Mientras René Saffirio prometía limpiar las instituciones, la Federación Nacional de Trabajadores del Estado (Fenate) acude al Consejo para la Transparencia acusando «silencio administrativo puro» para encubrir despidos ilegales de dirigentes con fuero.
El discurso de probidad con el que la actual administración regional pretendía distanciarse del pasado parece haber colapsado frente a la primera fiscalización interna. La Federación Nacional de Trabajadores del Estado (Fenate) ingresó un durísimo recurso de amparo ante el Consejo para la Transparencia (CPLT) en contra del Gobierno Regional de La Araucanía. La acción legal estalla tras la negativa absoluta del gobernador René Saffirio a transparentar antecedentes clave sobre desvinculaciones, traslados forzosos y cambios de funciones que han afectado directamente a dirigentes amparados por fuero laboral.
La cronología de la evasión institucional es inapelable. Según consta en el Portal de Transparencia, la solicitud formal (Código AB085T0001548) fue ingresada el 6 de julio de 2026. El propio GORE fijó legalmente el vencimiento para el pasado 4 de agosto. Sin embargo, el plazo expiró en el más absoluto vacío: sin entrega de documentos, sin prórrogas fundadas y sin derivaciones. Este «silencio administrativo puro» fue catalogado por el presidente nacional de Fenate, Lenin Arroyo Vega, como la conducta propia de un «patrón de fundo» que se cree dueño de la institucionalidad pública.
Despidos bajo la alfombra y la vulneración del fuero.
Para el gremio, el bloqueo de la información no es un simple descuido burocrático de oficina, sino una maniobra deliberada de encubrimiento. Los datos ocultados por la máxima autoridad regional permitirían verificar si la ola de desvinculaciones y castigos internos ejecutados bajo la actual administración vulneró o no la Ley N° 19.296, que protege la actividad sindical. Al negar el acceso a los decretos, el Gobierno Regional genera un perverso efecto inhibitorio: amordaza la libre actividad gremial dentro del servicio y asfixia los plazos legales para que los trabajadores puedan activar sus correspondientes demandas de tutela laboral ante la justicia.
La denuncia deja en evidencia una doble infracción legal por parte de Saffirio. Por un lado, viola flagrantemente el principio de oportunidad consagrado en la Ley de Transparencia; por el otro, pisotea la obligación autónoma de recibir y proveer información pertinente a los legítimos representantes de los funcionarios de su propia repartición.
El cerco de Fenate: Exigencia de sanciones e investigación interna.
Frente al muro del silencio, la ofensiva de los funcionarios apunta a arrinconar administrativamente al Gobernador. El escrito de amparo —suscrito el 9 de agosto de 2026— exige al CPLT dictaminar de forma perentoria la entrega íntegra de la documentación. Además, se solicita un requerimiento inédito para frenar las respuestas evasivas de manual: si el GORE alega la supuesta «inexistencia» de los papeles, esta deberá ser certificada mediante un acto administrativo fundado que desglose qué unidades, sistemas informáticos y repositorios fueron consultados.
El flanco más peligroso para la autoridad radica en la solicitud para invocar las sanciones del Artículo 46 y activar los procedimientos del Título VI de la Ley de Transparencia. Esto forzará a abrir una investigación interna para determinar qué jefaturas políticas operaron el ocultamiento, las fechas de los trámites y el nivel de intervención directa en la falta.
Mientras el reloj corre hacia el 25 de agosto —fecha límite para la tramitación del recurso—, la paradoja política en Temuco queda expuesta: el mismo gobernador que levantaba banderas de fiscalización contra administraciones previas, hoy prefiere atrincherarse en la opacidad burocrática cuando las preguntas incómodas apuntan hacia su propia gestión de personal.
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