El organismo inició una fiscalización nacional a clínicas y centros de atención veterinaria. Entre los primeros hallazgos también aparece la falta de información sobre el profesional responsable, aunque todas las clínicas revisadas sí estaban utilizando consentimiento informado antes de cirugías o procedimientos con sedación.
Saber cuánto costará una consulta, un procedimiento o una atención de urgencia puede convertirse en una dificultad para quienes llevan a sus mascotas al veterinario. Así lo muestran los primeros resultados de una fiscalización nacional realizada por el Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC) a clínicas y centros de atención veterinaria.
De acuerdo con los antecedentes preliminares entregados por el organismo, siete de cada diez establecimientos fiscalizados no mantienen una lista de precios visible y accesible para sus clientes.
La situación fue detectada durante un despliegue destinado a verificar el cumplimiento de la Ley N°19.496 sobre Protección de los Derechos de los Consumidores, particularmente en materias relacionadas con información, publicidad, promociones, seguridad y condiciones de prestación de los servicios.
El hallazgo resulta relevante porque, según el SERNAC, la práctica observada en numerosos establecimientos consiste en informar los valores verbalmente o mediante presupuestos entregados al momento de la atención, en lugar de mantener los precios disponibles de manera visible.
El precio, uno de los principales puntos bajo revisión.
La fiscalización busca determinar si los consumidores reciben información suficiente antes de contratar o utilizar los servicios veterinarios.
Entre los aspectos revisados se encuentran la exhibición de precios, la identificación del jefe de local, las condiciones de promociones y ofertas y la información asociada a servicios que algunas clínicas ofrecen durante las 24 horas.
La obligación de entregar información clara adquiere especial importancia en un mercado donde determinadas atenciones pueden requerir procedimientos adicionales, exámenes, medicamentos o intervenciones que incrementan significativamente el costo final.
En ese contexto, conocer de antemano las condiciones y valores asociados a una prestación permite al consumidor tomar una decisión con mayor información.
También preocupa la información sobre los profesionales.
Otro de los hallazgos preliminares apunta a la información disponible respecto de los profesionales responsables de la atención.
El SERNAC detectó que un alto porcentaje de los establecimientos fiscalizados no mantenía disponible el título profesional del médico veterinario responsable de la supervisión clínica.
La fiscalización también contempla verificar que los centros de atención cuenten con los registros y autorizaciones correspondientes y que los servicios sean prestados por profesionales calificados.
El objetivo, según el organismo, es revisar no solamente cuánto se cobra por una prestación, sino también las condiciones en que esta se ofrece y la información que recibe el consumidor sobre sus características, riesgos y cuidados posteriores.
Un punto positivo: consentimiento antes de procedimientos.
No todos los resultados fueron negativos.
El SERNAC informó que la totalidad de las clínicas fiscalizadas cumplía con la aplicación de formularios de consentimiento informado por escrito antes de intervenciones quirúrgicas o procedimientos que implicaran sedación.
El antecedente marca una diferencia dentro de los primeros resultados del operativo y muestra que existen materias en las que los establecimientos fiscalizados sí presentan un cumplimiento generalizado.
La fiscalización todavía no termina.
El despliegue nacional continúa en desarrollo, por lo que los resultados conocidos hasta ahora tienen carácter preliminar.
Una vez que concluya el proceso y el SERNAC analice la totalidad de los antecedentes recopilados, el organismo determinará las medidas que correspondan, incluyendo eventualmente acciones legales contra aquellos proveedores en los que se detecten infracciones que afecten los derechos de los consumidores.
Por ahora, el principal dato que deja la fiscalización es concreto: en siete de cada diez locales revisados no había una lista de precios visible y accesible.
La cifra instala una pregunta básica para quienes recurren a estos servicios: cuánto cuesta realmente una atención y cuánto de esa información conoce el consumidor antes de tomar la decisión de contratarla. El resultado definitivo de la fiscalización deberá establecer si estas prácticas constituyen infracciones y qué consecuencias tendrán para los establecimientos involucrados.
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