OPINIÓN: Cuando defender al pueblo se vuelve delito. «La persecución contra la abogada Karina Riquelme»

Por: Gustavo Burgos, de El Porteño.

Desde El Porteño expresamos nuestra solidaridad activa con la Abogada de Derechos Humanos Karina Riquelme Viveros, nuevamente sometida a una campaña de hostigamiento, vigilancia y persecución judicial mientras ejerce la Representación de la Familia de Julia Chuñil, mujer mapuche y dirigente comunitaria cuya desaparición remeció al país. No estamos frente a un episodio aislado ni ante una mera controversia procesal. Lo que se despliega contra Riquelme forma parte de una política de disciplinamiento contra quienes, desde la defensa jurídica, social y política, se atreven a enfrentar los montajes, la violencia estatal y la criminalización del pueblo mapuche.

Las denuncias recientes indican nuevas investigaciones, seguimientos y formas de intimidación contra la abogada en el contexto de la causa de Julia Chuñil. Diversos medios y organizaciones han advertido que estas acciones se insertan en un historial prolongado de vigilancia policial, judicialización y hostigamiento contra Riquelme, cuya trayectoria ha estado ligada a causas emblemáticas de defensa de comunidades mapuche y víctimas de violencia estatal.

La gravedad del caso reside precisamente en su continuidad histórica. Karina Riquelme no es una abogada circunstancialmente incómoda para el poder: ha sido una figura relevante en la denuncia de la Operación Huracán, montaje político-policial que pretendió incriminar a dirigentes mapuche mediante pruebas falsas implantadas por funcionarios de Carabineros. Años después, mientras los comuneros perseguidos fueron sobreseídos, agentes policiales terminaron condenados por delitos vinculados a la manipulación de evidencias y asociación ilícita, confirmando lo que los defensores de derechos humanos habían sostenido desde el comienzo: que el Estado, sus policías y sus aparatos de persecución penal habían actuado coordinadamente para fabricar culpables.

El acoso contra Riquelme tiene antecedentes conocidos. Ya en 2016 se denunció que ella y otros abogados defensores habían sido objeto de seguimientos, registros fotográficos y vigilancia policial sin fundamento legal, en el contexto de causas vinculadas a la aplicación de la Ley Antiterrorista. Londres 38 documentó entonces que los Abogados Sebastián Saavedra y Karina Riquelme fueron víctimas de controles y vigilancia mientras ejercían labores de defensa. Aquello no fue una anomalía: fue el anuncio de una práctica que, lejos de cesar, se ha normalizado bajo distintos gobiernos.

Debe subrayarse que la persecución de una abogada defensora no afecta únicamente a quien la sufre de manera directa. Atacar a Karina Riquelme es atacar el derecho de las comunidades, de las víctimas y de los perseguidos a contar con defensa técnica independiente. Es también una advertencia dirigida al conjunto de abogados, organizaciones sociales, defensores ambientales, comunidades mapuche y familiares de víctimas: quien cuestione la versión oficial, quien denuncie la violencia institucional, quien exija investigar a los poderosos, será convertido en objeto de investigación, vigilancia y sospecha.

Esta política se ha desarrollado durante años en un territorio sometido al Estado de Excepción Constitucional, donde las Fuerzas Armadas, Carabineros, la P.D.I., el Ministerio Público y los organismos de inteligencia han actuado en un mismo marco represivo. El Wallmapu ha sido convertido en laboratorio de una política de excepción permanente: militarización, controles, montajes, interceptaciones, seguimientos, criminalización de comunidades, prisión preventiva abusiva y persecución de defensores. El caso de Karina Riquelme compromete, por tanto, al conjunto de las organizaciones represivas del Estado, no solo a un funcionario, fiscal o unidad policial determinada.

Por eso resulta inaceptable que, en vez de garantizar la protección de quienes defienden derechos humanos, sectores del Estado insistan en convertir la labor jurídica en indicio de delito. La defensa de víctimas y comunidades no puede ser tratada como obstrucción, conspiración o amenaza al orden público. Una sociedad que tolera que sus abogados defensores sean vigilados por ejercer su profesión ha comenzado a destruir, desde dentro, las garantías mínimas que dice proclamar.

Llamamos al Colegio de Abogados, a las organizaciones de derechos humanos, al Instituto Nacional de Derechos Humanos, a las organizaciones sindicales, estudiantiles, territoriales, feministas, mapuche y ambientales a pronunciarse de inmediato frente a este acoso institucional. El silencio corporativo o burocrático, en este caso, equivale a complicidad. El Colegio de Abogados no puede limitarse a declaraciones abstractas sobre la independencia profesional mientras una abogada de derechos humanos es objeto de hostigamiento por representar a una familia mapuche. El INDH no puede reducir su intervención a la observación pasiva de un proceso judicial. Las organizaciones de derechos humanos deben levantar una denuncia nacional e internacional.

Llamamos también a movilizarse. La defensa de Karina Riquelme debe salir del estrecho margen de los comunicados y convertirse en una causa pública. Hay que denunciar en tribunales, en las calles, en las universidades, en los sindicatos, en los colegios profesionales y ante los organismos internacionales. La persecución contra una defensora de derechos humanos no se detiene con prudencia diplomática, sino con organización, presión social y solidaridad activa.

El caso de Julia Chuñil, como tantos otros casos atravesados por violencia institucional, racismo y disputa territorial, exige verdad completa, investigación seria y respeto irrestricto a los derechos de su familia. Pero esa verdad no será posible si quienes acompañan jurídicamente a las víctimas son perseguidos, intimidados o criminalizados. La persecución contra Karina Riquelme es también una forma de intervenir políticamente en la búsqueda de justicia.

Defender a Karina Riquelme es defender el derecho de los pueblos a organizarse, denunciar y resistir. Es defender el derecho de las comunidades mapuche a enfrentar la militarización de sus territorios. Es defender el derecho de las víctimas a no quedar solas ante el aparato estatal. Y es, sobre todo, afirmar que frente a la represión institucionalizada no cabe neutralidad alguna: o se está con quienes persiguen, vigilan y criminalizan, o se está con quienes luchan por verdad, justicia y reparación.

Desde El Porteño solidarizamos con Karina Riquelme, con la familia de Julia Chuñil y con todas las comunidades y organizaciones que enfrentan la violencia del Estado. Convocamos a denunciar este acoso institucional, a exigir el pronunciamiento inmediato del Colegio de Abogados, del INDH y de las organizaciones de derechos humanos, y a levantar una movilización amplia contra la persecución de quienes defienden al pueblo frente al régimen represivo. La defensa de Karina Riquelme es hoy una tarea elemental de todos quienes no aceptan que el Estado de Excepción se transforme en regla permanente de gobierno.

Noticias Comunitarias se une a las bien escritas palabras de Gustavo Burgos, en El Porteño.