PUERTO MONTT.– Una demoledora confesión entregó el presidente de la Corporación Kimün, Jaime Huincahue, en el marco del juicio oral por el Caso Convenios en la Región de Los Lagos.
El imputado reconoció ante el tribunal el desvío ilícito de 1.200 millones de pesos provenientes de fondos públicos, los cuales fueron utilizados para sanear deudas financieras de un Instituto Profesional (IP) y un Centro de Formación Técnica (CFT) vinculados a su entidad.
La admisión del delito se dio durante la tercera jornada de audiencias. Huincahue no solo ratificó el uso irregular del millonario capital estatal, sino que además delató el pago indebido de honorarios a funcionarios públicos sin experiencia para asegurar la firma del programa y confirmó la participación directa de Diego Ancalao en la toma de estas decisiones de financiamiento.
Interrogatorio clave del Ministerio Público.
Al término del testimonio, el fiscal de la causa, Marco Muñoz, valoró los resultados de la diligencia judicial y el avance del trabajo de persecución penal en el estrado. “Terminó el interrogatorio que efectuó el Ministerio Público al imputado Jaime Huincahue. Las conclusiones de la relevancia las vamos a dejar para la litigación durante el juicio, no obstante, la sensación que nos queda es que se cumplió positivamente con los propósitos”, precisó el persecutor.
Tras este hito procesal, el juicio continuará con las rondas de preguntas por parte de las defensas técnicas de los demás acusados. En paralelo, los magistrados del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal deberán resolver si autorizan e incorporan las declaraciones presenciales del resto de los involucrados en la arista delictiva.
El fraude que afectó a familias rurales.
La arista de la Corporación Kimün constituye uno de los focos más complejos de la investigación por el traspaso de recursos fiscales desde el Gobierno Regional (GORE) de Los Lagos hacia fundaciones privadas.
El origen y el destino final de los recursos se desglosan de la siguiente manera:
- El objetivo inicial (2022): Kimün recibió $1.200 millones destinados exclusivamente a ejecutar un programa de regularización de títulos de dominio para beneficiar a cerca de 800 familias rurales de la zona. [1, 2, 3]
- El destino real: Según acreditó la Fiscalía, el dinero nunca se aplicó en terreno y se transfirió de forma íntegra para cubrir los déficits económicos del IP y del CFT Los Lagos.
Por estos graves hechos de corrupción pública, el Ministerio Público mantiene acusaciones formales en contra de seis personas. Los implicados arriesgan severas penas de cárcel efectiva tras ser imputados por delitos reiterados de fraude al Fisco, estafa, soborno, cohecho y lavado de activos. [1]
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