El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, explicó los alcances de los ajustes anunciados por el Ejecutivo, incluyendo una moratoria para nuevas instituciones y restricciones al sistema.

El Gobierno salió a precisar los alcances de los cambios anunciados al sistema de gratuidad en la educación superior, luego de la primera cadena nacional del presidente José Kast. Fue el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, quien detalló las medidas, enfatizando que el beneficio no será eliminado, aunque sí tendrá modificaciones relevantes en su funcionamiento.

El secretario de Estado fue categórico en descartar el fin del sistema, señalando que «no hay ningún término del derecho a gratuidad tal como fue planteado en su comienzo», en respuesta a las dudas que surgieron tras los anuncios del Ejecutivo.

En esa línea, explicó que las instituciones actualmente adscritas continuarán formando parte del sistema sin cambios. En total, se trata de 38 universidades, siete institutos profesionales y 23 centros de formación técnica que seguirán operando bajo el esquema vigente.

Sin embargo, el ministro confirmó que el Gobierno impulsará una moratoria de cuatro años para el ingreso de nuevas instituciones a la gratuidad, una medida que busca contener el crecimiento del gasto público asociado al beneficio.

Junto con ello, Quiroz ratificó que la gratuidad tendrá un límite en años, precisando que los ajustes apuntan a introducir mayor control y sostenibilidad en el sistema.

El titular de Hacienda justificó estas decisiones apuntando directamente al aumento del costo fiscal del programa. «El gasto en gratuidad alcanza los 2,2 billones de pesos, cuando se estimaba en cerca de 0,9 billones y ha resultado el doble», advirtió, subrayando la necesidad de incorporar criterios de eficiencia en e uso de los recursos públicos.

Además, el ministro también buscó llevar tranquilidad a quienes actualmente cuentan con el beneficio, asegurando que no verán afectada su situación. «Ningún estudiante que hoy tenga gratuidad la va a perder producto de esta ley», afirmó, reforzando que los cambios apuntan principalmente a las condiciones futuras del sistema.

Las definiciones se enmarcan en el «Plan de Reconstrucción Nacional» impulsado por el Ejecutivo, que contempla una serie de medidas orientadas a ordenar las finanzas públicas y redefinir el alcance de políticas sociales clave, entre ellas el financiamiento de la educación superior.

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