El proyecto de Reconstrucción Nacional incorpora una disposición que permite usar obras protegidas sin autorización ni pago, reactivando una discusión que ya fue descartada en 2024 y generando un fuerte rechazo desde la prensa.

El proyecto de Ley para la Reconstrucción Nacional y el Desarrollo Económico y Social, ingresado al Congreso por el presidente José Kast, abrió un nuevo flanco de debate tras incluir una disposición sobre Inteligencia Artificial que replica de forma textual una norma impulsada en 2024 por el gobierno de Gabriel Boric, la cual fue rechazada en su primer trámite constitucional en la Cámara de Diputados.

La controversia se concentra en el artículo 8 de la iniciativa, que incorpora un nuevo artículo 71 T a la Ley 17.336 sobre Propiedad Intelectual. Esta disposición establece una excepción a los derechos de autor para permitir la extracción y análisis automatizado de datos, habilitando la reproducción y distribución de obras protegidas sin autorización ni remuneración a sus titulares.

El texto propuesto señala expresamente: «Artículo 71 T.- Es lícito, sin remunerar ni obtener autorización del titular, todo acto de reproducción, adaptación, distribución o comunicación al público, de una obra lícitamente publicada, cuando dicho acto se realice exclusivamente para la extracción, comparación, clasificación o cualquier otro análisis estadístico de datos de lenguaje, sonido o imagen, o de otros elementos de los que se componen un gran número de obras o un gran volumen de datos, siempre que dicha utilización no constituya una explotación encubierta de la obra o de las obras protegidas».

La redacción es idéntica a la presentada en mayo de 2024 por la administración de Boric, en el marco de un proyecto de ley sobre Inteligencia Artificial impulsado por la entonces ministra de Ciencia, Aisén Etcheverry. En esa oportunidad, la norma fue ampliamente cuestionada por diputados de distintos sectores y por titulares de derechos de autor, lo que derivó en su rechazo en la Cámara Baja.

El resurgimiento de esta disposición en la actual megarreforma no pasó desapercibido. La Asociación Nacional de la Prensa (ANP) manifestó su rechazo al artículo 8 y solicitó formalmente su retiro, advirtiendo sobre sus efectos en el ecosistema informativo y en la protección de contenidos.

En sus fundamentos, la A.N.P. afirmó: «La regulación del derecho de autor -y, en particular, el establecimiento de una excepción que habilita el uso no autorizado de obras protegidas a escala masiva para el entrenamiento de sistemas automatizados- es una decisión de política pública que incide directamente en el periodismo y en la obra periodística protegida por la ley de propiedad intelectual.

Su discusión exige un debate legislativo específico, con participación efectiva de los sectores afectados. Incorporarla en un proyecto misceláneo cuyo objeto declarado es la reconstrucción económica, la reforma tributaria y la racionalización de permisos impide un debate informado sobre sus efectos y subordina una materia de alta complejidad a prioridades legislativas distintas».

La organización también advirtió sobre el impacto práctico de la norma, señalando que «en la práctica, esta redacción habilita que los sistemas de inteligencia artificial, incluidos los de inteligencia artificial generativa desarrollados por grandes empresas tecnológicas globales, utilicen el contenido producido por los medios de comunicación chilenos sin autorización, sin licencia y sin compensación alguna».

Asimismo, la A.N.P. enfatizó el riesgo estructural para la industria informativa, indicando que «la protección del derecho de autor es una condición de posibilidad para el ejercicio libre del periodismo. Si los medios de comunicación permiten que su trabajo termine siendo objeto de lucro sin compensación alguna por poderosas compañías, se erosiona la base económica que sostiene la inversión en periodismo profesional, verificado y de calidad, en momentos en que la desinformación representa una amenaza creciente para la deliberación democrática».

La inclusión de esta norma en un proyecto de carácter amplio -que aborda materias como reconstrucción económica, reforma tributaria y simplificación de permisos- vuelve a instalar una discusión de fondo sobre los límites del desarrollo de la Inteligencia Artificial en Chile, el resguardo de la propiedad intelectual y el equilibrio entre innovación tecnológica y derechos de autor, en medio de la tramitación de una de las iniciativas más relevantes del actual gobierno.

Editor: contacto@noticiascomunitarias.cl
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