audiencia de preparación de juicio oral, consolidando una evidente estrategia de dilación que mantiene congelado el desfile de los nueve acusados por delitos económicos ante los tribunales.
El portazo de la magistrada y la jugada de las defensas.
El Ministerio Público acudió a la instancia con el objetivo de fijar las pruebas definitivas para el juicio, pero la ofensiva legal de los imputados obligó a la magistrada a postergar todo el proceso. La jueza Arancibia desestimó los argumentos de las defensas, que pretendían establecer que las conductas investigadas no constituían delitos penales.
El fiscal a cargo de la megacausa, Luis Arroyo, detalló la frustrada jornada:
- Peticiones denegadas: El Tribunal de Garantía rechazó la totalidad de las solicitudes de sobreseimiento presentadas por los abogados defensores.
- La traba de la apelación: Al ser rechazadas sus peticiones, la defensa de la funcionaria del GORE anunció que recurrirá a la Corte de Apelaciones de Temuco.
- Congelamiento forzado: Ante este escenario de apelación pendiente, la jueza se vio obligada a paralizar la preparación del juicio oral hasta que el tribunal de alzada resuelva si confirma o revoca el procesamiento de los involucrados.
$730 millones evaporados en falsas capacitaciones.
El «Caso Manicure» se ha transformado en un símbolo de la corrupción con recursos estatales en el sur del país. La investigación penal apunta a determinar el destino de $730 millones de pesos que fueron traspasados de forma directa desde el Gobierno Regional de La Araucanía hacia dos entidades privadas: las fundaciones Folab y Educc.
Los fondos públicos estaban destinados originalmente a financiar cursos de capacitación en estética y manicure para mujeres vulnerables de las comunas de Temuco y Padre Las Casas. Sin embargo, los programas nunca se ejecutaron de forma regular y el millonario botín fiscal terminó desviado, arrastrando al banquillo de los acusados tanto a los directores de las ONG como a funcionarios públicos del GORE que habrían recibido sobornos para visar los traspasos y burlar las fiscalizaciones financieras.
Radiografía de la causa judicial.
- El Botín: $730 millones de pesos del Gobierno Regional.
- Las Fundaciones: Folab y Educc.
- El Delito Clave: Cohecho y fraude económico.
- La Acusada: Lucila Loaiza Sanhueza (Funcionaria del GORE La Araucanía).
- Estado Actual: Suspendido temporalmente a la espera de lo que dicte la Corte de Apelaciones de Temuco.
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