En Temuco, la ministra de Energía Ximena Rincón encabezó una mesa regional destinada a recoger propuestas para modernizar la regulación de la distribución y transmisión eléctrica. El proceso busca responder a un sistema que enfrenta nuevas exigencias tecnológicas, climáticas y de servicio, mientras el Gobierno prepara una futura propuesta legislativa.
La modernización de las redes eléctricas dejó de ser únicamente una discusión técnica. Para los usuarios, especialmente en regiones donde las interrupciones del suministro y las dificultades de reposición pueden tener efectos relevantes, la pregunta central es cuánto de esa transformación llegará efectivamente al servicio que reciben en sus hogares y actividades productivas.
Ese debate comenzó a tomar forma en Temuco, donde la ministra de Energía, Ximena Rincón, encabezó una mesa regional convocada en el marco del proceso participativo para elaborar la denominada Reforma de Redes Eléctricas.
La instancia reunió a representantes de organismos públicos, empresas del sector eléctrico, asociaciones gremiales, universidades y otros actores vinculados al desarrollo de la infraestructura energética.
El objetivo del Gobierno es revisar y actualizar el marco regulatorio que rige la distribución y transmisión eléctrica, en un escenario muy diferente al existente cuando fueron diseñadas buena parte de las actuales reglas del sistema.
“La idea de este proceso es poder tener espacios para escuchar, para dialogar, para recoger miradas”, señaló Rincón, quien explicó que los antecedentes obtenidos durante esta etapa serán utilizados para el trabajo técnico que precederá a un futuro proyecto de ley.
Redes sometidas a nuevas exigencias.
La discusión ocurre mientras el sistema eléctrico enfrenta desafíos que van mucho más allá de ampliar la capacidad de transmisión.
El Ministerio de Energía plantea que la futura reforma deberá abordar la seguridad y resiliencia de las redes, particularmente frente a contingencias operacionales y eventos climáticos extremos.
Para los usuarios, uno de los aspectos más concretos será la calidad del suministro: continuidad del servicio, tiempos de reposición, procesos de conexión y atención comercial.
La reforma también busca abrir espacio para una mayor digitalización de las redes, la incorporación de recursos energéticos distribuidos y la electrificación de nuevos consumos.
El desafío, sin embargo, será traducir esos objetivos técnicos en mejoras verificables para quienes dependen diariamente de la electricidad.
La pregunta regional: ¿Qué cambiará para los usuarios?.
La discusión adquiere especial relevancia en regiones como La Araucanía, donde las características territoriales y climáticas pueden representar desafíos adicionales para la infraestructura eléctrica.
Por eso, uno de los elementos relevantes del proceso participativo será determinar cuánto peso tendrán las particularidades regionales en el diseño de las nuevas reglas.
No se trata solamente de construir o reforzar infraestructura. También está en discusión cómo se planifican las inversiones, cuáles serán las exigencias de calidad para las empresas distribuidoras, cómo se enfrentan las contingencias y qué mecanismos permitirán que los usuarios reciban los beneficios de la modernización tecnológica.
En ese punto estará parte del debate político y regulatorio que deberá enfrentar el futuro proyecto de ley.
Del diagnóstico al proyecto de ley.
La iniciativa contará con asistencia técnica del Banco Mundial y apoyo especializado del académico Rodrigo Moreno. Además de las mesas técnicas, el proceso contempla encuentros con alcaldes y otras instancias regionales en las zonas norte, centro y sur del país.
El Gobierno proyecta presentar en diciembre de 2026 una propuesta conceptual elaborada a partir del trabajo técnico del Ministerio, la asesoría especializada y los antecedentes recogidos durante el proceso participativo.
Posteriormente, la intención es avanzar hacia un proyecto de ley que actualice las normas que regulan las redes eléctricas.
La discusión recién comienza. Y su resultado tendrá una consecuencia concreta que irá mucho más allá de la normativa: determinar qué tan preparada estará la infraestructura eléctrica para responder a un país que consume más electricidad, incorpora nuevas tecnologías y enfrenta eventos climáticos cada vez más exigentes.
Para los usuarios de La Araucanía, la vara será sencilla de medir: si la reforma avanza, deberán poder percibir sus efectos en redes más resistentes, un suministro de mejor calidad y respuestas más rápidas cuando el sistema falle.
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