OPINIÓN: Sólo 21 «ELEAM» se cuentan con autorización sanitaria en toda la región de La Araucanía

Por Basthián C. – Director y Gestor Social Cultural.

En 22 comunas de la región no existe ningún Establecimiento de Larga Estadía para Adultos Mayores con resolución sanitaria. La paradoja queda expuesta cada vez que ocurre una tragedia: las autoridades apuntan contra los recintos que funcionan sin autorización, pero el sistema permite que esa realidad se prolongue.

Cada vez que una tragedia golpea a un hogar de adultos mayores, la respuesta parece repetirse: las autoridades apuntan a la falta de resolución sanitaria y responsabilizan a los administradores de los establecimientos que funcionan sin esa autorización.

Pero existe una pregunta que sigue pendiente: ¿Cómo es posible que estos recintos continúen funcionando durante años sin resolución sanitaria, si las propias autoridades conocen su existencia?

La situación de La Araucanía revela una realidad difícil de ignorar. De acuerdo con los antecedentes disponibles, sólo 21 Establecimientos de Larga Estadía para Adultos Mayores (ELEAM) cuentan con autorización sanitaria en toda la región, mientras que en 22 comunas no existe ningún hogar para adultos mayores que cuente con dicha resolución.

Entre ellas aparecen comunas como Padre Las Casas, Villarrica, Lautaro y Carahue, donde las familias que necesitan una alternativa de cuidado para sus adultos mayores enfrentan una realidad que no se resuelve simplemente con exigir que los establecimientos tengan una autorización que, en la práctica, una parte importante de ellos no posee.

El caso de Pitrufquén resulta especialmente revelador. En esa comuna, escenario de la última tragedia, funcionaban hasta el fin de semana pasado tres establecimientos destinados al cuidado de adultos mayores. Ninguno contaba con resolución sanitaria. Tras los acontecimientos, hoy sólo permanecen dos.

Y aquí aparece una de las principales contradicciones del sistema.

Si un establecimiento carece de resolución sanitaria, ¿Por qué se le permite continuar funcionando? Y más aún: ¿Cómo se explica que recintos que no cuentan con esa autorización puedan acceder, en determinados casos, a ayudas estatales o subvenciones municipales?

El caso del hogar “El Edén”, de Pitrufquén, vuelve a poner esa interrogante sobre la mesa. El establecimiento, según los antecedentes que deberán ser precisados y documentados, habría recibido apoyo público pese a no contar con resolución sanitaria.

El problema, por tanto, no parece reducirse únicamente a la responsabilidad de los propietarios o administradores de estos recintos. Existe también una dimensión institucional que merece ser examinada: un sistema que conoce la existencia de establecimientos sin autorización, que permite que continúen operando y que, en algunos casos, incluso les entrega apoyo, no puede limitarse a señalar responsabilidades cuando ocurre una tragedia.

Porque la falta de resolución sanitaria no aparece de un día para otro. Es una condición que las autoridades pueden fiscalizar, advertir, exigir corregir y, cuando corresponda, sancionar.

Por eso, después de cada tragedia, resulta insuficiente instalar todo el peso de la responsabilidad sobre quienes administran los hogares sin preguntarse también qué ha hecho el Estado frente a una realidad que no es nueva.

La cifra regional es elocuente: sólo 21 ELEAM con autorización sanitaria y 22 comunas sin un solo establecimiento autorizado.

Detrás de esos números hay familias que necesitan una solución, adultos mayores que requieren cuidados y administradores que deben cumplir las exigencias sanitarias. Pero también hay una realidad económica que no puede ser ignorada: adecuar un establecimiento a todas las exigencias necesarias para obtener una resolución sanitaria requiere inversión y recursos.

Por eso, el debate no debería terminar en la frase “no tenía resolución sanitaria”.

La pregunta de fondo es otra: ¿Qué está haciendo el Estado para que los establecimientos que hoy atienden a adultos mayores puedan cumplir efectivamente con las exigencias que les impone?

Porque si las autoridades saben que existen hogares sin resolución, si esos hogares siguen funcionando y si las familias continúan recurriendo a ellos porque no existen suficientes alternativas, entonces el problema es bastante más profundo que la eventual negligencia de un particular.

Es también un problema de fiscalización, de políticas públicas, de recursos y de capacidad institucional.

Y mientras esa discusión no se aborde de frente, cada nueva tragedia corre el riesgo de repetir el mismo libreto: buscar responsables, exhibir la falta de resolución sanitaria y cerrar el capítulo.

Pero la realidad seguirá allí.

22 comunas sin un solo ELEAM con autorización sanitaria no son una excepción. Son la evidencia de un problema estructural que requiere respuestas antes de la próxima tragedia y no después de ella.

——-&——-