La decisión del Ejecutivo se produjo en medio de la presión política por las rebajas de penas concedidas a condenados por delitos sexuales contra menores y por crímenes de lesa humanidad. El diputado por La Araucanía José Montalva advirtió que impulsaría una acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat. La suspensión detiene nuevas tramitaciones, pero no revierte automáticamente las resoluciones ya ejecutadas.
El Gobierno del Presidente José Antonio Kast decidió suspender la tramitación de nuevos decretos de rebaja de condenas, en medio de la controversia generada por los beneficios otorgados a personas condenadas por delitos sexuales contra menores de edad y a internos sentenciados por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura.
La medida, adoptada por el Ministerio de Justicia, encabezado por Fernando Rabat, se produjo tras una creciente presión política, que incluyó cuestionamientos desde la oposición y sectores del oficialismo, además de advertencias sobre una eventual acusación constitucional contra el secretario de Estado.
Uno de los emplazamientos provino del diputado del Partido por la Democracia (PPD) por La Araucanía, José Montalva, quien exigió al Ejecutivo retirar o revisar los decretos cuestionados. De no hacerlo, advirtió que avanzaría en una acusación constitucional contra el ministro.
La controversia adquirió mayor relevancia luego de conocerse que el Ministerio de Justicia concedió rebajas de condena a 56 personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores: 27 por abuso sexual y 29 por violación. A ello se sumaron beneficios otorgados a condenados por crímenes cometidos durante la dictadura, incluidos al menos dos internos vinculados a violaciones de derechos humanos.
El fundamento jurídico y el cambio de criterio.
El núcleo de la discusión está en la interpretación de la legislación que regula la reducción de condenas por comportamiento sobresaliente de personas privadas de libertad.
En febrero de 2022 entró en vigor una modificación legal que excluyó de este beneficio a condenados por determinados delitos sexuales contra menores. Sin embargo, el Ministerio de Justicia, bajo la conducción de Rabat, sostuvo que esa restricción no podía aplicarse a hechos cometidos antes de la entrada en vigor de la reforma.
La cartera fundamentó su interpretación en resoluciones de la Corte Suprema que acogieron recursos de amparo presentados por condenados a quienes se les había denegado el beneficio, invocando el principio pro reo, que exige aplicar la disposición penal más favorable cuando corresponde.
No obstante, el alcance de esa justificación ha sido objeto de cuestionamientos. Una de las interrogantes centrales es si los fallos judiciales citados obligaban a conceder las rebajas en los casos específicos o si el ministerio extendió administrativamente ese criterio a otras solicitudes.
La diferencia es relevante: una cosa es cumplir una resolución judicial dictada para un caso concreto y otra, aplicar una interpretación jurídica general para resolver múltiples solicitudes administrativas.
La decisión de Rabat también marcó una diferencia respecto del criterio utilizado durante el gobierno del expresidente Gabriel Boric, cuando el ministerio rechazaba solicitudes de esta naturaleza y dejaba que los interesados recurrieran a los tribunales para impugnar esas decisiones.
El actual titular de Justicia defendió su interpretación y sostuvo que actuó conforme a la Constitución, la ley y la jurisprudencia. La controversia, por tanto, no se limita a la existencia de una restricción legal, sino que también involucra la forma en que la autoridad administrativa interpreta y aplica esa normativa.
Una suspensión que no revierte lo ya concedido.
El anuncio del Ejecutivo abre una nueva etapa en la controversia, pero no resuelve necesariamente sus principales consecuencias.
La suspensión alcanza a los decretos que permanecían en tramitación. Sin embargo, no significa que las rebajas ya concedidas queden automáticamente anuladas ni que las personas beneficiadas deban regresar a prisión.
De hecho, la eventual revisión o invalidación de resoluciones ya ejecutadas plantea un problema jurídico distinto, que deberá abordarse conforme a las normas aplicables y a la situación particular de cada caso.
La distinción es fundamental para dimensionar el alcance de la decisión presidencial: detener nuevos procedimientos permite contener la continuidad de la medida mientras se estudian cambios legales, pero no elimina los efectos de los decretos anteriores.
El Gobierno ha anunciado que impulsará modificaciones legislativas para abordar las restricciones a estos beneficios y evitar que situaciones similares vuelvan a producirse. La discusión, por consiguiente, se trasladará también al Congreso, donde deberá precisarse el alcance de las exclusiones, los criterios de aplicación temporal y los mecanismos de control correspondientes.
Rabat continúa en el cargo mientras crece la presión política.
En paralelo a la suspensión de los decretos, el Presidente Kast mantuvo a Fernando Rabat al frente del Ministerio de Justicia, pese a las solicitudes de renuncia y las advertencias de una eventual acusación constitucional.
El ministro, por su parte, ha defendido la legalidad de las decisiones y descartado renunciar. La oposición mantiene sus cuestionamientos y ha anunciado que analizará los antecedentes jurídicos y políticos para determinar los pasos que seguirá en el Congreso.
El escenario deja abiertas preguntas sobre la responsabilidad política por los decretos, los mecanismos de supervisión de las decisiones ministeriales y la capacidad del Ejecutivo para corregir sus efectos sin vulnerar el marco jurídico vigente.
También pone sobre la mesa la situación de las víctimas de los delitos sexuales, cuya participación y notificación en este tipo de procedimientos han sido objeto de cuestionamientos. El propio ministro ha reconocido que la normativa vigente no contempla una obligación general de notificarles estas rebajas.
Por ahora, la suspensión de nuevas tramitaciones constituye una respuesta administrativa y política a una controversia que sigue abierta. Su desenlace dependerá tanto de las medidas que adopte el Ejecutivo como de la discusión legislativa y de las vías jurídicas disponibles para examinar los decretos ya dictados.
La pregunta de fondo sigue pendiente: cómo compatibilizar la aplicación de las normas sobre reducción de condenas con las exclusiones establecidas por el legislador, el respeto a las decisiones judiciales y las garantías que deben regir para las víctimas y la sociedad.
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