Empresario de Angol presentó una querella contra un capitán y un sargento de Carabineros, a quienes acusa de detención ilegal, denuncia calumniosa, falsificación de instrumento público, cohecho y obstrucción a la investigación. Asegura que le habrían pedido dinero para recuperar su libertad. La institución policial señaló que no se referirá a un proceso judicial en desarrollo.
Una detención por un presunto delito de porte ilegal de arma de fuego terminó transformándose, más de dos años después, en una acusación judicial contra dos funcionarios de Carabineros.
El protagonista es Julio Herrera, empresario de Angol que presta servicios a la empresa ferroviaria Fepasa, quien fue detenido el 15 de marzo de 2023 durante una fiscalización policial en la comuna de Collipulli.
Herrera fue acusado entonces de portar ilegalmente un arma de fuego que, según sostiene, se encontraba debidamente inscrita y contaba con los permisos correspondientes.
El empresario permaneció sometido durante más de dos años al proceso judicial derivado de aquella detención. Finalmente, la justicia decretó su sobreseimiento respecto del delito que se le imputaba.
Ahora, Herrera decidió llevar el caso a una nueva instancia judicial y presentó una querella contra los dos funcionarios que participaron del procedimiento.
La acusación por los $2 millones.
Según expone la querella, el empresario se dirigía ese día hacia Pailahueque y llevaba consigo $1.300.000 en efectivo, dinero que previamente había retirado en Angol con el propósito de pagar una indemnización.
Durante la fiscalización, los funcionarios habrían encontrado un arma de fuego al interior de su vehículo. Carabineros procedió a incautar el arma y también el dinero que transportaba.
El empresario sostiene que el arma estaba legalmente inscrita y que, pese a ello, terminó detenido por porte ilegal.
Pero la acusación más grave aparece en la querella: Herrera afirma que los funcionarios le habrían solicitado $2 millones a cambio de dejarlo en libertad.
Se trata de una imputación que deberá ser investigada y acreditada en sede judicial y que, de comprobarse, podría comprometer gravemente la actuación de los funcionarios involucrados.
Una segunda batalla judicial.
La querella fue presentada por el abogado José Fernández contra el capitán Michael Andrés Daza Romero y el sargento Juan Manuel David Chamorro Ramos.
La acción judicial los acusa de los delitos de detención ilegal, denuncia calumniosa, falsificación de instrumento público, cohecho y obstrucción a la investigación.
“Se ingresó en este caso querella criminal en contra del capitán de Carabineros don Michael Andrés Daza Romero y en contra del segundo, don Juan Manuel David Chamorro Ramos”, señaló el abogado.
La presentación solicita a la Fiscalía realizar diversas diligencias para esclarecer lo ocurrido, entre ellas tomar declaración a ambos funcionarios en calidad de imputados y acceder a los registros de audio asociados al procedimiento policial.
Uno de los elementos que también busca esclarecer la querella es el destino de los $1.300.000 que Herrera llevaba consigo al momento de la detención y que, según su versión, no le habrían sido restituidos.
“Nos afectó como empresa, como persona y como familia”.
Para el empresario, el episodio no terminó con el sobreseimiento judicial.
Herrera asegura que la detención y el proceso posterior tuvieron consecuencias en distintos ámbitos de su vida.
“Nos afectó bastante como empresa, como persona, como familia, como empresario”, afirmó.
El empresario también hizo un llamado a esclarecer las responsabilidades que pudieran existir detrás del procedimiento que originó su detención.
“Yo quiero que esto se haga justicia”, sostuvo.
Sus declaraciones reflejan la dimensión personal que atribuye a un proceso que comenzó con una fiscalización policial y que ahora vuelve a los tribunales, pero desde una perspectiva completamente distinta.
Carabineros opta por no pronunciarse.
Consultada respecto del caso y de las acusaciones formuladas contra los funcionarios, Carabineros señaló que no se refiere a procesos judiciales que se encuentran actualmente en desarrollo.
La ausencia de una versión institucional sobre el fondo de las acusaciones deja ahora la investigación en manos de la Fiscalía y de los tribunales.
El caso presenta, por tanto, dos cuestiones que deberán ser esclarecidas judicialmente: por una parte, las circunstancias en que se produjo la detención y la imputación original contra Herrera; por otra, la veracidad de las acusaciones que ahora formula el empresario contra los funcionarios policiales.
La existencia de una querella y el sobreseimiento del empresario no bastan, por sí solos, para establecer responsabilidad penal de los carabineros denunciados. Será la investigación la que deberá determinar si existieron irregularidades en el procedimiento, si hubo solicitud de dinero y si los delitos señalados en la acción judicial pueden ser acreditados.
Mientras tanto, un procedimiento policial ocurrido en marzo de 2023 vuelve al centro de la atención judicial, esta vez con acusaciones de una gravedad considerable que ponen bajo escrutinio la actuación de los funcionarios que participaron en aquella detención.
&-Fcc
Para cualquier comunicación, entrega de antecedentes de forma privada o denuncia,
a través del teléfono +56 9 9841 47462, WhatsApp +56 9 6419 5500, o al correo contacto@noticiascomunitarias.cl
"Para pensar, comentar y compartir"