El consejero regional puso en duda los criterios utilizados para definir las iniciativas beneficiadas con recursos del Gobierno Regional y cuestionó que dos proyectos con 80 puntos hayan obtenido resultados distintos. Además, pidió que cualquier antecedente concreto sobre eventuales irregularidades sea presentado ante la Fiscalía.
La selección de proyectos financiados con el 8% del Gobierno Regional de La Araucanía abrió un nuevo flanco de cuestionamientos a la gestión del gobernador René Saffirio. Esta vez, fue el consejero regional Miguel Ángel Contreras quien criticó el procedimiento, denunció un nivel de intervención que calificó como “un personalismo nunca visto” y exigió claridad sobre los criterios aplicados para determinar qué iniciativas serían seleccionadas.
El cuestionamiento apunta a uno de los aspectos más sensibles de la asignación de recursos públicos: la transparencia de las decisiones y la aplicación de reglas verificables para todos los postulantes.
Contreras sostuvo que el acuerdo establecía que los proyectos que superaran los 51 puntos podían ser considerados elegibles. Sin embargo, cuestionó que dos iniciativas que obtuvieron 80 puntos terminaran con resultados diferentes.
“¿Cuál fue el criterio que utilizaron para decidir por uno sobre el otro?”, planteó el consejero regional, poniendo el foco en la necesidad de explicar qué factores determinaron la decisión final.
La interrogante instala una discusión que va más allá de las diferencias políticas entre autoridades. Si dos iniciativas alcanzaron la misma puntuación, resulta relevante conocer si existieron criterios adicionales de priorización, requisitos específicos, restricciones presupuestarias u otros factores que expliquen el desenlace. Los antecedentes disponibles para esta nota no permiten determinar cuál fue el fundamento de esa diferencia.
La controversia por los criterios de selección.
El centro del cuestionamiento es la relación entre la evaluación de los proyectos y la decisión final sobre su financiamiento. La existencia de un puntaje mínimo de elegibilidad no implica necesariamente que todas las iniciativas que lo superen deban recibir recursos; sin embargo, cualquier mecanismo de selección debe contar con criterios claros y susceptibles de revisión.
Por ello, la pregunta planteada por Contreras exige una respuesta documentada por parte del Gobierno Regional: qué reglas se aplicaron, quién tomó la decisión y qué antecedentes justificaron el tratamiento diferenciado de iniciativas con igual puntuación.
La explicación resulta especialmente relevante cuando se trata de fondos públicos destinados a financiar proyectos de interés regional. La transparencia del procedimiento no depende únicamente de publicar resultados, sino también de permitir que los postulantes y la ciudadanía comprendan cómo se adoptaron las decisiones.
Contreras pide llevar eventuales antecedentes a la Fiscalía.
En medio de sus críticas, el consejero regional sostuvo que, si existen antecedentes concretos sobre eventuales irregularidades o hechos de corrupción, estos deben ser puestos en conocimiento de la Fiscalía.
La declaración introduce una distinción fundamental en el debate: cuestionar un procedimiento administrativo o político no equivale, por sí solo, a acreditar la comisión de un delito. Para establecer responsabilidades se requieren antecedentes verificables y, cuando corresponda, una investigación de las autoridades competentes.
Hasta ahora, los antecedentes proporcionados para esta nota dan cuenta de cuestionamientos al proceso de selección, pero no permiten afirmar que se haya acreditado la existencia de corrupción.
Saffirio recurrió a Contraloría.
La controversia se produce después de que el gobernador René Saffirio solicitara a la Contraloría un pronunciamiento sobre el procedimiento utilizado para seleccionar los proyectos del 8%.
Ese antecedente abre una instancia relevante para esclarecer los criterios aplicados y determinar si el proceso se ajustó a las normas y procedimientos correspondientes. Sin embargo, la solicitud de un pronunciamiento no constituye, por sí misma, una conclusión sobre la legalidad o ilegalidad de las decisiones adoptadas.
El desarrollo del caso dependerá, en parte, de los antecedentes que presente el Gobierno Regional y de las eventuales observaciones que formule el organismo contralor.
Por ahora, la discusión permanece abierta y plantea una exigencia concreta para la administración regional: explicar de manera transparente cómo se resolvió la selección de las iniciativas y qué fundamentos respaldan las decisiones cuestionadas.
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