Después de recibir rechazos durante los gobiernos de Sebastián Piñera y Gabriel Boric, obtener una resolución desfavorable del Comité de Ministros y sufrir un revés ante el Tribunal Ambiental, la empresa busca ahora revertir judicialmente las decisiones que han impedido concretar su proyecto. La iniciativa, que contempla el tratamiento térmico de residuos, enfrenta una férrea oposición de organizaciones vecinales, comunidades indígenas y autoridades locales.
La controversia por el proyecto WTE Araucanía, que busca instalar una planta de tratamiento térmico de residuos en Lautaro, suma un nuevo capítulo judicial. Esta vez, la empresa decidió recurrir a la Corte Suprema, buscando revertir los fallos y resoluciones administrativas que hasta ahora han impedido concretar la iniciativa.
El proyecto, que contempla procesar residuos mediante tecnología de valorización energética, ha enfrentado una oposición transversal en la comuna. Sus detractores advierten sobre los eventuales impactos ambientales y sanitarios de una instalación de estas características, particularmente por su emplazamiento y la preocupación que genera entre las familias que viven en sus alrededores.
Lo llamativo de esta controversia es que los cuestionamientos institucionales no han respondido a una sola orientación política. Durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera ya existían dificultades para reunir el quórum necesario para votar la iniciativa en la Comisión de Evaluación Ambiental (Coeva). Posteriormente, durante la administración de Gabriel Boric, el proyecto recibió un rechazo formal, que también se mantuvo en las instancias posteriores.
Un proyecto que no logró respaldo en dos gobiernos.
Los primeros obstáculos para WTE Araucanía surgieron durante el gobierno del expresidente Sebastián Piñera. En dos oportunidades, las sesiones de la Comisión de Evaluación Ambiental convocadas para pronunciarse sobre el proyecto no pudieron concretarse por falta de quórum.
Entre las autoridades que no concurrieron a esas convocatorias estuvieron el entonces delegado presidencial regional, Víctor Manoli, y seremis de distintas carteras, según los antecedentes de la tramitación.
La situación cambió durante el gobierno de Gabriel Boric. En una nueva convocatoria de la Coeva, la iniciativa finalmente fue sometida a votación y recibió un pronunciamiento desfavorable de las autoridades sectoriales.
En aquella oportunidad, Araucanía Diario tituló: «Cuando la derecha y la izquierda se unen, gana la gente: Estado de Chile rechaza WTE Araucanía».
Más allá de las diferencias políticas entre ambas administraciones, el proyecto no consiguió avanzar en el proceso de evaluación ambiental.
El Comité de Ministros tampoco acogió la reclamación.
Lejos de abandonar la iniciativa, los titulares de WTE Araucanía recurrieron al Comité de Ministros, cuestionando la decisión administrativa que había rechazado el proyecto.
Entre sus argumentos, la empresa planteó que la decisión habría estado influida por consideraciones políticas.
Sin embargo, esa reclamación tampoco terminó con el resultado que buscaban sus impulsores: el Comité de Ministros mantuvo el rechazo de la iniciativa.
Para las organizaciones opositoras, la resolución constituyó un nuevo respaldo institucional a sus cuestionamientos sobre la instalación de la planta.
En esa oportunidad, este medio publicó el titular: «Presidente Boric cumple con la gente de Lautaro y rechaza WTE Araucanía».
El Tribunal Ambiental también rechazó la pretensión de la empresa.
La controversia pasó posteriormente a los tribunales. Los titulares del proyecto acudieron al Tribunal Ambiental para impugnar las decisiones que habían impedido su ejecución.
Pero nuevamente encontraron una resolución adversa.
El Tribunal Ambiental rechazó la reclamación, manteniendo la decisión cuestionada por la empresa y dando un nuevo respaldo judicial a la posición de quienes se oponen a la iniciativa.
«La región está de fiesta: Tribunal Ambiental rechaza planta para quemar basura WTE Araucanía», fue el titular publicado entonces por Araucanía Diario.
La sucesión de decisiones administrativas y judiciales ha convertido el caso en uno de los conflictos ambientales más relevantes de Lautaro, donde organizaciones ciudadanas, comunidades educativas, representantes de pueblos indígenas y autoridades comunales han sostenido su oposición al proyecto.
Lautaro no quiere convertirse en una zona de sacrificio.
La oposición a WTE Araucanía ha conseguido reunir a representantes políticos de distintas sensibilidades. Concejales de diferentes sectores, administraciones municipales de izquierda y derecha, comunidades indígenas y organizaciones sociales han coincidido en cuestionar la instalación de la planta.
El argumento central de los opositores es que el desarrollo de soluciones para enfrentar la acumulación de residuos no puede hacerse a costa de generar nuevos riesgos ambientales y sanitarios para la población.
La discusión también se relaciona con el modelo de gestión de residuos que quiere impulsar la comuna. Mientras sus organizaciones plantean avanzar hacia alternativas de reducción, reutilización y reciclaje, la valorización energética mediante tratamiento térmico sigue siendo objeto de controversia por sus posibles impactos y por las condiciones específicas en que se desarrollaría.
Para los habitantes que se oponen al proyecto, Lautaro no debe transformarse en un territorio que soporte las consecuencias ambientales de un problema que afecta a toda la región.
Ahora la decisión queda en manos de la Corte Suprema.
Con los antecedentes administrativos y judiciales anteriores, WTE Araucanía vuelve a llevar su controversia a los tribunales, esta vez ante la Corte Suprema.
La empresa busca revertir el resultado adverso obtenido en las instancias anteriores y conseguir que la iniciativa pueda continuar su camino.
La discusión ya no es solamente empresarial ni administrativa. También representa un conflicto sobre el modelo de gestión de residuos, la evaluación de los riesgos ambientales y el peso que deben tener las preocupaciones de las comunidades en las decisiones que afectan sus territorios.
La pregunta de fondo es si la solución al problema de la basura debe pasar por proyectos de tratamiento térmico como el que propone WTE Araucanía o si deben privilegiarse otras alternativas que reduzcan la generación de residuos y fortalezcan la reutilización y el reciclaje.
Por ahora, Lautaro sigue esperando una definición judicial. Y mientras la empresa busca una nueva oportunidad para sacar adelante su iniciativa, las comunidades que se han opuesto a ella mantienen su preocupación por el futuro ambiental y sanitario de la comuna.
La Corte Suprema tendrá ahora que pronunciarse sobre los argumentos sometidos a su conocimiento. Lo que está en juego, además del futuro de un proyecto empresarial, es la confianza de una comunidad que lleva años exigiendo que sus preocupaciones ambientales sean consideradas en las decisiones del Estado.
Diario Noticias Comunitarias
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