El Ejecutivo confirmó que el próximo año impulsará un proceso de consulta para introducir modificaciones a la Ley Indígena, particularmente en materias relacionadas con la propiedad y la compra de tierras. Sin embargo, las reuniones de socialización encabezadas por el subsecretario de Servicios Sociales, Alejandro Fernández, generaron cuestionamientos desde organizaciones mapuche, que exigen conocer con quiénes se está dialogando y por qué sus dirigentes no han sido convocados.
El Gobierno confirmó que durante 2027 realizará una consulta indígena orientada a introducir modificaciones a la Ley Indígena, una iniciativa que podría abrir un nuevo capítulo en el debate sobre la política de tierras, la propiedad y la relación entre el Estado y los pueblos originarios.
El anuncio se produce en medio de una serie de reuniones de socialización encabezadas por el subsecretario de Servicios Sociales del Ministerio de Desarrollo Social, Alejandro Fernández, quien ha sostenido encuentros de trabajo en las regiones de Los Lagos, Los Ríos, La Araucanía y Biobío.
Sin embargo, mientras el Ejecutivo plantea que busca construir un proceso amplio y transversal, en La Araucanía surgieron cuestionamientos desde organizaciones mapuche que reclaman falta de información y ausencia de interlocución con sus representantes.
La controversia plantea una interrogante relevante para el desarrollo de esta iniciativa: ¿Cómo pretende el Gobierno construir una consulta indígena amplia si existen dirigentes que aseguran no haber sido convocados siquiera a las reuniones preparatorias?
Gobierno busca modificar la Ley Indígena.
El delegado presidencial de La Araucanía, Francisco Ljubetic, confirmó que el Ejecutivo tiene previsto desarrollar durante 2027 la consulta indígena, proceso que apunta a introducir cambios en la legislación que regula materias relacionadas con los pueblos originarios.
La iniciativa contempla abordar especialmente aspectos vinculados al uso de la propiedad y la adquisición de tierras, materias que históricamente han concentrado parte importante del debate político y territorial en La Araucanía.
Ljubetic sostuvo que el proceso de consulta estuvo suspendido durante un período prolongado y que la intención del Gobierno es retomarlo.
«Ha estado suspendido por mucho tiempo y, la verdad, es nuestro interés que continúe y que persevere en los objetivos que pretende. Estamos escuchando a todos los interesados, a todos los intervinientes, a todos aquellos que pueden darnos alguna opinión, sean o no sean interesados», señaló el delegado presidencial.
Por su parte, el subsecretario Alejandro Fernández explicó que las reuniones sostenidas en distintas regiones buscan incorporar a diversos actores institucionales, políticos y sociales en la preparación del proceso.
«Hemos estado dialogando, obviamente, con el delegado presidencial, que nos ha acompañado, con su equipo de seremis, con los alcaldes, que son fundamentales en los gobiernos locales para el éxito de este proceso, con la multigremial, con la sociedad civil, fundaciones, con rectores de universidades. Lo importante es que sea muy convocante este proceso, que sea un proceso transversal», afirmó.
El planteamiento del Ejecutivo apunta, según sus autoridades, a generar un espacio de participación amplio antes de iniciar formalmente la consulta.
Dirigentes mapuche cuestionan la convocatoria del Gobierno.
Pese a las declaraciones oficiales sobre la amplitud del diálogo, las gestiones del subsecretario Fernández no han estado exentas de cuestionamientos en La Araucanía.
El presidente de la Corporación de Profesionales Mapuche ENAMA, Hugo Alcamán, manifestó su preocupación por la falta de información respecto de las organizaciones y autoridades tradicionales mapuche que habrían participado en las reuniones preparatorias.
El dirigente sostuvo que el Ministerio de Desarrollo Social debe transparentar con quiénes ha sostenido encuentros y qué sectores del mundo mapuche están siendo considerados en esta etapa.
«Nada se sabe sobre reuniones con líderes de organizaciones y comunidades mapuche. Es necesario informar al respecto con qué líderes mapuche se está reuniendo el Gobierno para informar sobre la consulta indígena que quiere realizar», manifestó.
La crítica apunta a un aspecto particularmente sensible: la legitimidad de un proceso de consulta depende también de que sus mecanismos de participación permitan incorporar efectivamente a los pueblos y comunidades involucrados.
Desde ENAMA sostienen que, al menos en La Araucanía, sus dirigentes no fueron convocados a ninguna reunión con el subsecretario durante su visita a la región.
Una consulta que deberá demostrar su amplitud.
El anuncio gubernamental abre un debate que va más allá de la fecha en que se realizará la consulta. Las eventuales modificaciones a la Ley Indígena involucran materias especialmente sensibles, entre ellas la propiedad de las tierras, los mecanismos de adquisición y las condiciones que regulan su utilización.
Por ello, el proceso requerirá información transparente, reglas claras y una participación que no se limite a encuentros con autoridades políticas, municipios, gremios o representantes académicos.
La consulta indígena tiene una naturaleza y exigencias propias, por lo que las reuniones de socialización con distintos actores no deben confundirse con el procedimiento formal de consulta ni sustituir la participación de las instituciones representativas de los pueblos indígenas.
En ese escenario, el Gobierno tendrá que despejar las dudas planteadas por las organizaciones mapuche y explicar cuáles serán los mecanismos de convocatoria, qué actores participarán y cómo se garantizará que las distintas posiciones existentes dentro del mundo indígena puedan ser escuchadas.
La discusión sobre la Ley Indígena promete convertirse en uno de los asuntos políticos más relevantes para La Araucanía durante 2027. Y si el Ejecutivo pretende que sus propuestas tengan legitimidad, el primer desafío será demostrar que su anunciada disposición a escuchar a todos los sectores también se traduce en una convocatoria efectiva y transparente.
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